La compra de los pliegos para explorar y analizar la factibilidad de extraer litio en Salinas Grandes vence hoy. Para contar con toda la información necesaria hay que pagar 55 mil dólares. Pero probablemente, el próximo jueves 1 de diciembre las comunidades kollas de Salinas Grandes podrán acceder a toda la información que solicitaron en marzo sobre los proyectos mineros en su territorio. Una jueza ambiental civil dió lugar a su pedido. El gobierno jujeño no entregó información en forma precisa cuando se les solicitó –por una acción de amparo- presentar en detalle proyectos relativos a la explotación de litio en territorio de Salinas. Tampoco informó sobre los impactos de la explotación en los reservorios de agua.
Los comuneros entienden que la suma en dólares solicitada en la licitación con la que el gobierno jujeño busca plantar bandera en Salinas Grandes vulnera los derechos comunitarios. Se trata de derechos ratificados por la Nación Argentina a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT por sus siglas en castellano), relativos a la consulta previa, libre e informada. Las comunidades kollas de Salinas Grandes elaboraron durante la década pasada su propio protocolo de consulta. Lleva el nombre de Kachi-Llupy y jamás fue aplicado durante la gestión de Gerardo Morales.
La empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) publicó la novedad de la licitación el 16 de noviembre en el Boletín Oficial provincial informando la presencia de un actor clave. La exploración y factibilidad es promovida por la empresa Lithos Desarrollos Energéticos SA. Según el Boletín Oficial de la Nación del pasado 17 de agosto, esa sociedad anónima es el resultado de una cambio de tipo societario de Pan American Energy y Pan American Fueguina.
“A nosotros nadie nos consultó qué quieren hacer en Salinas Grandes. Tampoco nos informaron dónde se hará la exploración, ni los riesgos que generará la explotación de litio”, explicó Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos. “Además, jamás hablaron del agua”, afirmó. Se refería a una reunión que ocurrió el 17 de noviembre pasado en El Moreno. El pueblo se encuentra al sureste de Salinas Grandes, en la pequeña cuenca del Nevado de Chañi que contribuye con sus aguas a la gran cuenca sin salida (endorreica) que concentra esa salina de altura.
La convocatoria del 17 de noviembre fue organizada por el comisionado municipal de El Moreno, Gustavo Liquín. Asistieron el presidente de JEMSE, Felipe Albornoz; el diputado provincial por la UCR, José Humberto López, y la secretaria de Gestión de la Gobernación de Jujuy, Analía Ruiz. “Ellos nos mostraron un video y nos explicaron que tienen proyectos para nosotros”, dijo Verónica Chávez a este medio. “Nosotros les respondimos que la normativa del gobierno y de la empresa (por JEMSE) no respeta a las comunidades originarias”.
En otro tramo de la entrevista contó que durante la reunión los representantes del gobierno jujeño nunca les facilitaron información precisa sobre el área que será licitada. “No nos mostraron ni un mapa que indique exactamente dónde se realizará la exploración para sacar litio. Nosotros estamos en contra de la megaminería en nuestro territorio”, sostuvo. “Sabemos que afectará nuestras vidas, porque la explotación de litio consume grandes cantidades de agua”. El precio de venta de los pliegos con la información necesaria para la postulación de proyectos litíferos en Salinas Grandes es muy oneroso para las comunidades. La suma requerida en moneda norteamericana representa en sí misma una barrera para que las comuneros kollas de Salinas Grandes puedan conocer en detalle la localización exacta de la zona de exploración y análisis donde sería factible explotar litio.
Las comunidades kollas se enteraron por medios de comunicación jujeños sobre la extensión del territorio dentro de Salinas Grandes donde se licita la fase de exploración y factibilidad. La información incluso circuló por medios digitales especializados en minería, como Mendoza Post. El 9 de noviembre pasado informó que “entre cateo, minas y áreas de reserva”, las propiedades eran siete y ocupaban un total de 11 mil hectáreas en la provincia norteña. El diario digital minero indicó además que “las propiedades están dentro de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”.
