El primer consenso fiscal firmado fue el del año 2017 durante el gobierno de Macri tras el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas de ese año. Esa vez, las provincias y CABA se comprometían a reducir en un periodo de cinco años el impuesto de ingresos brutos y a sellos que Macri consideraba «distorsivos» a cambio de beneficios para los distritos nunca recibieron.
El segundo ocurrió en 2019, a una semana de haber asumido Alberto Fernández en la presidencia. Por pedido de los gobernadores la reducción impositiva a la que obligaba el consenso fiscal fue suspendida. En ese momento, Larreta estuvo de acuerdo, firmó y hasta participó de la foto que el Presidente se sacó en el Salón Eva Perón con todos los jefes provinciales.
En 2020 – con pandemia en el centro de la escena – los gobernadores refrendaron la suspensión de la baja en los impuestos, pero ya sin Larreta que se opuso a una cláusula que daba de baja los litigios de las provincias con Nación, tal como lo decía el consenso de 2017.
Sobre el consenso del lunes, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, declaró que «surge como respuesta a la necesidad que se generó en las provincias luego del consenso que se firmó en 2017, que establecía un cronograma de reducción de alícuotas de los impuestos provinciales, al que muchos gobernadores fueron forzados a firmar». Además, añadió que «en el 2019 los gobernadores reclamaron seguir teniendo potestad y autonomía tributaria. Como Gobierno dimos lugar a eso y desde 2019 empezamos una firma de consensos en los que establecíamos las alícuotas vigentes del momento». En esa línea, Batakis explicó que eso no quiere decir que las provincias tendrán que aplicar las alícuotas que fije el Gobierno de forma obligatoria, sino que, incluso, podrán aplicar menores, «se trata simplemente de armonizar los máximos», subrayó.
Según el borrador del acuerdo, las alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos son: para agricultura, ganadería, pesca y minería de 0,75%; para la industria manufacturera, 1,50%; para la construcción, 2,5%; para el comercio, 5%; para hoteles y restaurantes, 4,5%; para comunicaciones 5,5%; para telefonía celular 6,5%; para intermediación y servicios financieros 9%; para actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5% y para servicios sociales y de salud 4,75%.
Para la elaboración del consenso 2021, La Casa Rosada viene dialogando con las provincias. “A lo largo de ese proceso cada jurisdicción fue enviando comentarios que eran centralizados y trabajados por el Ministerio del Interior. Este año firmarán todas las provincias salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco lo harán La Pampa y San Luis, ya que no necesitan firmar porque no estaban involucradas en el consenso 2017” destaco en su edición de hoy el diario Página 12.
