Un análisis jurídico internacional afirmó que el acuerdo stand by firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, debería considerarse nulo. Según el artículo publicado en Social Science Research Network (SSRN) el acuerdo viola los fines fundamentales del organismo según su Convenio Constitutivo y por ende se constituye como un acto ultra vires.
Los actos ultra vires son actos jurídicos que comprometen a la sociedad a negocios o actividades económicas ajenas a su objeto social y sirve para describir un acto que requiere autoridad legal pero que se realiza sin ella. De esta manera, el análisis sugiere según los fundamentos macroeconómicos del ASB, que no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina.
«El Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales. ¿Por qué no? El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir. El análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente«, detalla el comunicado recopilado por la profesora e investigadora en derecho de la universidad de Leeds, Karina Patricio Ferreira Lima, y Chris Marsh ex funcionario del FMI.
El informe realizado por Lima y Marsh, sostiene que «era previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar. Efectivamente, al momento de la aprobación del ASB, el Fondo evaluó razonablemente el riesgo de que sus recursos generales se utilizaran para financiar salidas de capital importantes o sostenidas, como efectivamente ocurrió».
Al mismo tiempo, el comunicado resalta que tanto el gobierno argentino como el Fondo Monetario esperaban un ingreso de capitales tras el acuerdo de casi u$s80 mil millones sin el detalle del origen de los fondos.
Por esta razón, el comunicado asevera que: «el programa debería considerarse nulo. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha».
