Las organizaciones territoriales de izquierda nucleadas en Unidad Piquetera (UP) levantaron la protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social tras recibir la confirmación del pago del programa Potenciar Trabajo que comenzará a depositarse hoy, en acuerdo con las autoridades de la cartera. A través de un comunicado oficial, la ministra Victoria Tolosa Paz confirmó que la Justicia concedió la autorización para pagar el plan en respuesta a un pedido formulado ante juez Ariel Lijo, a cargo de una causa que se sigue sobre presuntas incompatibilidades en el padrón de este programa social. Aunque en el mismo texto se anunció que el Ministerio –tras cruzar información con la base de datos de la AFIP– dio de baja a 20.410 beneficiarios del plan “por estar fuera de los requisitos regulatorios”, mientras se analiza el resto del padrón de quienes los perciben. En tanto, desde los movimientos sociales (de izquierda y cercanos al oficialismo) cuestionan algunos de los parámetros con que el Ministerio habría tomado la determinación y que no representarían irregularidades por parte de los beneficiarios, lo que podría incrementar la tensión con el Gobierno.
«En este papel que nos acaban de dar dice que mañana se cobra el Potenciar Trabajo, sirve luchar», afirmó el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni desde un escenario montado en la Avenida 9 de Julio, tras finalizar la reunión en el ministerio y frente a los manifestantes que reclamaban el pago del plan que debía haber comenzado a formalizarse el lunes de esta misma semana.
Desde allí, Belliboni señaló que se «necesita un salario mínimo que supere la canasta de pobreza como tenemos hoy, en la Argentina es legal pagar un cuarto de la canasta de pobreza». Los manifestantes de UP se concentraron en distintos puntos del centro porteño para luego marchar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde solicitaron una reunión con la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, para pedirle un bono de emergencia y que el pago del programa Potenciar Trabajo «no se desenganche del salario mínimo».
«Vamos a reclamarle un bono de emergencia a modo de compensación por lo perdido con la inflación en el último año, del 100 por ciento del Potenciar Trabajo y exigirle que no se desenganche el programa del salario mínimo. Es la forma en la que el Gobierno, por exigencia del FMI, intenta llevar adelante una reducción de ese programa», señalaron las organizaciones que integran UP a través de un comunicado.
La convocatoria contó con las adhesiones del Polo Obrero, MTR «Votamos luchar»; CUBA; MAR; Bloque Piquetero; MTR 12 de Abril; FOL y Barrios de Pie-Libres del Sur, entre otras. El referente de Libres del Sur Sebastián Martino afirmó que existe «mucha angustia y bronca en nuestras bases» y agregó: «Hoy hicimos una movilización enorme en todas las provincias y acá, frente a Desarrollo Social, para que el Gobierno nos confirme cuándo van a pagar el Potenciar Trabajo, fundamental para poder sostener los emprendimientos productivos, a los 1.4 millones de compañeros».
En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que “la decisión de la Justicia determinó la liquidación del Programa Potenciar Trabajo para los casos que todavía requieren entrecruzamiento de información, de esa forma todas las partes podrán actuar a derecho y no se incurrirá en una irregularidad o arbitrariedad manifiesta”.
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación continúa con el análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades. En virtud de continuar con ese procedimiento y contar con la autorización de la Justicia, se presentó un escrito ante el Juez Ariel Lijo, interviniente en la causa de investigación que se iniciara sobre estas actuaciones, para solicitar que se determine cómo proceder”, agrega el comunicado oficial que incluye una frase textual de la ministra: “Solicité al Juez la autorización para depositar, porque no voy a cometer ningún acto de injusticia, como tampoco voy a cometer ningún delito”, expresó Tolosa Paz, en clara referencia al fiscal federal Guillermo Marijuán que la denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa que investiga el supuesto pago irregular en los planes Potenciar Trabajo.
