Finalmente, y a pesar de la catarata de críticas que recibieron desde organizaciones sociales, empleados de la Auditoría General, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y todo el arco opositor en la Legislatura salteña, el oficialismo en el Senado aprobó el proyecto que había elevado la comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y que proponía a la abogada Elsa del Valle Pereyra Maidana y al abogado Marcos Segura Alzogaray como miembros de la Auditoría General de la Provincia.
Para llegar a la votación, que resultó con 18 votos a favor y cuatro en contra, se realizó el día anterior una audiencia pública en el recinto de la Legislatura, y ayer por la mañana, debido a que no hubo acuerdo en la comisión de Justicia, se dieron dos dictámenes, uno por la mayoría, que elevaba directamente la propuesta de la comisión de Diputados, y uno por la minoría, que solicitaba se vuelva a realizar todo el proceso de designación para que se respete el cupo de la oposición y que continuen los mandatos de la Constitución reformada en diciembre pasado.
Llamó la atención que uno de los que votó en contra, sumándose al pedido de los tres integrantes del Frente de Todos, Javier Mónico, Walter Wayar y Manuel Pailler, fue el senador por Güemes, Carlos Rosso.
Rosso aclaró que no se oponía a los nombres, pero que le parecía una contradicción que habiendo pregonado e insistido con una reforma de la Constitución bajo el argumento de que venía a regular y acortar los mandatos del poder, se permita en la primera designación, que un auditor actual como Segura Alzogaray sea reelecto. Afirmó que esa decisión no se condice con el mandato que les había otorgado el gobernador Gustavo Sáenz a la hora de enviar el proyecto de reforma, por lo que sienta un muy mal precedente a futuro.
Desde la mayoría que aprobó a las dos personas propuestas, solo sostuvieron que estaba probada su idoneidad en la materia, y que las postulaciones fueron elevadas antes de la sanción de la nueva Constitución. Así como siguieron negando que sean representantes designados por el oficialismo, ya que consignaron que fueron a propuesta del bloque conformado por Salta Independiente y el Partido Renovador en el caso de Pereyra Maidana, y por Más Salta para la renovación de Segura Alzogaray.
Sin embargo, el PRS es un aliado y conforma las listas del gobierno provincial, mientras que los integrantes del bloque Más Salta, son diputados que rompieron con el Frente de Todos en las últimas elecciones y que renovaron sus bancas a través de la conjunción del Partido Justicialista y Gana Salta, como la representanta por San Martín, Gladys Paredes, o la de Anta, Alejandra Navarro.
Las críticas
Desde que se conocieron los nombres de los dos postulados comenzaron a llover las críticas. Una de ellas tenía que ver con la oportunidad, ya que la comisión de Diputados, que es la encargada de elevar al Senado las propuestas para que sean votados solo por los integrantes de esa Cámara, lo hizo apenas una semana antes de que se aprueben las reformas de la Constitución.
En el caso de la Auditoría General, recortó los mandatos a solo uno, sin posibilidad de renovar, aunque extendió el período de 5 a 8 años. “Se ve que estaban apurados antes que entre en vigencia la nueva Carta Magna”, esgrimió Walter Wayar al defender el dictamen en minoría y rechazar el que finalmente fue aprobado.
El senador por Cachi subrayó que con esa decisión se echa por tierra todo lo pregonado por el gobernador y sus seguidores a la hora de insistir con la reforma, ya que le permitirían a Marcos Segura Alzogaray ser reelegido por tercera vez y mantenerse al frente del organismo de control provincial “por 18 años consecutivos”.
Otro argumento en contra fue el que destacó el presidente de la bancada del FdT, Javier Mónico, en cuanto a que al momento de elegir a las personas postuladas la comisión de Diputados estaba íntegramente conformada por oficialistas, cuando por mandato constitucional (artículo 169) debe estar compuesta por mayoría opositora, es decir, cuatro legisladores por los frentes y partidos que no pertenecen al sector gobernante, al que se supone que debe controlar en sus quehaceres la Auditoría.
Ese fundamento fue apoyado por otros miembros de la oposición durante la audiencia pública, como la diputada Cristina Fiore y su par Roque Cornejo, de Juntos por el Cambio+. Y también por el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS).
Durante la sesión, Mónico sostuvo indignado que fue “un manoseo” la elevación de la conformación de la Auditoría dos semanas antes del inicio del tratamiento de la reforma, y, como Wayar, acotó que se apresuraron “para mantener privilegios”. “El órgano que tiene como excelencia la función el control, no pueden estar en manos de quien va a ser controlado”, concluyó.
Mientras que desde el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y algunos empleados de la misma Auditoría pidieron la caducidad del proceso de designación porque no se tuvo en cuenta el aspecto de idoneidad de los candidatos, y que ya había demasiados abogados.
Con estas dos últimas designaciones se completó el directorio de la Auditoría. En 2021 se renovaron los otros tres puestos, en todos los casos las propuestas llegaron desde el oficialismo, independientemente de que los nombres, como alega el sector de la mayoría que los designó, respondan o no a las filas del mandatario provincial. Los otros son, Gustavo Ferraris, actual presidente de la Auditoría, y Omar Esper, ambos renovaron sus cargos. A los que se sumó a mitad de año Javier Cancinos.
