{"id":24462,"date":"2022-09-07T12:51:09","date_gmt":"2022-09-07T15:51:09","guid":{"rendered":"https:\/\/lacontracara.com\/?p=24462"},"modified":"2022-09-07T12:51:50","modified_gmt":"2022-09-07T15:51:50","slug":"estamos-ante-un-regimen-penal-tributario-devaluado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/2022\/09\/07\/estamos-ante-un-regimen-penal-tributario-devaluado\/","title":{"rendered":"Estamos ante un r\u00e9gimen penal tributario devaluado"},"content":{"rendered":"\n

Sostiene autorizada doctrina, y confirma la jurisprudencia, que el derecho penal es un derecho de \u00faltima ratio<\/em>, la \u00faltima instancia para resolver un conflicto que, para el ordenamiento jur\u00eddico que regula la vida en nuestra sociedad, es de relevancia. Y no es para menos, por cuanto implica el uso de la violencia por parte del Estado, que se materializa en una pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta al delito de evasi\u00f3n simple<\/strong>, actualmente el R\u00e9gimen Penal Tributario (RPT), de la Ley 27.430 – T\u00edtulo IX, reprime con pena de prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os al obligado que mediante declaraciones enga\u00f1osas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o enga\u00f1o<\/strong>, sea por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n<\/strong>, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de $ 1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Si bien inicialmente se pretend\u00eda con el R\u00e9gimen Penal Tributario la criminalizaci\u00f3n de las grandes evasiones, hoy casi cualquier ajuste de inspecci\u00f3n supera la condici\u00f3n objetiva de punibilidad de $ 1,5 millones, que es menor a US$ 11.000 (considerando la cotizaci\u00f3n oficial). <\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n es m\u00e1s exagerada en lo que respecta al delito de evasi\u00f3n simple de las obligaciones de seguridad social<\/strong>, cuya condici\u00f3n objetiva de punibilidad es de $ 200.000 por mes<\/strong>, lo que equivale a menos de US$ 1.500. <\/p>\n\n\n\n

Advi\u00e9rtase entonces que una persona corre riesgo de afrontar una pena de prisi\u00f3n o, como m\u00ednimo, un proceso penal, por cifras exiguas. Sin dudas, se trata de una situaci\u00f3n disparatada, por cuanto se corre el riesgo de popularizar la persecuci\u00f3n penal tributaria, lo cual disminuye la percepci\u00f3n de riesgo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, merece destacarse que cualquier declaraci\u00f3n jurada inexacta, cualquier falta de pago de una obligaci\u00f3n tributaria o previsional, no implica un delito<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

La evasi\u00f3n requiere que exista una acci\u00f3n deliberada, intencional<\/strong>, por parte del obligado de no cumplir con una obligaci\u00f3n fiscal <\/strong>y que, para concretarla, realice maniobras ardidosas o enga\u00f1osas para ocultar as\u00ed su real situaci\u00f3n tributaria. <\/p>\n\n\n\n

El RPT considera como medios comisivos de la evasi\u00f3n a las declaraciones enga\u00f1osas o las ocultaciones maliciosas, y establece que el delito puede ser por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Insistimos entonces con que no basta con superar la condici\u00f3n objetiva de punibilidad, tampoco debe interpretarse que cualquier declaraci\u00f3n jurada inexacta resulta enga\u00f1osa<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

En una oportunidad, un sujeto declar\u00f3 ciertas ventas como exentas<\/strong> en el IVA, pero la inspecci\u00f3n consider\u00f3 que deb\u00edan someterse al gravamen. Al momento de evaluar la conducta, la propia AFIP sostuvo que no hab\u00eda sido desplegada ning\u00fan tipo de maniobra enga\u00f1osa<\/strong>, habi\u00e9ndose incurrido en un mero error de interpretaci\u00f3n de las normas impositivas aplicables. <\/p>\n\n\n\n

Dictamin\u00f3 el Servicio Jur\u00eddico de la AFIP que el contribuyente no ocult\u00f3 o distorsion\u00f3 fraudulentamente su real situaci\u00f3n frente al Fisco, pues no disimul\u00f3 su operatoria comercial, por lo que no correspond\u00eda formular denuncia penal. Tiempo m\u00e1s tarde el Procurador del Tesoro de la Naci\u00f3n (PTN) confirm\u00f3 dicha tesitura (Dictamen 243:226).<\/p>\n\n\n\n

En otra oportunidad el propio Fisco reconoci\u00f3 que las diferencias ajustadas por la inspecci\u00f3n se trataban de una cuesti\u00f3n controvertida<\/strong>, que no surg\u00edan de manera expl\u00edcita de la norma, sino hab\u00edan sido el producto de una construcci\u00f3n interpretativa del organismo<\/strong>. A su vez, exist\u00eda un fallo del Tribunal Fiscal que respaldaba la interpretaci\u00f3n del contribuyente. <\/p>\n\n\n\n

