DESPUÉS DE LA CAUTELAR DE LA JUSTICIA
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo buscará revertir la decisión judicial que suspendió por seis meses el decreto que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. La medida había sido anunciada como parte de un plan de recorte y reorganización estatal.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno presentará una apelación contra la resolución judicial que suspendió por seis meses la aplicación del decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El funcionario comunicó la decisión a través de su cuenta en X, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato Sevina, que agrupa a trabajadores del organismo. «El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional», adelantó el portavoz.
La semana pasada, Adorni había oficializado desde Casa Rosada junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el cierre definitivo de Vialidad Nacional, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Según explicó en ese momento, esos entes fueron señalados por el Ejecutivo como símbolos de “la corrupción en la obra pública”.
En la misma conferencia, el vocero detalló que las funciones técnicas y administrativas vinculadas a la infraestructura vial pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, mientras que el control sobre las concesiones será responsabilidad de una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
Durante décadas, Vialidad Nacional tuvo a su cargo la construcción, conservación y fiscalización de rutas y caminos en todo el país. Su tarea apuntaba a garantizar la conectividad territorial mediante una red segura y eficiente, fundamental para la circulación de personas, el turismo y la logística del aparato productivo.
Con la entrada en vigencia del decreto ahora frenado por la Justicia, el Gobierno también dispuso la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que fue rebautizada como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte
