Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, y en ese marco Salta/12 dialogó con el docente universitario Guillermo Baudino, quien sostuvo que para comprender la problemática del acceso del agua potable en Salta es preciso reconocer las características geográficas, estacionales y de gobernanza existentes la provincia. En ese sentido, consideró que se debe rediscutir la gestión del agua en todo el territorio.
Baudino explicó que la provincia presenta características particulares que hacen que en algunas regiones, y en determinadas épocas del año, haya abundancia o ausencia de agua. Para ello, afirmó que se deben reconocer tres regiones desde lo hídrico: el Chaco salteño, los valles intermontanos y la Puna salteña. «La provincia tiene una enorme extensión de estas tres regiones que son muy diferentes unas con otras», indicó.
A modo de ejemplo, dijo que mientras el Chaco salteño presenta una altura estimada de 600 metros sobre el nivel del mar, tanto los valles como la Puna, están a 6 mil metros. En el caso de la Puna, presenta además una característica casi única en el mundo, pues está rodeada de la cordillera de Los Andes. Baudino señaló que esta diferenciación geográfica «es acompañada por las lluvias».
Mientras que en el Chaco salteño, en el límite con las provincias del Chaco y Formosa, se contabilizan 500 milímetros por año porque se dan escasas lluvias; en el borde de Tartagal, más cerca de Bolivia, se dan casi 900 milímetros por año. En el caso de la Puna, las lluvias son «escasísimas», lo que demuestra «una variabilidad climática enorme», indicó Baudino.
En ese sentido, sugirió que se debe hablar con más precisión de cada de una de las regiones, sabiendo que la situación también varía. A esa complejidad espacial, Baudino sumó la complejidad temporal, dado que la provincia suele tener 4 meses intensos de lluvias, para después tener 8 meses de sequía natural, variaciones que responden a su ubicación en el continente. «La sequía es pareja en toda la provincia, y sabemos que entre abril y noviembre no cae prácticamente nada de agua», sostuvo.
A esos dos parámetros, sumó la cuestión institucional, que también consideró como «extremadamente compleja». Para ello, partió de la privatización del servicio durante el romerismo, que dio paso a la concesión con una empresa privada. Antes de los procesos de reforma, el servicio de agua en la provincia estaba a cargo de la Administración General de Aguas de Salta (AGAS), que contaba con autonomía administrativa y prestaba servicios de agua potable y alcantarillado en 43 localidades, según relata una investigación de Gustavo Saltiel.
A diferencia de AGAS, la empresa privada prestaba sus servicios únicamente a los grandes núcleos urbanos, algo que aún se sostiene hasta hoy, pues sólo brinda asistencia al 62% de la población salteña. El resto de la provincia quedó a cargo de las gestiones municipales. Si bien el docente universitario reconoció que algunas intendencias fueron dotándose de equipamiento y personal idóneo para resolver inconvenientes del servicio, «la complejidad de los problemas -sean geográficos, estacionales o gestión institucional- hacen que no todos los municipios estén en condiciones de hacerse cargo».
Además, Baudino subrayó que «si bien la empresa Aguas de Salta fue estatizada (en 2009), durante la privatización sufrió un proceso de descapitalización fuerte». En dicha acción se pueden vislumbrar que, por un lado, se vendió todo el equipamiento -como bombas y electrobombas- de la empresa; y por el otro, no se dio una política de renovación de cañerías. Esta última situación es la que se reclama constantemente en la actualidad en casi todo el territorio, destacándose los principales centros urbanos, como Capital, Rosario de la Frontera, Orán y Metán.
Ante eso, el docente consideró que es preciso contar «con una enorme inversión de capital» para recuperar la pérdida producida en los años 90. Por ejemplo, durante la privatización se perdieron 5 máquinas perforadoras junto a sus 40 operarios, equipamiento que no se pudo recuperar en la actualidad.
