«El proyecto representa una multitud de voluntades que exige terminar con el trato abusivo y la explotación con fines comerciales de las especies marinas silvestres», declaró al diario Página 12 la senadora salteña que recordó que la iniciativa responde a la campaña «Stop Acuarios» que las organizaciones integrantes de DAM lanzaron en 2015 a través de la plataforma Change.org.
La campaña pide la liberación de Kshamenk: la orca macho de 35 años que se encuentra en cautiverio en el oceanario más grande del país (Mundo Marino) ubicado en la ciudad de San Clemente del Tuyú. Hasta el momento, esa campaña reúne más de 614.000 firmas. Según explicaron ayer, Kshamenk fue sustraída en 1992 de su hábitat natural cuando tenía aproximadamente 5 años. Hoy tiene una longitud de 6,5 metros, una circunferencia de 3,95 metros, un peso cercano a los 3.600 kilogramos y es obligado a moverse en pequeñas piletas: una de 35 metros de diámetro y una profundidad de 6,5 metros y otra de 12 metros de diámetro y 3 metros de profundidad.
«Debemos erradicar la explotación que los oceanarios y los acuarios vienen haciendo con los animales marinos desde hace décadas. ¿Cómo se puede enseñar a niñas, niños y adolescentes que el sufrimiento de otras especies es un espectáculo? Apuntamos a que estas prácticas abusivas y crueles dejen de ser consideradas ‘educativas’», sostuvo Nora Giménez. La presentación del proyecto contó con las disertaciones del abogado animalista Mauricio Trigo; las representantes de Change Org Argentina, Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman; y la integrante de Activistas de La Costa, Dalila Lewis.
En lo central, el proyecto tiene como objetivo la «prohibición y sanción de espectáculos con animales marinos silvestres, su exhibición y/o cautiverio sin fines de rehabilitación y reinserción o reintegro a su hábitat natural», en todo el territorio nacional. La propuesta define como «animales marinos silvestres» a cualquiera de las «especies que utilicen el medio marino como su hábitat o medio de vida, incluyendo mamíferos, aves, anfibios y reptiles». En caso de violar alguna de las prohibiciones estipuladas, se prevén penas que van desde los tres meses hasta los ocho años de prisión y multas entre 100 y 5000 veces el valor mensual del salario mínimo vital y móvil.
