Familiares y amigos de víctimas del abuso policial en Salta y otras provincias se movilizaron este viernes en una nueva jornada nacional contra el gatillo fácil. Veinticuatro horas antes en esta ciudad un nutrido grupo de personas volvieron a manifestarse para pedir justicia por el crimen de Cristian Gallardo, el joven asesinado hace dos años en manos de cuatro efectivos. «Nos movilizamos desde la avenida Discépolo hasta la comisaría de Democracia, a dos años del asesinato de mi hermano por parte de la Policía de Salta», sostuvo Mariel Eugenia Gallardo, hermana de la víctima.
El 26 de agosto de 2019 el joven Gallardo fue interceptado por los policías Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea quienes tras recibir el alerta por un robo se trasladaron hasta Finca Independencia, según las acusaciones vertidas por los investigadores, los uniformados aplicaron «maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo», acciones que le terminarían provocando la muerte. Por esa causa también fueron imputados el policía Elio Maximiliano Moya, por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado, y el civil Ángel Ismael Lozano, por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
En el caso por el crimen de Gallardo el fiscal Torres Rubelt solicitó la elevación a juicio y resta esperar qué sala llevará a cabo las audiencias públicas. «Estamos esperando el sorteo de la sala, con la esperanza de que la Justicia caiga con todo el peso de la ley contra los policías que mataron a mi hermano», apuntó Mariel Gallardo. En la marcha del jueves a los familiares y amigos de Cristian se sumaron organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las mismas que 24 horas después -este viernes- volvieron a movilizarse en una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
En Salta los casos por este delito no son pocos, se trata de abusos policiales extremos, uno de los hechos más resonantes en los últimos años fue el asesinato del joven Nahuel Salvatierra en el barrio Solidaridad, zona sudeste de Salta capital. En ese hecho, ocurrido el 3 de enero de 2018, el cabo Juan Carlos Cardozo, condenado a prisión perpetua, detonó su arma reglamentaria perforando uno de los ojos de la víctima, junto al policía se encontraba su compañero, Gastón Aguilar, condenado a dos años y cinco meses.
Cristina Castro: “Nos hemos hermanado en el dolor”
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), son más de 7.000 casos de gatillo fácil los que se registran desde la vuelta a la democracia a lo largo y ancho de Argentina. Ayer, en la mayoría de las provincias, organizaciones sociales, de derechos humanos y ciudadanos comunes marcharon para levantar bandera en contra del gatillo fácil. En Buenos Aires, en la mítica Plaza de Mayo, hubo una presencia que desató la ovación de la multitud. “A Facu lo desapareció y lo mató la Bonaerense. La misma Policía que ha matado a cada uno de los hijos de todas las mamás que están acá. Nos hemos hermanado en el dolor”, dijo Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, el joven que salió de su casa el 30 de abril de 2020 y apareció muerto del 15 de agosto.
Emocionada, Cristina Castro tras recibir una escultura de su hijo. Clarín
“Hoy tengo la certeza: puedo decir que estoy esperando un ADN para llevarme a mi niño a mi casa. Un niño que salió entero a hacer ruta. Su único pecado fue estar enamorado y querer volver con su pareja. Por eso lo mataron. A mi hijo no me lo devuelven. Pero no quiero que vuelva a pasar. Habíamos dicho nunca más”, apuntó Cristina ante una multitud que volvió a aplaudirla y unirse a su reclamo.
Quizás el caso de Astudillo Castro sea el más mediático en el último tiempo, sin embargo, lejos está de ser el único de la cuarentena. Según medios nacionales, la semana pasada Correpi difundió un informe en el que contabilizaron 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales, entre el 20 de marzo y el 20 de agosto.
Las más conocidas son la de Luis Espinoza, desaparecido y asesinado por la Policía de Tucumán; la de Blas Correas, el chico cordobés de 17 años baleado por agentes en una confusa persecución y la de Florencia Morales, que apareció ahorcada en una comisaría de San Luis luego de ser detenida por romper la cuarentena.
Antes de Cristina Castro se escucharon varias historias más. “La mayoría de nosotros nos conocemos. Desgraciadamente tenemos muchos casos nuevos”, dice Angélica, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano, un adolescente de 17 años asesinado por efectivos de la comisaría 12a. y enterrado como NN durante tres meses. Ahí estuvieron madres, padres y amigos unidos en un solo grito, fusionados en un solo dolor.
Fuente: El Tribuno
