Estados Unidos tiene la llave para que prospere la propuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner para captar dólares no declarados en el exterior, que antes deberá tener el visto bueno del Congreso. De ahí la reunión de la titular del Senado con el representante de la Casa Blanca en este país: el embajador Marc Stanley.
El intercambio de información fiscal Estados Unidos sólo se realiza en casos puntuales, a través de un pedido a la Justicia y no está vigente el intercambio automático que rige, en cambio, con otros 110 países como Uruguay, España, Bahamas, Islas Vírgenes, Suiza o Alemania, entre otros.
Los argentinos tienen u$s 250.000 millones no declarados fuera del sistema, pero no necesariamente están todos en el exterior. Pueden estar en cajas de seguridad en el país o «debajo del colchón».
CUÁNTO BUSCA RECAUDAR EL BLANQUEO
La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio detalló en C5N que se busca recaudar «alrededor de u$s 70.000 millones» con el proyecto para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que cubriría los u$s 44.400 millones del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y los intereses.
Para el FMI, evitar la evasión permite financiar las reformas que necesita Argentina. El staff del FMI marca en su informe sobre el programa EFF que es necesaria «la lucha contra la elusión fiscal y el lavado de dinero, para mejorar la eficacia de las reformas y apoyar los esfuerzos contra, la corrupción».
«En este contexto los intereses de Cristina y los del FMI se alinean porque el FMI quiere cobrar sea como sea», remarcó el tributarista Iván Sasovsky, de Sasovsky y Asociados.
INTERCAMBIO FISCAL CON ESTADOS UNIDOS
«Estados Unidos es el país más duro para el intercambio de información: lo hace caso a caso, bajo denuncias de actividades no declaradas, se pide a la Justicia información, pero no es automático», agregó Fernanda Laiún, socia de LFS Tax.
«Este proyecto busca crear una serie de figuras para detectar los bienes que los argentinos tienen en el exterior y no declaran», señaló la especialista. «Propone un blanqueo en los primeros seis meses: para el que declara en ese plazo, una tasa del 20% de los bienes en el exterior, sin sanciones ni multas. Pero luego de los seis meses, si la AFIP lo detecta y la persona se aviene a pagarlo, paga el 30%. A partir de ahí, si no declara, se paga el 35% y todos los impuestos no pagados».
«El intercambio de información con Estados Unidos tiene requisitos para ser respondido, tiene que haber datos relevantes», remarcó el tributarista César Litvin, del estudio Lisicki Litvin y Asociados. El modelo que sirve es el automático, con el envío anual de datos sobre los ciudadanos que tienen bienes financieros. Pero Litvin remarcó que «no se pudo avanzar porque la Argentina no cumple a criterio de seguridad informática para que se ponga en marcha ese intercambio».
Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, coincidió en que «Estados Unidos intercambia información con muchos países pero se reserva la potestad de hacerlo con aquellos que hacen un mal uso de la información fiscal. Esa información es confidencial. EE.UU. no intercambia datos con países que la usan de forma extorsiva», agregó y anticipó que «no parece viable» que acepte el pedido de Kirchner.
CORAZÓN DELATOR
El proyecto que «entró por Senadores y debería haber entrado por Diputados por tratarse de un tema impositivo», indicó Litvin. En Senado, en tanto, aseguran que «no es un impuesto, es un aporte».
La propuesta «genera incertidumbre» por la figura del colaborador delator, que «puede generar un festival de extorsiones», coincidió el tributarista. Y también remarcó que el proyecto quita el efecto suspensivo y obliga a pagar antes de discutir. «Es un retroceso de las garantías del derecho de defensa ante el tribunal fiscal de la nación», remarcó.
También Laiún le apuntó a la figura de «colaborador», personas humanas a las que se les da confidencialidad y «se les promete un premio de 30% de lo recaudado pero es regulable y puede terminar no cobrando todo». El proyecto, además, «permite levantar el secreto bancario», advirtió.
En ese marco, Sardans consideró que el país tiene «un prontuario de mal uso de datos fiscales» que juega en contra del pedido de asistencia a Estados Unidos y puso como ejemplo que el Banco Central informe quién compró dólares».
