El fiscal federal Franco Picardi dio impulso estejueves a la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue si el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su Gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denuncia había sido presentada por el titular de la OA, Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el Gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.
El fiscal le dio impulso a la investigación al presentar ante la jueza María Eugenia Capuchetti una ampliación del requerimiento de instrucción en el marco de un expediente que ya está iniciado y tiene entre los imputados al expresidente Macri, a sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas y a los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.
La denuncia
De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés».
Esto, indicó, «atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de pesos para acceder a dichos títulos y así obtener ganancias con el diferencial de la tasa”.
Se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina “perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos”.
De esa forma, se estableció en la denuncia “que sin acceso a crédito internacional y en virtual default, el proceso diagramado y ejecutado por los imputados lejos de detenerse se aceleró».
Como consecuencia, continúo, se «incrementó en modo tal la demanda de divisas que para sostener el mecanismo diseñado se solicitó un préstamo al FMI, organismo con el cual nuestro país se había desendeudado pocos años atrás´”, según relató el fiscal Picardi en su requerimiento de 49 páginas.
Fue en ese momento que, según la denuncia que incluyó informes del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), “en tiempo récord, el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores”.
En la misma denuncia, el actual titular de la OA había pedido que se investigara a las anteriores autoridades de ese organismo de control –encabezado por la exdiputada Laura Alonso durante el gobierno de Macri- y las de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber investigado las denuncias que les fueron presentadas oportunamente mientras ocurrían los hechos.
El pedido de la Prcuración del Tesoro
Hace 10 días se presentó en este expediente la Procuración del Tesoro de la Nación para solicitar ser tenida por querellante y resaltó que “existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».
El acuerdo con el FMI -aseguraron- «fue celebrado prima facie en violación a normas procedimentales y de asignación de competencias, circunstancia que vicia desde el punto de vista jurídico lo actuado por funcionarios del Gobierno argentino intervinientes en la operación».
La querella fue presentada luego de que así lo dispusiera el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que se publicó el último viernes en el Boletín Oficial y que llevó también la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su par de Economía, Martín Guzmán.
El anuncio de la investigación
En el marco de la Asamblea Legislativa del 1 marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Carlos Zannini.
Allí el Presidente reveló que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
En los días previos a aquel discurso circuló por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros.
La denuncia de Lozano había caído en manos del juez Sebastián Ramos, quien el 5 de febrero del año pasado la remitió a su colega Capuchetti quien ya acumulaba en su juzgado un serie de denuncias presentadas en distintos momentos y sobre las cuales el fiscal Picardi impulsó la investigación el 28 de diciembre pasado, en un dictamen de 63 carillas.
Fuente: Telam.
