Tras las 24 muertes por cocaína adulterada, organizaciones sociales reclaman que se sancione una ley de emergencia en adicciones. Básicamente apuntan la necesidad de que el Estado destine mayores recursos para trabajar en las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs). Hoy existen unas 200 Casas de este tipo, que dependen del Sedronar, gestionadas por la militancia de los movimientos y de organizaciones vinculadas a iglesias. Trabajan como centros de apoyo y recuperación para personas con consumos problemáticos en los sectores populares, donde a las familias les resulta imposible pagar una internación y los consumos tienen características propias, ligadas a la pobreza.
Las CAACs fueron creadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando a cargo del Sedronar estaba el cura Juan Carlos Molina. Trabajan a puertas abiertas, con asistencia voluntaria y sin umbral de admisión. La idea es que las personas accedan en las Casas a un circuito de contención y cuidados, con acompañamiento legal si tienen causas judiciales abiertas, ayuda para tramitar un subsidio habitacional si están en situación de calle, terapia psicológica, atención de la salud. Son una construcción que tiene años de lucha.
Casi todas las organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) asumieron este trabajo de gestionar Casas de Acompañamiento con su militancia: forman parte del programa, entre otros, Vientos de Libertad (MTE), Red Puentes (Nuestra América), los Hogares de Cristo, Ni un pibe menos por la Droga (Corriente Clasista y Combativa), las Casas del Pueblo (Movimiento Evita) y El Patio (Comedor Los Pibes).
Referentes de las organizaciones estuvieron el lunes pasado en el Congreso para avanzar en el planteo del proyecto de ley. Allí, tuvieron una reunión con los diputados Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y por la tarde dieron una conferencia de prensa en el Obelisco. Plantearon a los medios que el narcotráfico prolifera bajo protección policial, que la respuesta del Estado ante los consumos problemáticos es insuficiente y que además de ampliar las políticas de cuidado, los gobiernos deben garantizar la creación de trabajo.
“Las organizaciones sociales entendemos a los consumos problemáticos de una forma integral: creemos que no puede haber recuperación real sino avanzamos en políticas que construyan un país con tierra, techo y trabajo. Hay que integrar a los pibes en cooperativas, para que puedan volver a sentirse sujetos, para que puedan volver a sentir que el sistema los considera y que valen”, planteó Fagioli. El diputado es uno de los legisladores del Frente de Todos que viene de los movimientos sociales: vive en un asentamiento que surgió tras una toma de tierras e integra el Movimiento Nuestramérica, del Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois.
Su par Natalia Zaracho -la primera diputada cartonera-, agregó que “la ley debe ser urgente porque los sectores populares están gritando que nuestros jóvenes no pueden esperar más”.
En la conferencia de prensa en el Obelisco, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, denunció que frente al consumo problemático las políticas públicas hoy son insuficientes. “La respuesta del Estado no puede ser ‘de seguridad’. Porque terminan criminalizando y estigmatizando a quienes consumen. Se derriba un búnker y aparece otro. Hay que avanzar en los responsables de fondo y sus cómplices”, señaló Sánchez.
“El problema no son los consumidores y consumidoras, sino quienes están detrás de un negocio millonario y lucran con la venta de droga con la complicidad de sectores del poder judicial y de la policía. Desde nuestro sector sabemos que el abordaje debe ser integral. El consumo es un problema de salud pública, y el acompañamiento debe ser integral: sin acceso al trabajo, al techo, sin un horizonte de futuro no hay esperanza posible”, concluyó.
