En las primeras horas de hoy, el Gobierno provincial enviará un proyecto de ley para la intervención del Ejecutivo municipal del municipio de Salvador Mazza. La información fue confirmada a El Tribuno pasada la medianoche por Matilde Morillo, secretaria general de la Gobernación.
La medida se tomó por el escándalo y los graves delitos que se le investigan al intendente Rubén Méndez. En los operativos de ayer se descubrió que escondía casi 200 millones de pesos en moneda nacional, dólares y euros.
Si bien no trascendió quién será el interventor, desde el Gobierno no quieren dejar correr más tiempo. Morillo precisó que la intervención será hasta la próxima elección de 2023.
“Las causas son de tal gravedad que requieren un remedio extraordinario”, afirmó la funcionaria provincial.
Acusado de todo
Méndez fue reelecto en 2019, con el 34,4% de los votos. Fue por el sector kirchnerista del Partido de la Cultura. Cuando juró lo hizo delante de su madre y por la Biblia.
El historial de la gestión de Méndez está salpicado por denuncias y hasta una destitución. Eso justamente ocurrió en junio de 2017, en su primera gestión.
Con el voto de ocho de los nueve concejales se resolvió destituirlo. En ese entonces consideraron que incurrió en diversas irregularidades en el manejo de los recursos del municipio de frontera.
El 25 de febrero de este año, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, lo imputó por los de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor.
Del decreto de imputación surgió que la intervención del fiscal penal Armando Cazón se produjo tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.
En la denuncia, Villalba hizo constar que el municipio de Salvador Mazza cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la Legislatura provincial y promulgada por la ley 8111, la que fija las pautas obligatorias para el representante del Ejecutivo. Sin embargo, el intendente no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas por la normativa.
Según consta en el decreto de imputación, el intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que en dos períodos fiscales incumplió con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe.
Favores familiares
En abril de este año, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscal penal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo municipal una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.
En abril de este año el propietario de una finca del paraje El Sauzal había denunciado la apertura de terrenos vecinos para facilitar el contrabando por lugares no habilitados entre Argentina y Bolivia. En ese entonces entre los señalados estaba el intendente Rubén Méndez, y contra el secretario de Obras Públicas, Roberto Orellana, quien anteriormente ya había sido denunciado por abrir este tipo de caminos vecinales entre los dos países utilizando maquinaria del municipio. Una de las fincas había pertenecido a los Castedo
Intendentes y escándalo: de Villalba a Méndez
Salvador Mazza no solo es conocida por ser una localidad fronteriza, sino también por los escándalos y acusaciones contra los que ejercen el poder.
En 2013, el entonces intendente Carlos Villalba había sido hallado en uno de los seis locales nocturnos durante un procedimiento realizado en agosto, en el marco de seis allanamientos que se llevaron a cabo de manera simultánea en los que se rescató a 70 víctimas de trata.
La causa se había iniciado el 29 de mayo de 2013, cuando efectivos de la delegación salteña de la Policía Federal tomaron conocimiento de que en la provincia funcionaría una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Pese a eso, Villalba intentó presentarse de nuevo para ser intendente. En esa zona también fueron cuestionados los “peajes” que se cobraban a camioneros para circular por el municipio.
Los casos se dan en uno de los departamentos más pobres, pero donde crece la preocupación por la inseguridad y el contrabando.
Fuente: El Tribuno.
