El independentismo catalán acusó directamente este miércoles a los servicios de inteligencia de España del supuesto espionaje a sus teléfonos móviles y amenazó con retirar su apoyo al gobierno socialista de Pedro Sánchez, que se limitó a responder que estos servicios cumplen la ley.
«No hace falta ser Sherlock Holmes para mirar al CNI» (Centro Nacional de Inteligencia), sentenció el presidente regional catalán, Pere Aragonés, en una entrevista en la emisora de radio RAC1, cuando se le preguntó quién estaba detrás del presunto espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos, y su entorno.
«Hemos sospechado durante mucho tiempo que éramos objetivo de los servicios de inteligencia del Estado», añadió Aragonés, tildando de «insuficientes» las explicaciones dadas hasta ahora por Pedro Sánchez.
El lunes estalló el caso, cuando Citizen Lab, un proyecto sobre ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto, publicó un informe identificando a 65 personas de la órbita independentista atacadas o infectadas entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus, entre las que se encontraban los últimos cuatro presidentes regionales catalanes.
Este programa de NSO Group permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos. La empresa israelí afirma que sólo lo vende a Estados, y tras autorización del parlamento israelí.
Según Amnistía Internacional, se ha utilizado «para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a escala masiva en todo el mundo» y podría estar vigilando a hasta 50.000 números de teléfono.
Las miradas del independentismo rápidamente se volvieron hacia el gobierno de Sánchez, que depende del apoyo parlamentario de independentistas catalanes y vascos.
«Si no hay una asunción de responsabilidades, será muy difícil que esta estabilidad parlamentaria pueda continuar», amenazó Aragonés, cuando faltan dos años como máximo para las siguientes elecciones generales en España.
La vocero del gobierno, Isabel Rodríguez, negó el caso martes, diciendo que España «es un país democrático y de derecho, aquí no se espía». Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró miércoles que todas las actuaciones del CNI, que depende de su ministerio, «están sujetas a control judicial y autorización judicial», en declaraciones a la televisión pública TVE.
Robles se escudó en el secreto obligado en materia de inteligencia para no confirmar ni desmentir si el CNI dispone del programa Pegasus, tal y como afirmó este miércoles el diario El País, que cifró en seis millones de euros el coste de la adquisición (6,5 millones de dólares).
Según El País, el CNI adquirió el programa para usarlo en el extranjero, y los independentistas catalanes aseguran haber sido espiados en varios países europeos, en los que iban a presentar demandas judiciales.
«No dejaremos nada por querellar, y habrá querellas, algunas colectivas y otras individuales, en cinco jurisdicciones diferentes», explicó el expresidente catalán Carles Puigdemont en una conferencia de prensa en Bruselas el martes.
Puigdemont se fue de España tras el intento fallido de proclamar la independencia en octubre de 2017, momento culminante de años de enfrentamiento entre los secesionistas y el gobierno central español, entonces presidido por el conservador Mariano Rajoy (Partido Popular).
Las tensiones bajaron considerablemente desde entonces, en particular desde que Sánchez lanzó una negociación con Aragonés en febrero de 2020 e indultó, en junio de 2021, a nueve líderes independentistas presos por los sucesos de 2017.
Es poco probable que este episodio reanime a las bases independentistas, estimó Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y, sin embargo, «la base independentista ya hace tiempo, desde 2019, que está mostrando un cansancio acelerado. Por lo tanto, episodios como este, cada vez provocan menos reacción», añadió Bartomeus.
