El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó esta semana a tres policías por la privación ilegítima de la libertad e imposición de torturas a tres hombres en el destacamento de Alto La Sierra, pequeña localidad de la provincia, que se ubica en el departamento Rivadavia, a 545 kilómetros de la capital salteña.
Este jueves, la secretaria de Seguridad, Frinda Fonseca, informó que los efectivos serán suspendidos. «Está en proceso un sumario radicado en la Oficina de Asuntos internos. Hemos solicitado toda la información probatoria a Fiscalía y se ha dado la orden de suspensión preventiva de los efectivos mientras se substancia la investigación», dijo Fonseca a Salta/12.
Los imputados son un sargento y dos suboficiales principales, uno de los cuales está además imputado también por falsedad ideológica.
La investigación se inició con la denuncia de los damnificados, a lo que el fiscal sumó como pruebas declaraciones de testigos y certificados médicos, entre otros elementos.
El 19 de noviembre en horas del mediodía, dos hombres, padre e hijo, llegaron al destacamento de Alto La Sierra manifestando que tres hombres les habían sustraído y faenado una vaca. El sargento imputado se trasladó en el vehículo de uno de los propietarios del animal en busca de los sospechosos.
El fiscal señaló que luego este efectivo incurrió en conductas ilícitas al privar de su libertad a los tres hombres sin orden de autoridad competente, ni motivos que justifiquen la aprehensión, trasladándolos desde los lugares donde se encontraban al destacamento Alto La Sierra. Primero llevó a dos hombres, uno de los cuales no estaba denunciado, y luego al tercer damnificado.
En el destacamento, «los acusados habrían sometido a los detenidos a un trato cruel e inhumano, haciéndolos desnudar para agredirlos físicamente con un látigo», señaló el fiscal. Indicó que en ese momento estaban el jefe de la dependencia y el jefe de guardia.
«El sargento habría colocado una bolsa en la cabeza hasta asfixiar a uno de ellos, con el fin de que firme un acta en la que se comprometía a devolverle una vaca a la familia propietaria», acusó el fiscal. Mientras que al otro detenido, lo habrían desnudado y aplicado latigazos en la espalda para que se hiciera cargo de la supuesta sustracción del animal.
Según señaló el fiscal, las torturas terminaron cuando dos de los hombres sometidos firmaron el acta en el libro de exposición como pretendían los policías, y para lo que aplicaron los tormentos.
Además, uno de los suboficiales principales imputado, está acusado también por falsedad ideológica en calidad de autor, al insertar en un instrumento público como es el libro de guardia, declaraciones falsas en las que consignaba que los tres damnificados se retiraron de la dependencia «en buen estado de salud, manifestando que no deseaban ser examinados por personal de salud, y que recibieron un trato adecuado durante su estadía en esa dependencia».
