Si bien el programa Precios Justos podría implicar una moderación en el IPC para el corto plazo, el piso del 6% mensual será difícil de quebrar en forma permanente, en el marco de una política económica que incrementa los dos principales riesgos para el próximo año: el monetario y el cambiario.
En efecto, aunque se está avanzando en una baja del gasto público en términos reales y el enfriamiento de la economía podría colaborar con una moderación de los precios, la inercia inflacionaria, las restricciones cambiarias, la aceleración del crawling peg, los aumentos de servicios regulados, las paritarias que incrementan expectativas y los fuertes desafíos cambiario y monetario operan en sentido contrario. De este modo, la inflación del 2023 se configura en un escalón superior a la del presente año.
En detalle, la inflación en octubre se ubicó en el 6,3% mensual, descendiendo desde el máximo de julio (7,4%), pero aún por encima del 5,2% promedio de mayo y junio y del 4,3% del primer bimestre del año. En particular, preocupa la dinámica de los precios de los productos de primera necesidad, con los alimentos y bebidas no alcohólicas evolucionando a un ritmo del 6,5% promedio mensual desde julio, y los de cuidado personal a uno del 7,7%.
En este contexto, se encuadra el nuevo programa Precios Justos. Más allá del congelamiento de 1.800 bienes, las empresas que participan deberán acotar la suba de precios de todos sus productos al 4% mensual, ampliando la influencia del programa a 30.000 ítems. Así, si bien podría implicar una moderación en el ritmo de aumentos, para dar una idea de magnitud, la elaboración del IPC conlleva el relevamiento de unos 320.000 precios. Aún más, difícilmente el conjunto de productos básicos se desacelere al 4%, en tanto sólo el 32% del consumo se realiza en supermercados e hipermercados (ENGHO 2017-18), mientras el resto sucede en autoservicios y negocios especializados, donde el programa no llega pero donde se relevan precios para el IPC.
Así, en un caso extremo en que todos los precios de los alimentos (excluyendo carnes, verduras y frutas que no forman parte del programa), bebidas, higiene y limpieza suben al 4% mensual, el programa le restaría 0,5 puntos al IPC, con el mismo ubicándose sólo ligeramente por debajo del 6% mensual. Es decir, si el resto de los rubros no se desaceleran fuertemente, lo cual no luce posible en el actual contexto, el resultado final no será muy distinto del que vimos los últimos meses.
Además, los congelamientos suelen generar una brecha en el ritmo de incremento de los precios entre los productos del programa y otros similares por fuera, lo que hace que los precios pactados no funcionen como referencia, y que al finalizar los precios se acomoden, recuperando el terreno perdido.
Un último punto a monitorear es la capacidad de las autoridades de sostener el acuerdo con el correr de los meses, en tanto la «moneda de cambio» ofrecida a las empresas es el acceso a divisas para importar. En efecto, esto se da en un marco de reservas netas escasas, una sequía que afectará el ingreso de dólares (US$ 3.000 millones menos sólo por trigo), vencimientos con el FMI y privados que alcanzan los US$ 4.000 millones sólo en enero y una deuda por importaciones realizadas pero no pagadas por más de US$ 6.000 millones.
Adicionalmente, el programa incluirá a los combustibles (4% hasta febrero y 3,8% en marzo). Si bien el impacto directo no resulta tan relevante (es menos del 4% del IPC), sí es clave la menor presión sobre toda la cadena logística. No obstante, las petroleras pusieron como condición la desaceleración del ritmo de crawling peg para seguir el acuerdo, razón por lo que habrá que monitorear su cumplimiento.
De esta forma, las autoridades vuelven a apostar por un control de precios, que si bien más abarcativo que los previos, sigue sin atacar la inflación de manera integral. De hecho, las principales variables macroeconómicas apuntan a que difícilmente se quiebre la barrera de los seis puntos mensuales de forma permanente.
