Mal enfocada pero peor asesorada, la exgobernadora María Eugenia Vidal hizo lo único que no tenía que hacer en su defensa frente al “Gestapo-Gate”: validó políticamente la reunión (“de trabajo”, dijo) en la que varios de sus exministros, empresarios, un legislador, un intendente y tres altos miembros de la AFI diseñaban un plan para preconstituir prueba en una causa judicial. “La reunión fue institucional”, sostuvo en su reaparición pública tras el escándalo en el canal La Nación+, el jueves último. Se quejó de que la actual interventora de la AFI “va descubriendo pruebas a lo largo de los años” (¿tardó demasiado?) y que quienes “tendrán que explicar por qué la AFI estaba ahí” serían los tres altos mandos de la central de espías, Juan Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Dalmau Pereyra.

Distraída en el repudio al término “Gestapo” del ministro de Trabajo Marcelo Villegas –algo cuya expresión de deseo para aniquilar a los gremios no constituye delito en Argentina- , Vidal le dio legitimación al encuentro bajo el supuesto argumento que el rol de su gobierno era el de “acompañar” a las víctimas, en este caso, los empresarios que habrían sido extorsionados por el gremialista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina. La explicación no resiste que se la mire fijo. Sobre todo, luego de que el propio subsecretario de Justicia de Vidal Adrián Grassi expresara en ese encuentro que “escuchándolos (a los empresarios reunidos víctimas de Medina) no veo problemas de delitos que se puedan demostrar judicialmente”. Para remarcarlo, recordó su condición de exfiscal y lo que a su criterio deberían hacer para que un par suyo acepte una declaración que pudiera sostener una acusación de extorsión.

Vidal terminó aceptando la reunión, dándole el barniz de institucional –pese a que no hay registros de quienes asistieron en los accesos del Banco Provincia- y perdió de vista lo más relevante: el delito lo constituye la violación a la Ley de Inteligencia por la propia participación de tres altos mandos de la agencia de inteligencia que intervienen en el diseño de un plan relacionado a problemas de privados con un sindicalista que tendría su correlato en una causa judicial y con la anuencia de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos que se ofrecen a formar parte de la maquinaria necesaria para llevar a cabo esa planificación.

Desorientada del todo para plasmar su defensa, Vidal objetó que “la reunión fue grabada ilegalmente” y que por eso no constituye prueba válida para una denuncia ahora. ¿Desde cuándo es menos prueba que el video del entorno de Lázaro Báez contando dinero en “La Rosadita”, o la grabación sin origen entre Héctor Timerman y Guillermo Borger que le sirvió a Claudio Bonadio para duplicar la causa por el Memorándum con Irán, o incluso menos válida que los escritos fotocopiados del exchofer Oscar Centeno? Con esa pobreza argumental y sin que nadie la sacara de su zona de confort, los dichos de Vidal la catapultaron a ser la mejor aliada del kirchnerismo para seguir percutiendo con el video. “No sabían que era gente de la AFI”, fue la insólita excusa que dio la exgobernadora poniéndose, de manera inexplicable, al frente de lo que deberían justificar sus exsubalternos. ¿Y quién suponían que eran ese trío que planteaba un “proceso” para generar una “acción y una reacción” de Medina y un “conjunto de acciones que lo puedan volver loco” e incluso grabarlo de manera subrepticia?

Afinidad

El único objetivo aparente de la declaración pública de Vidal pareció rondar en torno a desligar a Mauricio Macri de la trama de espionaje. “Yo lo separo de cualquier actividad ilegal que la AFI haya hecho”, dijo tajante. No tiene pruebas pero tampoco dudas. Sin embargo, esto se enlaza con una cuestión que nunca terminó de analizarse en profundidad que es el listado de teléfonos encriptados que la AFI distribuyó en altos miembros del gobierno pero con un curioso criterio de asignación en parte del entorno de Macri pero también en un llamativo circuito de comunicaciones. Los 120 “nombres” tienen algo en común: conforman un “Grupo de Afinidad”, en su estricta definición. El software encriptado es punto a punto, utilizando algoritmos que no se descifran por terceros. Eso es válido cuando las comunicaciones son dentro de este mismo grupo de afinidad. En el caso de Macri, lo compartía con 48 líneas que solo fueron identificadas como “AFI” por haberse tratado supuestamente de agentes que tenían esos aparatos con el software especial. ¿Podrían haber estado disimulados dentro de este grupo teléfonos que fueron asignados a jueces y fiscales federales? Habría que indagar en este punto.

A Macri pareció no hacerle falta resguardar sus comunicaciones con Juan José Aranguren, Dante Sica, Adolfo Rubinstein o Alejandro Finocchiaro, por ejemplo. Pero sí con su abogado Alejandro Pérez Chada, con el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, o con su amigo del alma Nicolás Caputo. Uno de los encriptados llegó a manos del doctor Rubén Areso de la AFI. Fue una de las personas autorizadas por De Stéfano para solicitar a la justicia escuchas telefónicas. Lo que en la jerga, se conoce como “precausas”. “Sugus”, “Eze”, “Gordo”, “Juanma” son los únicos datos que se tienen de otros usuarios curiosos del listado que podían mantener comunicaciones punto a punto con el software de los espías. El exdirector de Infraestructura y Patrimonio de la AFI, Javier Jorge Peire también poseía uno de los celulares con esta tecnología. Fue denunciado por la actual gestión por las reformas dentro del edificio de 25 de Mayo. ¿Qué hacía este funcionario en febrero de 2018 en una reunión con el expresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Ramón Lanús y directivos de Cencosud por un planteo del organismo por el predio que ocupa un hipermercado en Palermo? Misterio.

Julio Conte Grand, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari eran la pata bonaerense del “Grupo de Afinidad” encabezado por María Eugenia Vidal. Pese a decir que mantenía una relación distante con Gustavo Arribas, se hizo acreedora de uno de estos teléfonos, al igual que su jefe de Gabinete Federico Salvai.

“Conejo”

En la causa originada en Lomas de Zamora, el sindicalista en conflicto con la ley, Medina, era objetivo de los espías de Super Mario Bros. No le decían el “Pata”, sino “Conejo”. Los informes de seguimiento y la logística de sus movimientos quedaron plasmados en 6 informes distintos que escalaron. Del 9 de mayo de 2017, del 10 de mayo de 2017, del 12 de mayo de 2017, del 18 de mayo de 2017 y del propio 15 de junio de 2017, el mismo día en que se estaba llevando a cabo la reunión grabada en el Banco Provincia. Cada vez más difícil sostener el “cuentapropismo”.

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