Dos protagonistas centrales de los presupuestos y la reasignación de partidas declararon este martes en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. En las tres horas de testimonio de Carlos Zannini y Juan Manuel Abal Medina, exsecretario de Legal y Técnica y exjefe de Gabinete, ambos en el Gobierno de Cristina Kirchner, quedó claro que -como ya se sabe-, el presupuesto es una decisión política que vota el Congreso Nacional, no una decisión caprichosa de un presidente. Se aprueba después de intensas gestiones, presiones y debates entre diputados, senadores, gobernadores, ministros, los jefes de Gabinete y quien ocupe el cargo de presidente o presidenta. Pero, además, intervienen decenas de funcionarios y dependencias, empezando por la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, luego su par de la Jefatura de Gabinete y luego la oficina de Presupuesto del Congreso. La asignación efectiva de partidas es revisada posteriormente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y años después se aprueba todo lo recaudado y gastado mediante una ley del mismo Congreso en lo que se llama la Cuenta de Inversión. Es decir, que las rutas que se construyeron en tiempos de CFK se votaron en el Congreso y se controlaron en el Congreso.
El regreso de la feria judicial no arrancó de la manera más pacífica. Como a todos los testigos, a Zannini se le preguntó si “le comprenden las generales de la ley”, es decir si tiene una relación especial con los imputados. El funcionario estuvo furibundo: “quiero dejar en claro que este juicio es una expresión de la persecución política, de la criminalización de la política. La acusación es una auténtica vergüenza”, dijo Zannini, palabras más, palabras menos.
Cristina Kirchner: el objetivo del fiscal
En realidad, el fiscal Diego Luciani y las defensas de CFK, a cargo de Carlos Beraldi; Julio De Vido, defendido por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, y Lázaro Báez, asistido por Juan Villanueva, disputan una partida de ajedrez en la que Luciani trata de que alguien diga que Cristina o De Vido decidían darle rutas a Báez, mientras que Zannini y Abal Medina explicaron que la gran mayoría de las obras se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron y controlaron allí, en tanto que los fondos estaban detalladamente consignados en el Presupuesto, votado por las dos cámaras del Congreso. Justamente, los dos exfuncionarios señalaron que junto a la Ley de Presupuesto hay una planilla en la se precisa las obras que se van a hacer en todo el país y cuál es el dinero asignado en cada caso. Cuando se trata de obras que licita y adjudica una provincia, la cifra figura como transferencia a ese distrito para ese preciso tramo de ruta.
Ley de Presupuesto
“Si uno construye kilómetros de un gasoducto, puede ser que en Santa Cruz signifique mejorarle la vida a 10.000 personas -explicó Zannini-. Y esos kilómetros de gasoducto, en Córdoba, Santa Fé o el AMBA, por ahí benefician a un millón de personas. Pero eso es una trampa, evaluar sólo per cápita. También los habitantes de provincias enormes y distantes tienen derecho a una vida mejor. Esa es la razón por la que todo se vota en el Congreso”. Lo fundamental que señalaron tanto Zannini como Abal Medina es que las decisiones de las obras y los fondos llegan a la Ley de Presupuesto, antes y ahora, después de un larguísimo procedimiento de aprobaciones económicas y legales, porque los diputados y senadores de cada provincia pelean por obras en sus distritos. “No, por supuesto que nosotros no nos enterábamos quiénes ganaban la mayoria de las licitaciones -redondeó Abal Medina-. Eso se resolvía en cada provincia. Yo nunca conocí ni recibí pedido alguno por Lázaro Báez o sus empresas”.
Juicio por la obra pública en Santa Cruz
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso encabezan un juicio que en mayo cumplirá tres años, una extensión en el tiempo que casi significa una negación de justicia, porque ningún magistrado puede tener registros reales de lo que declaró un testigo en junio de 2019. Pero el trasfondo es, en realidad, lo que se vió en el video de la Gestapo bonaerense: la puesta en marcha de causas judiciales, sin la realización de pericias, en las que se imputó a dirigentes opositores, con prisiones preventivas dictadas a personas que ni se iban a fugar ni tenían chances de alterar las causas.
Las causas impulsadas por Claudio Bonadío y Julián Ercolini
Como ocurrió en numerosos expedientes -dólar futuro, Plan Qunitas, Memorándum con Irán, Hotesur/Los Sauces, la muerte de Alberto Nisman- la instrucción estuvo manejada por jueces -Claudio Bonadío y Julián Ercolini- y unos pocos fiscales, todos de Comodoro Py y todos vinculados al macrismo. Y se traduce en que a la hora de las definiciones, no aparecen las pruebas y en varios casos los jueces concluyeron que no hubo delito. En el juicio de la obra vial de Santa Cruz, cada audiencia desde 2019 es un naufragio para la fiscalía. Ocurrió otra vez este martes: los testigos derribaron la hipótesis de que un presidente -en este caso CFK- maneja el presupuesto a su antojo y tiene poder para sacarle fondos a una obra y dársela a otra, o que puede seleccionar quién se va a quedar con una licitación. Zannini y Abal Medina fueron nítidos en precisar que el protagonismo lo tiene el Congreso Nacional, tanto en la votación del presupuesto, como en la reasignación de partidas en tiempos inflacionarios -firman los jefes de Gabinete pero después también aprueba el Congreso-, en tanto que el control final pasa por la Auditoría General de la Nación y nuevamente por Diputados y Senadores. Todo ese proceso también explica por qué en los tres años de audiencias, a la expresidenta casi no se la nombró.
El juicio seguirá el lunes próximo con la declaración de Jorge Capitanich, otro exjefe de Gabinete y el martes será el turno de Aníbal Fernández. La semana siguiente, el día 15, irá personalmente a declarar el presidente Alberto Fernández y 24 horas más tarde lo hará, por zoom, el titular de Diputados, Sergio Massa.
