En la última sesión del año, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondientes a 2023, por un monto total de $37.854.768.715,18. Además, se dispuso el aumento del 77% a la unidad tributaria, que podría tener una readecuación del 30% en julio.
La miembra informante del proyecto del presupuesto fue la edila Carolina Am (PS), quien resaltó que en el Concejo se trabajó con la intención de «proteger todas las facultades que se quería atribuir el Ejecutivo Municipal y que le corresponden a este Cuerpo deliberativo”. En ese sentido, dijo que se hizo hincapié «en incluir todo aquello que había sido eliminado, sobre todo, en lo referente al financiamiento”.
En la redacción del proyecto, los y las concejales también incluyeron el 50% como límite máximo en el movimiento de las partidas y solicitaron que el Ejecutivo Municipal envíe trimestralmente la ejecución presupuestaria.
El presupuesto 2023 destina un total de $ 11.525.014.020,51 para la ejecución de obra pública. De este monto,$5.942.548.000 provienen de fondos propios, mientras que otros $3.098.457.635,26 son fondos nacionales; $700.000.000 provienen de fondos provinciales y $1.784.008.385,25, de financiamiento bancario.
En relación a ello, Am sostuvo que el presupuesto destina un peso de cada tres a obras públicas, por lo que consideró que se le está «dando al Ejecutivo la herramienta que nos ha solicitado, espero que esté a la altura y pueda realmente responder a los vecinos con obras de calidad en tiempo y en forma”, reconvino.
Aún así, varias concejalas manifestaron su disconformidad con el proceso de gestación del proyecto. La edila Agustina Álvarez (PRO) afirmó que desde la presentación de la iniciativa se vio una «mala fe» del gobierno que conduce Bettina Romero, ya que hubo «una redacción confusa de la norma». «Habían sacado la obligación de remitirle a este Cuerpo deliberativo los gastos que hacían de manera trimestral», ejemplificó.
También criticó las «prioridades» de demostró tener el Ejecutivo en la repartición de fondos. Señaló que para publicidad, propaganda y comunicación se prevén $800 millones, pero para semaforización, únicamente $65 millones. Mientras que para obras eléctricas, se dispusieron $160 millones, y para el sistema de desagües pluviales, $150 millones.
«Para pavimentación tenemos $695 millones, ¿cómo es posible que para publicidad y propaganda se destinen más recursos que para todas estas necesidades que tenemos todos los ciudadanos?”, cuestionó. Álvarez adelantó su voto negativo y sostuvo que no «colaborará para el modelo de ciudad que tiene la intendenta y menos firmar un cheque en blanco, porque no hay garantía que se haga algo a favor de los vecinos».
En una línea similar habló a Paula Benavides (Salta Independiente), quien también votó en contra del proyecto. Señaló que se pretende tomar un crédito sin que pase por el propio Concejo Deliberante. Esto porque dentro del propuesta del presupuesto, se incluyó la toma de créditos que oscilarían los $1700 millones pesos, a través de entidades nacionales o internacionales.
“No podemos aprobar un presupuesto mentiroso, un presupuesto en el que nuevamente le damos al Ejecutivo Municipal la facultad de un movimiento de partida», expresó. Además, cuestionó que al momento de hacer el análisis de ejecución presupuestaria, como lo fue con el presupuesto 2022, se reflejan programas que cuentan con la asignación de presupuesto, pero que al cerrar el año, terminan con una ejecución de cero pesos.
Benavides afirmó que el presupuesto para el año entrante «pone el foco nuevamente en la mala administración y la necesidad de mostrar, a través de la pauta publicitaria, lo que no se hace en materia de obra». También se refirió a la inexistencia de un plan «claro» de obras públicas, ya que no se especifica dónde, cuánto y cómo se harán las obras. Esta cuestión fue retomada por los ediles varones, que incluyeron una serie de requerimientos para diversos barrios de la ciudad.
El concejal José García (UPS) celebró la posibilidad de que se haya incluido un anexo con las obras prioritarias que «cada uno de los concejales considera que deben tenerse en cuenta y llevarse a cabo lo más pronto posible”. Al igual que sus pares, insistió en que el Ejecutivo Municipal «pretendía quitarnos facultades al Concejo Deliberante y un trabajo minucioso que se ha dado por cada uno de los concejales nos permitió realizar los cambios correspondientes”.
Por su parte, Alberto Salim (UCR) señaló que el presupuesto «tiene un gran porcentaje destinado a obra pública, es importante para la ciudad, no solo por las tareas que se van a realizar sino también por lo que genera en la economía de la ciudad, por eso sí voy aprobar este presupuesto”. También reiteró que la tarea de los ediles «es controlar que ese monto vaya a la obra pública y que no exista una subejecución”.
Por otro lado, la concejala Am instó a que se capacite en género a los funcionarios del gobierno, sobre todo, a quienes forman parte del área de Hacienda, para «la correcta elaboración de un presupuesto de perspectiva de género«. Subrayó que hablar de ese tipo de presupuesto no sólo remite a destinar fondos a programas destinados a mujeres. Además, dijo que es preciso avanzar en el proyecto de ordenanza para garantizar una tributación con perspectiva de género.
Impuestazo para los contribuyentes
Por otro lado, el Cuerpo también sancionó la ordenanza Tributaria Anual que regirá para el ejercicio 2023. Se estableció una Unidad Tributaria (UT) de $64,29, lo que representa un aumento del 77%. Además, se contempló una readecuación para julio, con un tope del 30%, equivalente a la suma de las variaciones mensuales del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC).
La concejala Carolina Am expresó que el aumento «está justificado, naturalmente por el contexto inflacionario que estamos viviendo, con los índices más altos en 30 años, llegando a una inflación de casi el 100%”. En ese sentido, subrayó que como legisladores tienen la responsabilidad de mantener un municipio financiado para que se sigan brindando los servicios, las obras y el pago de sueldos.
En tanto, Alberto Salim se manifestó en contra de la readecuación que se prevé para julio; «es muy complicado hoy adelantarnos en el tiempo», dijo, y sugirió que se deberían volver a sentar en julio y analizar «cuál es la situación real de la ciudad, del municipio, de la inflación, de la economía y de lo ejecutado”. «Si uno analiza (el aumento) desde el punto de vista de la inflación, decimos que se ajusta a la realidad, pero cuando vemos el bolsillo del vecino, nos preocupa muchísimo», aseguró.
Por su parte, la edila Álvarez añadió que no se puede «seguir ahorcando al contribuyente con los impuestos», ya que además hay «una inflación que casi llega al 100%, (con) aumentos de impuestos nacionales y provinciales en un 60%». Subrayó que la capacidad adquisitiva de la gente cada vez es menor, ocasionando que tengan cada vez más problemas para llegar a fin de mes.
También tomó la palabra Benavides, quien afirmó que la actual gestión de Romero, en las distintas ejecuciones presupuestarias no puso el foco en las prioridades y en las demandas de las y los vecinos. Se preguntó: «¿cómo podemos aprobar tamaño aumento cuando vemos que dentro del presupuesto se prevé para la pauta publicitaria el mismo monto que para pavimentación?”.
En tanto, Laura Jorge Saravia (UCR) adelantó su voto negativo, sosteniendo se trata de «un incremento muy elevado”. También votaron en contra Salim, Álvarez y Benavides.
