El 21 de diciembre pasado venció el plazo para la sanción de una norma que reglamente la protección de los humedales. Se trata de una iniciativa que regula cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de los territorios de humedales, qué actividades productivas pueden realizarse y de qué modos, teniendo en cuenta que son ecosistemas vitales para la reproducción de la vida y que por eso necesitan protección especial. La ley de humedales es una demanda que lleva más de 10 años en Argentina, presentada ya en tres oportunidades con desenlace similar, y ahora solo podría salvarse de volver a foja cero si se la incorpora en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Justamente, por estas horas, el Gobierno evalúa incluir el proyecto entre los temas prioritarios a ser tratados en el Parlamento durante el verano. El tema fue una de las promesas del oficialismo en la última campaña: «Sí a la ley de humedales», decía el slogan.
Un largo camino
La ley de humedales es una lucha de larga data en el parlamento argentino. Iniciativas similares fueron presentadas en 2013 y 2016, en ambos casos lograron su aprobación en el Senado, pero luego quedaron trabadas en la Cámara de Diputados hasta perder estado parlamentario.
En esta tercera oportunidad al momento de perder estado parlamentario, el proyecto se encontraba en la Comisión de Ganadería del Congreso de la Nación, y le quedaba todavía ser tratado en la Comisión de Ganadería, la Comisión de Intereses Marítimos y Portuarios y luego la Comisión de Finanzas.
Después de un inmenso trabajo en el que se logró unificar diez propuestas, en noviembre del año pasado la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados había dado dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Humedales, que por ejemplo penaliza los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. También, crea un Inventario Nacional de Humedales, es decir, un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar.
“Una ley de humedales –explicó a este diario Federico Pellegrino, de la asociación civil Eco House y miembro de la Alianza por el Clima– es importante porque necesitamos un presupuesto mínimo, que se contemple desde la Nación y las provincias cómo cuidar estos ecosistemas que son vitales porque son grandes mitigadores del calentamiento global, purifican el aire, regulan las temperaturas, previenen inundaciones en tanto reguladores hídricos y filtran del suelo muchos elementos contaminantes”.
Gestión racional
Cuando los carpinchos, en palabras de National Geographic, recobraron el territorio que les pertenecía en Nordelta, la sociedad se acordó de ellos. Que quede claro, decía la revista estadounidense al hacer eco de este tema de preocupación nacional en agosto de este año, que quienes invaden los humedales no son los roedores. En la medida en que se iba haciendo evidente que la responsabilidad de la avanzada de esos animales –que a su paso mordían mascotas y saqueaban jardines de diseño– le corresponde al desarrollo urbano irresponsable, lo que empezó como nota de color se convirtió en una oportunidad de debatir el avance de la urbanización sobre los humedales y su regulación.
Para quienes hasta este año no sabían de sus funciones, los humedales dejaron de ser colchones de barro y yuyales para pasar a ser entendidos como ecosistemas valiosos que albergan miles de especies animales y vegetales que no podrían sobrevivir en otro lado y también como grandes esponjas naturales.
El gran freno para esta ley, sostiene Enzo Culasso, abogado ambientalista entrerriano, es el “extractivismo representado por los intereses concentrados del agronegocio, que priorizan el lucro productivo por sobre la sustentabilidad de los ecosistemas y algunas expresiones de la minería”. Otra forma de extractivismo se encarna en el negocio inmobiliario, que en su posicionamiento con respecto a este proyecto de ley deja de manifiesto “la gran contradicción de esas personas que dicen que desean vivir en la naturaleza pero que para poder hacerlo alteran y destruyen significativamente estos paisajes”, agrega Culasso.
Para Federico Pellegrino, lo que hoy amenaza estos ecosistemas son las grandes actividades productivas. El eje del asunto no es el debate, “como algunos quieren hacer creer entre ‘producción sí’ versus ‘producción no’, sino que pasa por cuánto producimos y cómo. A las organizaciones ecologistas nos suelen tildar de estar en contra de que se produzca, pero no es así. Nosotros queremos que se produzca, y que se pueda hacer de acá a 100, es decir, que el negocio sea sostenible, en términos económicos, pero también sociales y ambientales. Si explotamos el humedal y después se inundan las comunidades cercanas, eso no es sostenible. Si exprimimos el humedal y no podemos darle continuidad a los ecosistemas que viven en ellos, nos vamos a quedar sin los servicios ecosistémicos que nos proveen, que son miles y que son los que hacen posible la vida”. Desde Eco House hablan de “utilización racional del humedal”, es decir, una que permita conectar la sostenibilidad con la producción.