Para Baudino, otro factor que incide negativamente en la gestión del servicio de agua potable es la multiplicidad de actores. Por un lado, la Secretaría de Recursos Hídricos, que es la autoridad de aplicación de la Ley N° 7071 del Código de Aguas de la Provincia de Salta. Por el otro, están los 50 consorcios de agua en todo el territorio, el Ministerio de Infraestructura, las municipalidades, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia (Enresp), y la empresa Cosaysa.
«No es fácil gestionar un recurso con una diversidad territorial y climática, más una diversidad de actores que tienen sus propios intereses», señaló. En ese sentido, consideró que se debe rediscutir la gobernanza del agua en la provincia, y que para ello se debe fortalecer con mayor presupuesto al organismo de aplicación, la Secretaría de Recursos Hídricos.
También reiteró que es difícil la gestión cuando el problema de descapitalización no se revirtió.
Una situación catastrófica
Desde la Red de Luchas Socioambientales Salta se convocó a diversas manifestaciones por la fecha. De esta manera, pueblos originarios junto a organizaciones ambientales y sociales de Salta se manifestarán bajo el lema «Agua para los pueblos». Las intervenciones se realizarán desde las 10 en las plazas centrales de los municipios de Capital, Hipólito Yrigoyen, Anta, General Güemes, Tartagal, General Mosconi, entre otras.
Su vocera, la abogada Mara Puntano, afirmó que la provincia viene sufriendo una situación catastrófica en la distribución del servicio. La problemática «no es sólo en Capital, sino en todo el interior de la provincia, principalmente en las comunidades indígenas», dijo.
Puntano dijo que esta desigualdad termina provocando la deshidratación en niños y niñas originarios, con enfermedades y muertes, mayormente en el Pueblo Wichí. Por tal razón, desde la Red reafirmaron un reclamo para que el acceso del agua sea justo para todos los pueblos presentes en territorio argentino.
Con ello, exigieron que no se priorice una política estatal que beneficie a grandes empresas, como las sojeras en el sur de la provincia, sino que «se respete un igual acceso y que sea considerado como un derecho humano esencial», sostuvo Puntano.
Los reclamos por la deficiencia del servicio en toda la provincia llevaron a que desde el Enresp se comience a coordinar una Mesa del Agua. Desde fines de diciembre comenzaron a reunirse intendentes, legisladores provinciales y representantes de los Ministerios de Economía e Infraestructura.
Además, en medio de la crisis hídrica que azotó a Salta en las primeras semanas de enero, el gobierno salteño anunció un plan de inversión para realizar obras de infraestructura en toda la provincia con el objetivo de optimizar el servicio de provisión de agua potable. De esta manera, para este año se proyectan 135 obras, con una inversión de $4.448 millones.
Asimismo, el sistema de distribución del agua en la provincia se da en un 70% a través de las perforaciones que vienen de las napas subterráneas. Recién ahora se sumará la vía del dique Campo Alegre, ubicado en el departamento de La Caldera. Aún así, Baudino dijo que la dependencia de las perforaciones es muy grande, y que la situación se torna más compleja cuando depende de licitaciones para la realización de estas obras.
Las perforaciones se hacen en mayor medida por la irregularidad climática de la provincia, aunque no se descartan los embalses, como el caso del Campo Alegre. «Desde el punto de vista ambiental, la construcción de un dique lleva al menos 20 años, y si se quieren empezar, hay que hacerlo ahora», advirtió el docente.
«Las soluciones son muy complejas y llevan mucho tiempo», afirmó sin dejar de lado que para emprender esas acciones es preciso también «una inversión grande en estudios», que son caros y prolongados. Por esto entendió que en lo inmediato la única solución que es el aprovechamiento de las aguas subterráneas, como sucede en zonas como Rosario de Lerma, General Güemes, Las Lajitas. Esta posibilidad, se torna compleja en el Chaco salteño, donde no hay tantas zonas acuíferas.
