La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso el secreto de sumario en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la cual este domingo declaró Mario Bongarelli, quien dijo ser «conocido» del acusado, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró bajo juramento de verdad creerlo «capaz de cometer el hecho».
El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rivolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida.
Antes de declarar en la Justicia, Bongarelli había dado una nota en televisión donde se presentó como «amigo» de Sabag Montiel.
La magistrada recibió además durante toda la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un «reseteo» y volvió a «estado de fábrica», un hecho de alta gravedad ya que se podría trata de la principal prueba que tiene la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner: el celular que llevaba encima el agresor.
La magistrada tomó declaración desde la mañana del domingo a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip. En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que «se encuentra bajo análisis». En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.
En tanto terminó el peritaje sobre la computadora laptop HP que se secuestró en el domicilio del acusado y se ordenó analizar el material obtenido.
Críticas
La posible pérdida de información de una prueba central generó criticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron «respuestas» a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche. Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza María Eugenia Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
El teléfono había viajado desde los tribunales federales de Comodoro Py hasta la sede de la PSA en el auto de la custodia personal de la magistrada, en el mismo sobre que en el que había llegado horas antes al juzgado y que, por supuesto, ya había sido formalmente abierto.
Durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con la localidad de Ezeiza también viajó en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya «está lista» la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de «negligencia y encubrimiento agravado».
Dalbón explicó los pasos que seguirá a partir de mañana y dijo que «la querella ya está lista para la firma de la Vicepresidenta, que se hará el día lunes».
«Una vez que firme me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y/o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado», continuó.
Para Dalbón, «en caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado», apuntó Dalbón, que aclaró que en su opinión se trataría de «negligencia y encubrimiento agravado».
Funcionarios del Gobierno y legisladores del oficialismo exigieron «respuestas» a la Justicia ante las versiones de que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular.
«Si realmente pasó esto, parece que nos está cargando el Poder Judicial. Una causa que es conmoción mundial y pasan estas cosas», sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, del mismo modo que el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade expresó: «¿Alguna duda de que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina?».
Su compañero de bloque Leopoldo Moreau se expresó en el mismo sentido. «¿Cómo es posible que el celular haya sido entregado por el juzgado a la PSA en un sobre abierto y sin cadena de custodia? Más que preguntarle a los peritos por su actuación habría que preguntarse cómo el aparato salió del juzgado en esas condiciones».
El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo desde Twitter que ese partido reclamó el sábado en la sesión del Congreso que «se llegue a la verdad y las últimas consecuencias» en el caso, aunque alertó que «la pérdida de información del teléfono del agresor de Cristina, que está en poder de las fuerzas de seguridad federales, es una pésima noticia».
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también mostró su repudio: «Lo del celular es inadmisible. Cuando asesinaron al genocida Héctor Febres, su computadora quedó en custodia en la Federal. Apareció borrada y no se pudo recuperar nada a pesar de los intentos que hicimos los querellantes; la enviamos a expertos en Francia y tampoco pudieron», recordó.