Pachamama yo te cuido
Durante la reunión del 17 de noviembre en El Moreno, los representantes del gobierno jujeño no la tuvieron fácil. Los comuneros que llegaron al encuentro desplegaron grandes carteles en los que expresaban claramente su rechazo al litio y a la megaminería. “Si al agua, Pachamama yo te cuido”, expresaba uno de ellos. La reunión fue publicada en las redes sociales del Parador La Curva en Salinas Grandes. “Estamos en contra de las licitaciones que se están ofertando a inversores. Es una lucha que no termina”, sostuvieron en el post, en referencia a otros episodios con empresas mineras que hace años buscan hacer pie en Salinas Grandes, apoyadas por el gobierno jujeño. “Seguimos firmes en cuidar nuestro lugar. Es donde vivimos, representa nuestras raíces, y queremos dejar un futuro para las generaciones venideras ¿Quién nos garantizara el buen vivir y tener una vida digna?”.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades jujeñas que habitan Salinas Grandes, dijo a Salta/12 que el territorio a licitar se encuentra en la zona de El Moreno, por la proximidad al Nevado de Chañi. “La reunión (del 17 de noviembre) fue bastante difícil”, contó. “Ellos (por los representantes del gobierno) intentaron explicar el proyecto. Pero cuando quisieron desarrollar sus argumentos, las comunidades se opusieron”. Chalabe recordó que el gobierno y las empresas mineras siguen un modelo que ya aplicó en Susques. “Van las empresas a un lugar, se reúnen con las comunidades, explican el proyecto y ofrecen. Nada de eso los convence (por los comuneros en la reunión del 17 de noviembre) porque la empresa (por JEMSE) no planteó nada respecto al agua. En Susques las empresas cambiaron el curso al río Archibarca”, señaló la abogada, en referencia a las consecuencias de la explotación de litio -actualmente en operaciones- en Salar de Olaroz.
La lucha de las comunidades es anterior a las dos gestiones de Gerardo Morales. Se remonta a 2009, cuando el litio ya aparecía como un recurso prometedor para lograr un mundo libre de emisiones de carbono producto del combustible fósil. Al finalizar la reunión de mediados de noviembre, las comunidades elaboraron un documento, el “Manifiesto de Noviembre”. Plantearon que enfrentan poderes relacionados con los grandes negocios, “que desde hace doce años pretenden explotar el litio que hay en nuestro subsuelo”. Argumentaron que el gobierno de Morales utiliza excusas económicas (progreso, desarrollo) “para pasar por alto derechos reconocidos en la Constitución Nacional”. También desconoce “tratados y acuerdos con jerarquía superior a la leyes (nacionales), como el derecho a un ambiente sano, al acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales reconocidos”, incluídos en el Acuerdo de Escazú. “El decreto ambiental minero de (Gerardo) Morales (5772), no prevé la consulta a las comunidades”, agregó la abogada.
“Nosotros planteamos una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo local, en contra de esta licitación nacional e internacional. Sostenemos que las comunidades tienen derechos en su territorio comunitario”. La letrada explicó que un fallo de 2006 (Andrade, Quispe y otros contra el Estado provincial), “compromete al Estado jujeño a entregar las tierras en propiedad comunitaria a las comunidades incluídas en el Programa de Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de Jujuy (PRATPAJ). Todas las comunidades de Salinas Grandes estaban incluídas”. Aseguró luego que actualmente existen derechos territoriales en vilo. Por lo tanto, las comunidades no pueden ejercer sus derechos comunitarios con plenitud. “Un decreto provincial (por el 5772) no puede vulnerar derechos territoriales. Menos con una sentencia en firme como el caso Andrade Quispe”.
En marzo, las comunidades de Salinas Grandes presentaron una acción de amparo en el juzgado ambiental civil de la provincia de Jujuy a cargo de Laura Flores. La jueza ambiental hizo lugar al pedido de información realizado por las comunidades. Solicitaban al gobierno de Jujuy conocer la cantidad de proyectos mineros de explotación de litio sobre Salinas Grandes. “La jueza hizo lugar al amparo y sostiene que la información no fue proporcionada por el gobierno jujeño”, dijo la letrada. “El gobierno jujeño solamente nos envió una planilla de tres hojas donde informa que existen 32 proyectos”. La jueza falló a favor de las comunidades porque la información proporcionada por el Estado jujeño fue insuficiente. “Nosotros nos presentamos bajo el Acuerdo de Escazú solicitando la información ambiental y del agua”, continuó. “Nos citaron el 1 de diciembre. Ese día el gobierno de Morales nos van a contestar la demanda. Allí vamos a saber qué argumentos de defensa opone el Estado provincial”.
Por ahora, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc hicieron circular el documento Manifiesto de Noviembre. Para el próximo jueves 1 de diciembre, día de la audiencia donde el Estado provincial debe responder a la acción de amparo presentada por las comunidades kollas de Salinas Grandes, invitan a solidarizarse con su lucha por la tierra y el agua. Convocan además a rechazar la entrega de 11 mil hectáreas para explotar litio en su territorio.