Se consider\u00f3 que hab\u00eda suficiente margen de opinabilidad, excluyendo la existencia de delito, por lo que no cab\u00eda formular la denuncia penal. Sostuvo el PTN que la alta complejidad y constante mutabilidad de la materia impositiva constituyen excepciones a la proyecci\u00f3n penal cuando se verifican circunstancias de error<\/strong> (Dictamen 247:135).<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pasa con la falta de presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n jurada?<\/strong> Aqu\u00ed tambi\u00e9n debe analizarse si ha habido una maniobra ardidosa o enga\u00f1osa<\/strong>. En otras palabras, la mera omisi\u00f3n no es delito<\/strong>. La C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal ha resuelto que debe haber un plus para que la omisi\u00f3n exponga la voluntad manifiesta de obstaculizar la actividad de determinaci\u00f3n fiscal del Fisco, ocultar la obligaci\u00f3n tributaria en particular y la situaci\u00f3n impositiva del actor. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLa sola falta de presentaci\u00f3n o la presentaci\u00f3n tard\u00eda de la declaraci\u00f3n jurada del impuesto correspondiente no encuadran en la figura de evasi\u00f3n tributaria, como se encuentra tipificada en nuestra legislaci\u00f3n, cuando no existen otros elementos que permitan dar cuenta de que esa inexactitud sea maliciosa\u201d<\/em> (Vaickers SA, CFCP, Sala I, del 31\/03\/2017). <\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 sucede si estamos en presencia de una situaci\u00f3n que <\/strong>a priori<\/strong><\/em> luce inconstitucional para el contribuyente?<\/strong> Recurrir a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de una pretensi\u00f3n es un derecho de cualquier ciudadano y, vale aclarar, los contribuyentes u obligados tributarios no dejan de ser ciudadanos. <\/p>\n\n\n\n

Presentar una declaraci\u00f3n jurada exteriorizando una obligaci\u00f3n fiscal que se entiende improcedente y sobre la que se ha planteado una acci\u00f3n de inconstitucionalidad o declarativa implicar\u00eda consentir la existencia de la misma, al menos desde un plano formal. Sin embargo, si el contribuyente ha utilizado los medios que el C\u00f3digo Procesal disponen para el planteo de una contienda contra el propio Estado por la obligaci\u00f3n que pretende, no se advierte la existencia de un ardid o enga\u00f1o. La actuaci\u00f3n es contraria al ocultamiento y al enga\u00f1o: se ha planteado abierta y frontalmente la controversia contra la parte con pretensi\u00f3n acreedora ante la autoridad competente, en base al proceso legalmente dispuesto<\/strong> y a la AFIP-DGI se le notificar\u00e1 y correr\u00e1 traslado en la oportunidad procesalmente prevista. <\/p>\n\n\n\n

Lo resuelto recientemente por la Justicia Federal de Corrientes en el caso \u201cIntra\u201d respecto de la inconstitucionalidad del Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) ilustra lo expuesto.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, no puede dejar de mencionarse que el propio RPT, en su art. 19, establece que el organismo recaudador no formular\u00e1 denuncia penal cuando surgiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible, lo cual ocurre si no existe ardid o enga\u00f1o. Tampoco corresponder\u00e1 la denuncia si el comportamiento del contribuyente o responsable permite entender que las diferencias reclamadas obedecen a cuestiones de interpretaci\u00f3n normativa o aspectos t\u00e9cnico-contables de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

La determinaci\u00f3n de formular o no formular la denuncia penal<\/strong> deber\u00e1 ser adoptada mediante decisi\u00f3n fundada con dictamen del servicio jur\u00eddico<\/strong>. En otras palabras, la ley dispone que no debe haber denuncia autom\u00e1tica<\/strong> siempre que se supera la condici\u00f3n objetiva de punibilidad.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de formular una denuncia debe ser asumida con responsabilidad, no \u201cpor las dudas\u201d. Lo que no sea un delito penal tributario, pero implique una transgresi\u00f3n a la normativa impositiva, no quedar\u00e1 impune pues tendr\u00e1 el castigo que la Ley de Procedimiento Fiscal disponga, seg\u00fan haya habido una conducta dolosa o culposa.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia autom\u00e1tica, no s\u00f3lo entorpece la labor judicial, sino que adem\u00e1s degrada a\u00fan m\u00e1s el R\u00e9gimen Penal Tributario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, corresponde un llamado al Poder Legislativo a tomar cartas en el asunto. Tambi\u00e9n debe recordarse que la Unidad de Valor Tributario (UVT) que la Ley 27.430 legisl\u00f3 en forma program\u00e1tica solucionar\u00eda en parte la situaci\u00f3n actual, si en alg\u00fan momento hubiera decisi\u00f3n pol\u00edtica de implementarla. <\/p>\n\n\n\n

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