Las elecciones generales de este año en Brasil serán una prueba para la democracia del país debido a las amenazas del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ha cuestionado la validez de su sistema de votación, dijo el jueves Human Rights Watch.
En su informe anual sobre abusos contra los derechos en el mundo, el grupo con sede en Washington instó al Supremo Tribunal Federal, al Congreso y a otras instituciones democráticas de Brasil a permanecer vigilantes y resistir cualquier intento de Bolsonaro de socavar las elecciones de octubre.
«El presidente Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia, atacando al poder judicial y repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral», dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil.
Su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión, dijo el informe.
La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe. Bolsonaro planea buscar la reelección en octubre, aunque no ha anunciado formalmente su candidatura.
Brasil registró en 2020 el mayor número de muertes resultantes de la acción policial desde que el indicador comenzó a ser seguido y cerca del 80% de las víctimas fueron personas negras, dijo HRW.
Bolsonaro ha fomentado la violencia policial y ha defendido un proyecto de ley que busca dificultar que los policías respondan por los casos de abusos, añadió.
Su gobierno inició investigaciones penales contra sus críticos, incluso con el uso de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar de 1964-1985 que él defiende, dijo.
Bolsonaro ha promovido proyectos de ley para negar el derecho de muchos pueblos indígenas a sus tierras tradicionales y, en la práctica, legalizar la minería ilegal en esos territorios.
Durante su gobierno, la deforestación en la Amazonia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto desde 2006, como muestran los propios datos del gobierno, señaló Human Rights Watch.
