Legisladores salteños pusieron el ojo en el futuro de la sustentabilidad económica de los productores tabacaleros y aprobaron este jueves un proyecto de declaración para que los productos que calientan tabaco, una nueva tendencia en el segmento fumador, sean gravados de forma tal que aporten recursos al Fondo Especial del Tabaco (FET).
La medida, presentada por el senador por General Güemes, Carlos Rosso, impulsa el inicio de gestiones a nivel nacional para que estas alternativas, que ganan terreno en otros lugares del mundo, sean gravadas en beneficio del sector productivo
Los productos que calientan tabaco son una tendencia reciente en el mundo, que consiste en un dispositivo que calienta el tabaco sin quemarlo, lo que evita la combustión, pero genera una especie de aerosol que dispara nicotina, la cual es aspirada por el fumador. Si bien es menos dañino que el cigarrillo tradicional, también genera adicción por la inhalación de nicotina.
El proyecto de declaración aprobado por la Cámara de Senadores el jueves apunta a que los productos que calientan tabaco sean gravados de forma que aporten al FET al igual que los cigarrillos convencionales, al tratarse de mejores opciones para los fumadores que, progresivamente, van reemplazando a la tradicional forma de consumir tabaco.
El proyecto del senador Rosso logró el acompañamiento por parte de los legisladores para que se realicen las acciones necesarias ante las autoridades nacionales.
El objetivo es que los productos de tabaco calentado sean regulados de manera que los tabacaleros y las provincias productoras sigan obteniendo los aportes del FET por esta categoría, en beneficio de la cadena productiva.
Durante la sesión, Rosso señaló que «la idea es que estos nuevos productos formen parte de la tributación del FET, no solo para ayudar al productor sino también a los gobiernos provinciales que derivan los recursos a la comunidad.»
Productos libres de humo
El proyecto del senador güemense expuso que los productos de tabaco calentado son diferentes a los cigarrillos tradicionales porque no generan combustión y, por lo tanto, no hay humo en el proceso de consumo sino que producen un aerosol con nicotina (contenida en el tabaco) mediante un dispositivo de calentamiento que es controlado electrónicamente para no sobrepasar los 350´ C. «Al evitar la combustión del tabaco (los cigarrillos convencionales se fuman quemando el tabaco a temperaturas que alcanzan entre 600´ C y 900´ C) se reducen drásticamente -según estudios hasta 95%- los componentes tóxicos presentes en el vapor, cuando se lo compara con el humo del cigarrillo», manifestó al respecto Rosso.
Asimismo, y en comunicación con este diario, aclaró que los productos de tabaco calentado «no son cigarrillos electrónicos, sino que son dispositivos que contienen tabaco, mientras que los otros calientan líquidos saborizados que pueden o no contener nicotina».
La iniciativa contó con el apoyo de los senadores Esteban D’Andrea, Jorge Soto, Sergio Ramos, José Ibarra, Alfredo Sanguino, Fernando Sanz, Silvina Abilés y Carlos Ampuero.
Mientras que los diputados Ignacio Jarsún y Daniel Segura también apoyaron el proyecto de declaración que en su texto sostiene que «vería con agrado que los señores legisladores nacionales por Salta gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de que sean regulados e incorporados en la Ley 19.800 del Fondo Especial del Tabaco los denominados productos de tabaco calentados, cuyo consumo no involucra un proceso de combustión».
Fuentes vinculadas al sector consultadas por El Tribuno celebraron la medida, considerando que es muy auspicioso que los legisladores provinciales proyecten iniciativas que a largo plazo podrían traer beneficios al sector.
Remarcaron que esta tendencia está muy difundida en países como Japón, China y algunos de Europa, y que empezó a afianzarse en los Estados Unidos, con lo cual en el mediano plazo podría llegar a hacerse conocida en la Argentina.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de atender las preocupaciones actuales del sector, vinculadas con el crecimiento del contrabando de cigarrillos, situación que tuvo un pico durante la primera etapa de la pandemia por COVID-19, sin que se haya logrado reducir cuando las actividades económicas fueron retomando su ritmo habitual.
Creado por ley en 1972, el FET se financia con un impuesto del 7% sobre el precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillo y sus recursos se vuelcan proporcionalmente entre los tabacaleros de las siete provincias donde se desarrolla la actividad: Salta, Misiones, Jujuy, Corrientes, Chaco, Tucumán y Catamarca.
Fuente: El Tribuno
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