Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.
Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno «manda a los camioneros a patotear», y «extorsionar». Además, hicieron denuncias penales y el GCBA hasta puso una línea telefónica para denunciar «posibles controles de patotas y piqueteros».
Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es «intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación», pero que «de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado«.
La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que «camioneros y piqueteros» iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.
La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini «por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales».
Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 —la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad— para que «los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios». Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad «para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley».
La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es «involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política».
Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad. De la misma manera que el sector empresario les pasa información —explican— los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible «impedir que los sindicatos entren a los comercios», como dijeron desde el gobierno porteño, porque «eso nunca se hizo ni se piensa hacer».
Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.
Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay «Precios Justos». Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.
«En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana«, explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Agregó que «nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma». Para él, el problema es que «hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo«.
En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. «Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas… El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización», resaltó.
Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí. el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que «fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país«.
Para el sindicalista se trató de «una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios». «El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros», aclaró y dijo que «es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos«.
Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es «demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política».
Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. «Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo«, opinó. Yasky considera que la oposición «no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse».
Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria «una política mucho más agresiva en el control de precios porque sino no hay acuerdo paritario que alcance».
