En el escrito se indica que esta declaración “comprende los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas”.
Asimismo, se prevé la creación de una “Comisión de emergencia en materia penitenciaria” que deberá estar integrada por un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial; un representante de la Subsecretaría de Políticas Penales, invitando a participar a un representante del Ministerio de Infraestructura, un representante del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, un representante de la Corte de Justicia de la Provincia, un representante de la Defensoría General del Ministerio Público y un representante de la Procuración General Del Ministerio Publico. La Comisión será presidida por el Representante del Ministerio de Seguridad y Justicia
Esta comisión deberá constituirse dentro de los próximos diez días de publicada la resolución y deberá reunirse mensualmente, conforme al reglamento de funcionamiento interno que se determine en el seno de la comisión.
En este marco se analizará la situación actual y la coordinación entre los diferentes órganos del Estado intervinientes en la materia penitenciaria. A tal efecto deberá: a) proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario; b) proponer mejoras en las condiciones de privación de la libertad; c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables.
