En el discurso de este jueves en la cumbre del clima, el presidente brasileño Jair Bolsonaro asumió como compromiso eliminar la deforestación ilegal en la Amazonia hasta 2030. “Con eso reduciremos en casi 50% nuestras emisiones hasta esa fecha”, dijo en sus tres minutos de presentación ante 24 mandatarios presentes en forma virtual. El problema es que sus palabras no son confiables a los ojos de la comunidad, tanto en Brasil como en el exterior.
Bolsonaro se presentó con una moderación y sensatez que nunca tuvo respecto a la Amazonia y el medio ambiente. La metamorfosis tiene un motivo. Sobre la mesa del organizador del evento, el presidente estadounidense Joe Biden, hay 10.000 millones de dólares para ayudar a preservar la Amazonia, una cifra que supera con creces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en los últimos años. “Ante la magnitud de los obstáculos, incluso financieros, es fundamental que podamos contar con la contribución de los países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y constructiva en la solución de esos problemas”, completó Bolsonaro.
Sus palabras fueron recibidas con ironía por el exministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc. “Bolsonaro es fuerte candidato al Oscar”, dijo Minc en una entrevista a la CNN Brasil. El presidente causó espanto al decir que determinó el fortalecimiento de los órganos ambientales, “duplicando los recursos destinados a acciones de fiscalización”. Su política ambiental está marcada exactamente por el desmantelamiento de los instrumentos de vigilancia de Amazonia.
La percepción general es que al final de la cumbre del clima, a la que han sido invitados 40 jefes de Estado, el presidente brasileño volverá a ser el Bolsonaro radical de siempre: el que reduce la vigilancia ambiental, deja sin presupuestos a los organismos de control e incentiva las apropiaciones ilegales de tierras públicas, ajeno a los pueblos indígenas y demás comunidades tradicionales. Es lo que esperan los expertos y parlamentarios que están en primera línea de los estudios de campo y de las negociaciones con los representantes de otros países. Junto a Bolsonaro, participaron en la cumbre el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y el de Relaciones Exteriores, Carlos França, recién nombrado tras la presión del Legislativo y de otros gobiernos regionales. El ministro de Exteriores anterior, Ernesto Araújo, era un radical como Bolsonaro y fue el responsable de que gran parte del mundo le cerrara las puertas a Brasil.
Hasta principios de abril, la expectativa era que Brasil y EE UU firmasen un acuerdo y lo anunciaran este jueves o viernes, en medio de la cumbre. Pero ahora no hay indicios de que esto se produzca en el corto plazo. Las señales dadas por los estadounidenses apuntan en otra dirección. “Mientras las negociaciones las lleve el ministro Ricardo Salles, difícilmente habrá algún progreso. Todavía se le considera uno de los eslabones radicales del Gobierno de Bolsonaro”, afirma Helena Margarido Moreira, experta en Relaciones Internacionales.
Este miércoles, en la víspera del encuentro, el ministro Salles dedicó parte de su día a contestar en Twitter a sus opositores, que lo criticaban en una protesta virtual bautizada #FueraSalles. Hay quien apuesta que el encargado de la cartera medioambiental será el siguiente ministro de Bolsonaro en caer gracias al impulso del cambio de conducta que traen los nuevos tiempos con Biden. “Salles siempre está en la cuerda floja. Más que una prueba de fuego para él, esta cumbre será un examen para toda la diplomacia brasileña”, asegura Moreira.
Récord de deforestación
Razones para desconfiar del liderazgo de Salles no faltan. La Amazonia registra hoy sus índices más altos de deforestación de los últimos 12 años y el Gobierno se resiste a admitir los fallos en su política ambiental, paralizando incluso su inspección y control por cuestiones políticas. El ministro también es investigado por dificultar y obstruir la fiscalización de delitos ambientales. Salles ha defendido a los presuntos dueños de la madera incautada en la Amazonia durante la mayor operación contra la tala ilegal del país.
Por otro lado, el Parlamento está en vías de aprobar un proyecto de ley que flexibiliza las reglas para que las tierras públicas deforestadas ilegalmente acaben convirtiéndose en propiedad de quien la ocupó con apoyo del gobierno. Con Bolsonaro, Brasil pasó a registrar una omisión en la demarcación de tierras indígenas y desestructuró la Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo que trata la política indigenista.
Biden apunta que puede entregar dicha suma al Gobierno de Bolsonaro como parte de su política ambiental siempre y cuando este demuestre acciones prácticas, y no solo cartas con intenciones, como la que presentó el pasado 14 de abril. El principal criterio para esta financiación es que el país ha de comprometerse a reducir a cero la deforestación ilegal de la Amazonia de aquí a 2030. Y más: que empiece a presentar resultados a partir de 2021. No obstante, no se firmará ningún pacto tan pronto.
El ministro Salles dejó claro que espera recursos adicionales del exterior. “Vemos la necesidad de que extranjeros nos ayuden inmediatamente para cuidar de Amazonia”, dijo en una rueda de prensa después del discurso de Bolsonaro. Para Rodrigo Agostinho, presidente del Grupo Parlamentario Ambientalista, “lo de Salles es un secuestro de la Amazonia. Dice que, si no lo financian, le prenderemos fuego al rehén”, ironiza el diputado federal del Partido Socialista Brasileño.
En las últimas semanas, Agostinho se ha reunido con representantes del Parlamento Europeo y de la Embajada de EE UU. Hay consenso en que nada avanzará mientras la deforestación en la Amazonia no empiece a disminuir. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el ingreso de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) peligran por ello.
Ambientalistas, líderes indígenas y entidades que actúan en defensa de la Amazonia han lanzado una ofensiva contra Bolsonaro en las últimas semanas para bombardear cualquier posible acuerdo con la Administración brasileña y abrir un canal directo con la Casa Blanca de Joe Biden. Hasta los gobernadores de prácticamente la totalidad los Estados brasileños, en un gesto inusual, enviaron una carta a Washington.
Con la inédita atención mundial que está recibiendo la degradación de la Amazonia, estos actores consideran que existe un “espacio con gran potencial” para que se produzca dicha interlocución, explica Virgilio Viana, superintendente general de la Fundación Amazonia Sustentable, al periodista Felipe Betim. “Contamos con grandes fundaciones privadas norteamericanas, con el compromiso del sector empresarial, con los gobernadores… Pueden suceder otras cosas en muchas otras esferas relacionales”, dice Viana.
Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, red de 60 organizaciones de defensa del medio ambiente, argumenta que “el Gobierno ha fomentado actos de destrucción ambiental todos los días durante los últimos 28 meses. No será una carta a Biden y tres minutos de discurso lo que deshaga ese legado”.
Tras años actuando como uno de los líderes y ejemplos de cómo preservar el Medio Ambiente, Brasil llegó al evento como un villano. El hecho de que Bolsonaro fuera uno de los últimos en hablar fue visto como una confirmación de ese estatus. De momento, las señales procedentes de Washington siguen frías: el representante para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, Juan González, realizó su primer viaje a Latinoamérica para discutir el cambio climático y la pandemia, pero ignoró a Brasil, que, aun en la actual crisis, todavía posee el área forestal preservada más grande y es el país más rico de la región.
Fuente:El Pais.
