El primer encuentro del Norte Grande de mecanismos para la prevención de la tortura se realizó en la ciudad de Resistencia, Chaco. Los organizadores fueron el Comité de aquella provincia y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Participaron los comités locales de Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes y también como invitado, el mecanismo de Tierra del Fuego.
«Fue un encuentro muy productivo, de trabajo, de compartir experiencias, dificultades, buenas prácticas, entre distintos mecanismos locales del país, sobre todo del Norte Grande», manifestó a Salta/12 la comisionada Josefina Ignacio.En la inauguración participaron el gobernador del Chaco Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. También otras autoridades de los tres poderes de la provincia.
«Eso ya implica una trascendencia, un hecho político institucional en la provincia. Además, en nuestro país es el primer encuentro de mecanismos locales», destacó Ignacio. También remarcó que en la prevención de la tortura y la promoción de los derechos humanos, «tiene más fuerza el trabajo colectivo que individual».
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Chaco, Kevin Nielsen, como anfitrión, agradeció la presencia de lxs participantes en el encuentro y aseguró que es una oportunidad para compartir miradas y metodologías de trabajo entre las provincias que tienen un objetivo común: la lucha por una sociedad sin tortura y malos tratos. “Es un evento histórico no sólo para Argentina, sino también a nivel internacional regional, ya que no es común que existan estos procesos de integración regional”, sostuvo.
En la tarde se realizaron distintos conversatorios, «cada mecanismo pudo exponer y también nosotros del mecanismo nacional, sobre distintas temáticas», contó Ignacio. Los temas que se abordaron fueron la integración de los mecanismos locales, su autonomía, el presupuesto con que cuentan, y cómo son sus leyes de creación y la integración. También hubo un intercambio respecto a las «buenas prácticas en las metodologías de visita» a las instituciones de encierro. «Las inspecciones son la herramienta más importante que tienen los mecanismos para prevenir la tortura», detalló Ignacio.
Señaló también que abordaron «las buenas prácticas en el diálogo colaborativo entre los distintos integrantes del sistema nacional de prevención para la tortura».
«Por último, hubo una exposición del Comité Nacional sobre el sistema de registro de casos de malos tratos y torturas, donde los mecanismos locales pudieron compartir sus experiencias y sobre todo preguntar dudas, inquietudes, sobre cómo se elabora», explicó la comisionada.
Por Salta participaron el presidente del Comité local para la prevención de la tortura, Rodrigo Solá, y la comisionada Cristina Cobos.
«Estuvimos trabajando en distintas sesiones, algunas que tienen que ver con mejoras en las leyes, en los presupuestos, la autonomía y compartiendo prácticas de las metodologías de visita y como mejorar el diálogo colaborativo con los distintos poderes e instituciones. El objetivo es analizar la problemática desde una perspectiva regional, viendo cuáles son aspectos comunes y cómo podemos fortalecer algunos intercambios y sinergias entre los distintos equipos», dijo Solá a Salta/12.
«Nosotros desde el Comité de Salta propusimos articular para trabajar específicamente la cuestión indígena que plantea aspectos comunes y las necesarias adecuaciones en el sistema tanto del servicio penitenciario como de comisarías», contó respecto a su exposición.
El comisionado por la sociedad civil del mecanismo de Tucumán, Fernando Korstanje, destacó al Comité anfitrión del Chaco. «Lleva la delantera con un mecanismo de prevención de la tortura muy experimentado. Para dar idea de esto: tienen un mecanismo 100 % integrado por la sociedad civil. El gobernador Capitanich señaló esto como una gran ayuda para su provincia y dijo que sus colegas gobernadores ven esta posibilidad con temor. Es decir, no hay participación del poder político. Sólo en un consejo consultivo», dijo a Salta/12.
Korstanje también resaltó el presupuesto que se destina en el Chaco al mecanismo local, «es de más de 50 millones de pesos». La conformación de su equipo técnico también es notoria, porque cuentan con «35 profesionales forenses que constatan torturas, bioquímicos que analizan calidad de agua, psicólogos, arquitectos que miden los espacios para ver si componen con los estándares. Tienen registros y mapas de la violencia institucional». «Además (…) está en un proceso de tener rango constitucional, Capitanich lo anunció al abrir el encuentro», señaló.
«Fui invitado por la representación civil ante la Comisión para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la provincia de Tucumán para dar cuenta de la inmovilidad de nuestro mecanismo local, que está integrado con todos sus miembros desde abril de 2022. Sin embargo, solo tiene actividad la representación de la sociedad civil, no así la representación parlamentaria, ni del Poder Ejecutivo provincial, ni Ministerio Público Fiscal, ni del Ministerio Público de la Defensa», expuso Korstanje respecto a la situación en su provincia.