Ninguno de los proyectos de ley plantea, aclara Pellegrino, que todos los humedales se conserven intactos, sino que sobre un porcentaje de ellos se pueda producir con una perspectiva a mediano plazo: “La ley no va a decir cómo producir en cada lugar específicamente, sino que establece mecanismos generales, por ejemplo, exige que las actividades productivas a gran escala requieran una evaluación de impacto ambiental. Entonces, si alguien quiere construir un country en la provincia de Buenos Aires sobre o cerca de un humedal no es que va a estar de antemano prohibido, sino que habrá que evaluar hasta qué punto puede perjudicar al humedal y si puede o no generar inundaciones en zonas aledañas”.
La ausencia de controles y regulaciones para no afectar los humedales atenta contra la sustentabilidad de los negocios de muchos de los productores ganaderos o agricultores que se oponen a la ley. ¿Cómo se explica? “Antes, una empresa era un negocio familiar de muchos años y la familia tenía interés en la conservación de la misma y de su territorio. Ya sea un campo o una fábrica. Cuando todo queda en manos de negocios financieros, eso cambia”, detalla Roberto Kokot, doctor en Ciencias Geológicas de la UBA, profesor titular de Geomorfología e investigador principal (retirado) del Conicet. Para Kokot, especialista en geología de costas, “el negocio financiero compra o alquila ese territorio, produce lo máximo posible y quiere la máxima ganancia. Hacen estudios incluso a nivel político (cuánto puede durar un Gobierno que les sea favorable, por ejemplo). Aplican, como la minería, una política extractivista al máximo. Quieren las ganancias en el menor tiempo posible y cómo quede el territorio no les importa. Distinto es si te comprás tu chacrita y te dedicás a eso. Entonces vas a averiguar cuál es el mejor fertilizante porque no querés contaminar el pueblo donde vivís por ejemplo. Pero los capitales financieros tienen otra lógica. No es que no sepan lo que hacen, cuentan con información climática, datos de organismos gubernamentales sobre cómo viene la evolución de la humedad en el suelo, etc., pero el largo plazo no les importa. Por eso es necesaria una legislación adecuada y un compromiso de control para lograr la sustentabilidad”.
Prejuicios y urgencias
Según los datos de la Convención Ramsar –tratado internacional para el cuidado de los humedales–, se calcula que casi un 21 por ciento del territorio nacional está compuesto por humedales. Esta cifra, relata Federico Pellegrino, “genera muchos prejuicios y miedo, pero hay que aclarar: que estén protegidos no quiere decir que no se vaya a poder producir sobre esos suelos. A nadie se le ocurría prohibir producción sobre el 21 por ciento del territorio nacional. Estos miedos son alentados porque todo lo que implica una regulación de determinados ecosistemas que hoy están inmersos en sistemas productivos, genera resistencia de los grandes lobbies en la Argentina”.
En este sentido, para Jorge Daneri, miembro de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y de la Fundación La Hendija de Paraná, la regulación de las actividades productivas en los humedales es urgente pero no es la única cuenta pendiente. “¿Cómo puede ser que el sistema de humedales más grande de agua dulce de la Argentina, que son los ríos Paraná y Paraguay, no tenga su Comité de cuenca? ¿Cómo puede ser que se priorice el río como una hidrovía y no el río en sus integralidades, en su sinergia con una serie de ecosistemas, de áreas naturales protegidas, del mundo de pescadores, de pequeños agricultores, de una diversidad de reinos de vida que no son contemplados de una manera integral?”
Sigue Daneri: “Es urgente empezar a pensar seriamente la relevancia del Delta argentino. Esto implica una modificación en la manera de gestionar la cuenca y particularmente el sistema de humedales de los ríos Paraná y Paraguay. No se los puede seguir gestionando como una vena abierta de América Latina, es decir, solo en función de exportar los mal llamados –porque son bienes– recursos naturales. Deberían ser gestionados de una manera participativa. Si seguimos gestionando nuestros ríos de este modo, vamos hacia una crisis de acceso a un derecho humano”.
