El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este miércoles su autocrítica sobre los errores del anterior acuerdo con la Argentina, que profundizó la recesión. La presentación de este reporte era una condición previa a la firma de un nuevo programa, cuyos detalles técnicos todavía no están cerrados.
Ocurre cuando las autoridades del país y el organismo discuten los términos de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), al tiempo que la Argentina le paga al FMI otros 1850 millones de dólares en concepto de vencimiento de capital, el segundo del cronograma -en septiembre ya había abonado otro tanto-.
El informe Ex Post Evaluation (EPE) sobre el programa Stand By (SBA) firmado en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri reconoce que la Argentina debió reestructurar la deuda ese mismo año para reducir las grandes necesidades de financiamiento de corto plazo e instaurar controles de capitales (cepo) para evitar la fuga de dólares.
A la vez, los técnicos del FMI admitieron que el diagnóstico del gobierno de Cambiemos sobre la inflación era equivocado; en lugar de ser un fenómeno pura y exclusivamente monetario, en Argentina la suba generalizada de los precios es multicausal, sostienen, en línea con lo que creen en el Frente de Todos.
Es decir, que no se explica solo por la emisión y la base monetaria, sino también por la puja distributiva y la concentración de algunos mercados en pocos actores relevantes, entre otras razones.
El staff del Fondo sostiene que el programa Stand By, por el que se desembolsaron unos 45.000 millones de dólares, no cumplió con el objetivo de restaurar la confianza de los mercados en la Argentina y fue «el mayor fracaso de la historia del organismo», en palabras de fuentes oficiales.
También acepta que las políticas de coordinación de precios e ingresos hubieran ayudado a fijar expectativas en torno a una menor tasa de inflación, pero estas no fueron consideradas adecuadas por el ex presidente Mauricio Macri y su equipo.
QUÉ DICE EL DIRECTORIO DEL FMI
Después de una discusión en Washington, Estados Unidos, los integrantes del Directorio (Board) del Fondo «lamentaron que el programa de 2018 no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población».
La Junta Ejecutiva consideró que «la estrategia y la condicionalidad del programa no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un mercado local de capitales pequeño y una base de exportaciones estrecha».
Pese a que algunos directores señalaron que el Gobierno anterior se estableció ciertos límites que ayudaron a descartar «medidas potencialmente críticas» para el buen funcionamiento del programa, como una «operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital», varios de los ejecutivos cuestionaron la viabilidad de implementar estas medidas cuando un objetivo clave del programa era restaurar la confianza del mercado.
POR QUÉ ES IMPORTANTE
El EPE es una revisión donde el FMI se juzga a sí mismo; es juez y parte. Según fuentes de Gobierno, el FMI «toma una distancia enorme» respecto al programa firmado hace tres años, que colapsó a fines de 2019.
Este tipo de informes se presentan como evaluación del propio staff técnico del organismo cuando un país accede a un crédito por más del 400% de la cuota; a partir de junio de 2018, la Argentina cerró un acuerdo por el 1300% de su cuota, del cual se desembolsó un 1100%; en lo que fue el préstamo más grande de la historia del FMI.
Odd Per Brekk, un economista noruego que es vicejefe del Departamento para Asia y el Pacífico, fue el que redactó el dossier, que contiene más de 100 páginas.
Tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, conocían desde hace unos días el contenido del informe.
RESERVAS, AL LÍMITE
Con el pago de ayer, en los tres años y medio desde que se firmó la Carta de Intención, el país ya abonó 8000 millones de dólares, entre dos cuotas de capital e intereses.
El Gobierno espera acordar un nuevo programa en el primer trimestre de 2022 y reembolsar los casi u$s 3800 millones que salieron a partir de septiembre y que pudieron llegar a destino gracias al envío de Derechos Especiales de Giro (DEG) que emitió el FMI en agosto, para contener los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.
Por el momento, las reservas netas del Banco Central (BCRA) quedaron por debajo de los u$s 4000 millones y el Tesoro se tiene que preparar para afrontar vencimientos en enero por u$s 700 millones con los acreedores privados y otros u$s 1100 millones con el Fondo entre el 28 de enero y el 1 de febrero.
La situación es crítica y los técnicos del organismo solamente acelerarán después de volver de sus vacaciones, en la segunda semana del mes entrante.