El comisionado de Tucumán dijo que cuentan con una ley que se sancionó en 2012 y se reglamentó recién en 2016. «En 2017 se convoca a la sociedad civil a nombrar representantes pero en 2020, en plena pandemia y sin que nunca haya funcionado, la modifican, se deja sin efecto la convocatoria para reformar la ley al solo efecto de reducir la participación de la sociedad civil de 5 a 3 miembros. Desde abril 2022 están todos los integrantes nombrados», manifestó. Esto último contrasta con la conformación de representantes de la sociedad civil del mecanismo chaqueño.
El representante del Comité de Tucumán también solicitó la inclusión formal de su mecanismo local en el Consejo Federal de Prevención de la Tortura.Korstanje dijo que el encuentro fue «de suma importancia para realizar ajustes en cada mecanismo e impulsar acciones en las jurisdicciones en que no hay decisión política ya sea de crearlos o como en Tucumán de darles funcionalidad y presupuesto».
«Superpoblación y hacinamiento»
Los problemas comunes que se abordaron fueron «la superpoblación y hacinamiento», donde Korstanje mencionó «las graves violaciones a los derechos humanos que se verifican en las inhumanas condiciones que se ve en las comisarías. Lugares no aptos para permanencia prolongada de seres humanos».
«Hemos estado en todas las provincias del país, la última que hemos inspeccionado fue Jujuy. Cada provincia tiene sus particularidades. En general hay un problema que es común a todas las jurisdicciones del país, que es la superpoblación, el hacinamiento en las comisarías que no son lugares para alojar por mucho tiempo a personas, se encuentran en situaciones muy desfavorables, indignas para estar viviendo», explicó también Ignacio.
La integrante del Comité nacional señaló que también en unidades penales de las provincias se presenta esta problemática de la superpoblación, «eso implica una vulneración de derechos porque no hay acceso a la educación para todos, no hay acceso a la salud», y también explicó que en ese contexto se generan situaciones de violencia institucional.
Perspectiva de género
Ignacio destacó que en algunos mecanismos locales ya vienen trabajando y en otros fue una demanda y una necesidad que haya perspectiva de género también en la prevención de la tortura, en el trabajo penitenciario y en la justicia.
Destacó que el CNPT viene realizando capacitaciones al servicio penitenciario y la policía en prevención de la tortura y los malos tratos, con perspectiva de género, «en cómo deben ser las requisas, el acceso a la salud, el tratamiento penitenciario para las mujeres y las diversidades».
«Generalmente esos grupos son los que más sufren la cárcel por la discriminación que estructuralmente hemos vivido las mujeres y aún más las diversidades», manifestó.
Cárcel con conciencia social y política»
Es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, crear conciencia social y política de que hay que hacer valer los derechos humanos más allá de si las personas están fuera o dentro de la cárcel. Una persona que ha cometido un delito y probablemente ha generado un daño a un tercero o a varios tiene que cumplir su pena o condena en un lugar que le permita acceder a otros derechos que no ha perdido y sobre todo al buen trato, no la violencia, ni la tortura», señaló Ignacio.
La comisionada dijo que hay sectores que promueven «tal vez por falta de información» un discurso «muy punitivista (…) muy de cárcel y de castigo». «Ese discurso para nosotros no solo es violatorio de los derechos humanos sino que no conduce ni a la paz social, ni a la seguridad ciudadana, ni a una mejor convivencia de la sociedad en su conjunto», consideró.
«Nosotros estamos comprometidos en crear una conciencia social y política que mire a la cárcel, que mire a las personas que están ahí y pueda analizar qué es lo que ahí sucede, y a partir de ahí, trabajar para la prevención del delito», señaló.
Asimismo, la comisionada indicó que es necesario «ver cuáles son las causales de muchos delitos que llevan a una persona a la cárcel y también trabajar dentro de la cárcel para que esas personas cuando vuelvan a la sociedad en lo posible no vuelvan a cometer un delito ni a generar dolor».
Señaló asimismo la importancia de la reinserción, y que las personas que recuperan su libertad salgan «con las herramientas necesarias para hacer un proyecto de vida, que las lleve por otro camino, el del trabajo, la educación, la buena convivencia, ese es nuestro objetivo, y ese debería ser entendemos nosotros, el objetivo de toda una sociedad que se diga que es democrática, respetuosa del estado de derecho y que respete a los derechos humanos, que tenga como bandera la defensa de los derechos humanos».
