Algunos de los acreedores de la cerealera Vicentin salieron en las últimas horas a pedir la intervención del Estado en el concurso de acreedores de la empresa. Eso es así, a pesar de que ya desde el inicio de la crisis se había descartado la participación de fondos públicos en una empresa que presenta más deudas que activos. Es lo que se conoce como una propuesta de “socio bobo”.
Quién planteó el ingreso del Estado es Mariano Grassi, director del grupo cerealero que lleva su nombre y referente del fideicomiso acreedores granarios de Vicentin, que reúne a más del 25% de los productores que quedaron enganchados con el default de la aceitera.
“Sin la participación del Estado en la solución de Vicentin, no hay salida posible sin daños irreparables para los acreedores granarios”, sostuvo Grassi en declaraciones periodísticas luego de que se conociera una nueva propuesta de la firma a sus acreedores, en el marco del concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini, por u$s1,500 millones.
Los directivos de Vicentin presentaron una propuesta al comité de acreedores. Proponen pagarle a los quirografarios el 20% de la deuda dolarizada en dos cuotas anuales (2022/2023). Al Banco Nación, acreedor privilegiado, le propuso abonar en 15 años. Por otro lado Vicentín aceptaría desprenderse de sus acciones en Renova (la denominada “joya de la abuela”) por u$s300 millones para financiar parte el pago inicial de los acreedores, al tiempo que pone a la venta sus plantas en el norte y su fábrica de etanol. Las plantas del Gran Rosario, junto con Renopack, quedarían operando a fazon por 15 años para Molinos Agro, ACA y Vinterra, y al finalizar el plazo cambiarían de manos.
Según explicó el economista Sergio Arelovich, ex veedor del concurso y actualmente asesor del gremio de los trabajadores aceiteros, “la empresa tiene un pasivo concursal equivalente a algo así como tres veces lo que tiene en activos y esto se sabía antes de su presentación a concurso aunque no formó parte del expediente porque el juez le permitió a la empresa presentar un balance a octubre de 2019 (el concurso se abrió en febrero de 2020)”.
“Ese balance ya mostró que la empresa había perdido su patrimonio. El balance que se cerró en octubre de 2018 decía que tenía un patrimonio de u$s615 millones. Unos meses después a pedido de la banca extranjera el directorio de Vicentín presentó un balance no certificado al 31 de julio de 2019. Ese balance decía que la empresa tenía un patrimonio de u$s615 millones. Ya avanzado el concurso el balance al 31 de octubre de 2019 dice que la empresa pasó de tener un patrimonio de u$s615 millones a uno negativo de u$s300 millones. ¿Cómo hizo la empresa para perder u$s900 millones en tres meses?”, planteó Arelovich como duda en declaraciones a Ámbito. El economista señaló que por esa diferencia, “que no está explicada en el expediente”, se hizo una denuncia penal.
Respecto de la propuesta del ingreso del Estado en la empresa, Arelovich puso reparos. Explicó que Vicentín no solo le debe al Banco Nación, que es el mayor acreedor, sino también a estados provinciales y municipales, e incluso a organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional (CFI) y agentes financieros como el Banco de Santa Fe. La última propuesta implica una capitalización de deuda, lo que quiere decir, que los acreedores pasan a ser dueños. Recordó en ese sentido, que ni el Banco Nación ni la CFI pueden aceptar quitas. Arelovich recordó que cuando el Gobierno planteó la intervención de la empresa en 2020 le llamó la atención porque “la empresa había perdido los activos y el Estado se hacía cargo de pasivos”. El asesor económico consideró en ese sentido que jurìdicamente se podría generar una figura que permitiera el ingreso del sector público, pero consideró que desde el punto de vista comercial “sería muy difícil”.
En tanto, el juez Lorenzini prorrogó hasta el 31 de marzo el plazo para que la empresa llegue a un acuerdo con los acreedores, a la vez que le pidió a la Sindicatura que elabore un “cronograma tentativo” para el salvataje.
La resolución del juez Lorenzini redujo las pretensiones de la cerealera concursada, que había solicitado la extensión del período de exclusividad (el plazo para arribar a acuerdos de pago con los acreedores) hasta junio del año próximo.
El magistrado dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga al señalar que la decisión se adoptó “sin perjuicio de evaluar oportunamente una extensión adicional, conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención”.
Más de 70 acreedores granarios de Vicentin constituyeron un fideicomiso con el objetivo de participar de un eventual “crown down” de la compañía, para lo cual designó incluso a un banco como asesor financiero.
El procedimiento de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, permite a los acreedores o algún tercero interesado -una vez vencido el período de exclusividad- presentar una propuesta de acuerdo para darle continuidad a la concursada.
Arelovich estimó que es muy probable que vencido el plazo del 31 de marzo la empresa y los acreedores no lleguen a un acuerdo y que por lo tanto el juez conceda una nueva prórroga hasta junio.
Para el economista, hay algo que está perdiendo de vista todo el proceso, que es la continuidad laboral de unos 1.300 empleados de la firma que al día de hoy siguen cobrando sus sueldos y siguen teniendo sus aportes jubilatorios y la obra social.