En detalle, la inflación muestra una velocidad crucero en un nivel superior, con un registro promedio del 6,3% mensual desde marzo (vs 3,5% promedio mensual en 2021). Así, la inercia inflacionaria será difícil de quebrar, con plazos de contratos que se acortan haciendo que los movimientos de precios se incorporen más rápido a la dinámica inflacionaria. Adicionalmente, las paritarias presionan sobre las expectativas de inflación, con varios gremios cerrando acuerdos por encima del 100%.
Además, los próximos ajustes de servicios regulados ya presentan un piso de un punto mensual para el IPC. En diciembre subirían los colectivos y trenes en el AMBA (0,32 el impacto nacional), los servicios de telecomunicaciones (0,2) y las prepagas (0,15). Asimismo, enero contará con una suba adicional en las prepagas (0,15), telecomunicaciones (0,4) y los últimos incrementos en luz y gas decretados este año (0,4 puntos). Vale señalar que para el 2023, los aumentos de servicios públicos estarían limitados para dos tercios de los usuarios residenciales, de acuerdo a los topes acordados con el FMI que ya rigieron este año. No obstante, para el tercio restante la suba sería del 230% en el promedio del año (suponiendo costos de generación similares a los del 2022), lo que lleva a un alza del 106% en el promedio de los usuarios residenciales.
En este sentido, continuar trabajando sobre el gasto en subsidios resulta desafiante, sobre todo en un año electoral. En efecto, en la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el staff técnico apuntó a una reducción de 0,5% del PIB en subsidios. Sin embargo, los topes máximos de aumentos son un limitante dada la necesidad de implementar subas no sólo para continuar reduciendo los subsidios, sino también para retribuir a los servicios de distribución y transporte, que desde 2019 tuvieron ajustes sólo menores. Por ello, no pueden descartarse de lleno subas superiores.
Por otra parte, si bien ha comenzado a implementarse una baja del gasto público en términos reales (-3,1% i.a. en agosto, -2,3% i.a. en septiembre y -13,2% i.a. en octubre), se requerirá un esfuerzo adicional para cumplir la meta de 2023 (-1,9% del PIB de déficit primario, vs 3,2% en 2022 sin contabilizar los dos dólar soja y los ingresos extraordinarios de rentas de la propiedad). Aún más, incluso asumiendo el cumplimiento del objetivo fiscal, las necesidades financieras resultan muy abultadas, requiriéndose un roll-over de la deuda en pesos del orden del 130%, más que desafiante a la vista de los resultados recientes de las licitaciones (101% en noviembre) y el paredón de las elecciones que dificulta la colocación más allá de septiembre.
En efecto, prevemos una mayor asistencia del Banco Central al Tesoro en 2023, con un acrecentamiento del riesgo cambiario e inflacionario (si el roll-over de 2023 fuera del 100% y lo restante se financiara con transferencias del BCRA, además de lo acordado con el FMI, implicaría una asistencia al Tesoro por $4,2 billones).
A su vez, las autoridades han acelerado el ritmo de depreciación del peso (del orden del 7% mensual), lo que le imprime un piso elevado a la dinámica inflacionaria. Adicionalmente, las mayores restricciones cambiarias generan en parte una valuación de productos importados o con componentes dolarizados a los tipos de cambio financieros. Además, la brecha cambiaria tiene un sesgo al alza, con el dólar Qatar poniendo un piso virtual, y en un marco de más pesos que se volcarán a la economía y frente a reservas netas exiguas.
En suma, con una inflación evolucionando a un ritmo elevado, paritarias que incrementan expectativas, la aceleración del crawling peg, las restricciones a las importaciones, aumentos de servicios regulados y un fuerte desafío cambiario y monetario, será difícil quebrar el piso del 6% mensual de manera permanente. En este contexto, la implementación de Precios Justos resulta de impacto acotado y de corto plazo. Hacia delante, el año terminará con una inflación aproximándose al 100%, superando la barrera de los tres dígitos ya en enero y permaneciendo por encima en 2023.
