La espiral de crisis institucional en Perú parece no detenerse. En menos de 24 horas, la política peruana dio muestras de que las tensiones entre los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- está lejos de resolverse con dos hechos: por un lado el segundo intento del Congreso(opositor de derecha) de destituir al presidente izquierdista, Pedro Castillo, el cual fracasó. Por el otro, el dictamen del Tribunal Constitucional (señalado por sus vínculos con el fujimorismo) que ordena la liberación inmediata del exmandatario Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad.
La propuesta de expulsar a Castillo bajo el argumento de «incapacidad moral», a ocho meses de iniciado un mandato de cinco años, fue apoyada por 55 votos, lejos de los 87 necesarios, en una nueva derrota de la oposición tras un primer ensayo en diciembre.
Tras un debate de poco más de cinco horas, unos 54 legisladores rechazaron la destitución y 19 se abstuvieron de votar en el juicio político contra el presidente de Perú, un profesor rural e hijo de campesinos pobres que asumió funciones en julio del año pasado tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori.
«Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia», dijo Pedro Castillo por Twitter tras la votación. «Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país», agregó el presidente.
Se esperaba este resultado, que da un nuevo respiro al mandatario, cuya popularidad ha caído en medio de una incertidumbre política por denuncias de corrupción en su entorno y conflictos sociales que han afectado al sector minero de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre.
Más temprano, Castillo acudió al fragmentado Congreso y rechazó los argumentos de la oposición para su destitución; y afirmó que las acusaciones en su contra se basaron en reportes de medios de prensa sin ninguna «corroboración».
El juicio político contra Pedro Castillo, quien llegó al poder con el partido marxista Perú Libre, había sido aprobado a mediados de marzo con 76 votos en el Congreso unicameral.
Durante el debate en el Congreso, la polarización que vivió Perú durante los comicios del año pasado se escenificaron con manifestaciones a favor y en contra de la destitución. La policía debió colocar vallas para evitar incidentes entre las dos facciones que, durante el recuento de votos del balotaje en 2021, protagonizaron serios enfrentamientos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había expresado la semana pasada su preocupación por el uso «reiterado» de la figura de juicio político contra la presidencia de Perú, que ha sido usada seis veces desde el 2017 contribuyendo a los problemas de gobernabilidad, recordó la agencia Reuters.
Perú ha tenido desde el 2016 cinco presidentes, incluyendo a Castillo. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de una votación que tenía perdida por su participación en la trama corrupta de Odebrecht, mientras que Martín Vizcarra fue destituido en el 2020 en una sesión en el parlamento.
Fue precisamente durante el primer intento de destitución que tuvo Kuczynski que el expresidente Alberto Fujimori recibió el indulto humanitario por la condena que cumple por crímenes de lesa humanidad, a fines de 2017. En ese momento, el perdón otorgado al líder derechista fue visto como el precio que el entonces presidente pagó para frenar su juicio político en un Congreso dominado por el fujimorismo.
El mismo día que Pedro Castillo resultó ileso del segundo intento por alejarlo del poder, el Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial del país, ordenó la liberación inmediata de Fujimori, quien regresó a prisión en 2018 por decisión de la Corte Suprema, tras una advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había pedido que fuera revisada su liberación.
La resolución, aprobada por mayoría, restituye el indulto humanitario al dar lugar a un hábeas corpus presentado en 2020 por Gregorio Parco, un abogado que no conforma el grupo de defensa legal del expresidente, pero que es afiliado al partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.
El lunes, más temprano, la fiscalía peruana allanó viviendas de exfuncionarios y familiares del presidente Pedro Castillo, investigados por presunta corrupción en el entorno del gobierno.
Los medios de comunicación, señalados por Castillo como los responsables de difundir noticias falsa que el Congreso usó de argumento en su juicio político, mostraron imágenes de policías ingresando a inmuebles de los investigados, en Lima. Según una fuente judicial, la orden judicial incluía la detención del exsecretario del Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y de dos sobrinos del mandatario.
El apoyo a Pedro Castillo ha caído rápidamente por los escándalos y su impericia en el gobierno (lleva cuatro gabinetes de ministros). Las firmas IEP y CPI dijeron que un 51% y un 53,6%, respectivamente, están de acuerdo con la destitución del presidente.
Pero es aún peor la imagen que los peruanos tienen de su Congreso: más de un 76% rechaza la labor de ese poder.
