Los dos “motores” de crecimiento de gasto público del actual Gobierno son los subsidios energéticos y los asistenciales. Para tener una idea del empuje de estos dos ítems, resulta ilustrativo ver cuánto representaban en el 2019 y cuánto representan en los 7 primeros meses de 2022.
En el 2019, el principal gasto primario del Estado Nacional eran las jubilaciones, con 46% del gasto primario. Le seguían los salarios públicos con 12% del gasto primario. Los subsidios a la energía y asistenciales representaban 5% del gasto primario cada uno.
En lo que va del 2022, los subsidios a la energía y los asistenciales representan 10% del gasto primario cada uno. Es decir que, en subsidios a la energía y planes asistenciales, se gasta casi tanto como en sueldos de los empleados públicos. El gasto en jubilaciones es el que más perdió porque pasó a representar el 38% del gasto primario.
Obsérvese que la suma de subsidios energéticos y asistenciales ya representa el 20% del gasto primario. O sea, $1 de cada $5 se va en estos subsidios, cuando hace un par de años, a comienzos de la gestión, representaban la mitad. Definitivamente que si el nuevo Ministro de Economía quiere controlar el gasto público de manera rápida para contener las expectativas inflacionarias debe abordar estos dos temas.
Esta semana se publicaron los números fiscales correspondientes a julio. Aquí no hubo influencia del nuevo ministro de Economía porque él asumió en agosto. Así que estos números mostrarían los esfuerzos que hizo la exministra por contener la situación.
Se observa que los subsidios energéticos venían creciendo a junio de 2022 a una tasa del 100% anual y los subsidios asistenciales a 130% anual. En julio, la tasa de crecimiento interanual de los subsidios a la energía fue de 78% (sacó claramente el pie del acelerador) y el de los subsidios asistenciales fue de 37% interanual (apagó el motor, directamente).
La pregunta es: ¿se pueden mantener estos dos motores de gasto desacelerados?
Aquí es cuando vino la premura por anunciar la segmentación de las tarifas a la energía, con el resultado observado. Fue muy confuso el cómo se va a implementar una idea que, en principio, parecía simple: no hay subsidios para los que no se inscribieron en el registro y se subsidia sólo hasta un consumo de 400 kW a los que se inscribieron. Habrá que ver cómo sigue, pero este motor es posible que se vuelva a acelerar sólo (aunque no pisen el acelerador).
Por el lado de los planes asistenciales, el anuncio de que se lanzará un programa para convertir los planes en empleo formal (“Puente al Empleo”) no fue confuso. Porque nunca se hizo.
Pero si se hace, hay que ir adelantando que va a ser un rotundo fracaso.
El motivo de tan negativa premonición está a la vista. En el Gobierno de Mauricio Macri esto ya se intentó (con el Plan Empalme del 2017) y el actual Gobierno lo volvió a intentar en el 2021. En ambos casos, el fracaso fue rotundo.
La razón es que las muy viejas y vetustas instituciones laborales que hay en Argentina imponen costos laborales muy altos a la relación de trabajo asalariada y mucha incertidumbre por la inseguridad jurídica en la desvinculación laboral.
Los altos costos laborales están vinculados a los niveles irreales de los salarios de convenio para un micro-emprendimiento y una pyme, a las rigideces de los convenios colectivos sectoriales -la mayoría de los cuales fueron firmados en las décadas del ’70 y ’80- y a las altas cargas sociales para la seguridad social y para los sindicatos. La inseguridad jurídica en la desvinculación laboral se produce por las multiplicaciones a la indemnización por despido que aplican la legislación y la justicia laboral.
Con estas reglas laborales, aspirar a transformar los planes en empleo formal es asimilable a un perro que se persigue la cola. Se castiga a los empleadores con altos impuestos al trabajo e inseguridad jurídica. Como esto desalienta el empleo formal, aumenta la pobreza. La pobreza justifica los planes asistenciales. Pero como los planes asistenciales no resuelven la pobreza, se propone que el plan sea un subsidio a los empleadores castigados por las horribles instituciones laborales. Lo correcto sería ir a las causas del problema, que son: los altos costos laborales y la inseguridad jurídica del empleo asalariado.
Desde el 2012 hasta aquí (2022), la población en edad de trabajar creció en unos 3 millones.
- El 25% de esta gente entró al empleo público, 32% quedó en el desempleo y la inactividad laboral y el 43% restante está auto-empleado, o sea, trabaja por su cuenta.
El empleo asalariado no creció nada. Ni siquiera el empleo asalariado “en negro” creció. Posiblemente por lo riesgoso que se volvió dar empleo asalariado, no sólo “en negro”, sino también hasta “en blanco”.
Por eso, el “motor” del gasto asistencial lo más probable es que vuelva a arrancar.
