“Me llama mucho la atención lo que se discute en este juicio”, razonó el presidente Alberto Fernández. Es que la acusación planteaba que se le dieron demasiadas obras viales a Santa Cruz y el mandatario reivindicó la política, “las decisiones políticas no son judiciables”. “Mire -agregó el Presidente- hoy en día mi obsesión es la construcción del gasoducto que nos permita sacar una enorme producción de gas que tenemos en Vaca Muerta y ahorrarnos así millones de dólares que gastamos en importaciones de gas. Y ese gasoducto pasará por poblaciones chicas, por ahí con pocos habitantes, pero es una clave para el desarrollo. Entonces, es una decisión política. Los fondos requeridos se vuelcan en el presupuesto que luego vota el Congreso Nacional, donde los diputados y senadores pelean por las obras para sus provincias. No hay forma de distribuir arbitrariamente, porque se vota ahí, con cada uno tratando de conseguir presupuesto para su distrito. No es una decisión del Poder Ejecutivo, es una ley del Congreso y en ese entonces se consideró que la Patagonia estaba aislada y requería rutas e infraestructura de conexión”. En todo momento, Alberto Fernández dejó en claro que ni un presidente -en este caso la juzgada es Cristina Fernández de Kirchner- ni un jefe de Gabinete direccionan obras de manera caprichosa: “es un mito que se reúnen tres personas y deciden mandar fondos para una ruta o un empresario. Decenas de oficinas, funcionarios, diputados, senadores y gobernadores participan del presupuesto y las reasignaciones de partidas”, remató el mandatario. El momento más álgido fue cuando el fiscal Diego Luciani le insistió a Fernández sobre la planilla que acompañó el presupuesto 2006 y en la que aparecía en el renglón 11, una de las tres mil obras de ese año.
-Ya le expliqué que un jefe de Gabinete no puede estar al tanto de miles y miles de obras públicas. Usted no me escuchó-, insistió el Presidente.
-Sí, lo escuché-, contestó Luciani.
-“Entonces tiene un problema de comprensión de textos-, lanzó el Presidente.
-Usted me ofende- se le escuchó decir la fiscal, ya molesto.
Tuvo que intervenir el juez Jorge Gorini, que estaba al frente de la audiencia, para calmar las aguas. El mandatario igual le dijo después al fiscal que no fue su intención ofenderlo.
Minutos más tarde, Fernández se volvió a fastidiar cuando le preguntaron si conoció a Lázaro Báez, el supuesto beneficiado por Cristina. “Lo vi una sola vez. Me lo presentaron”, contestó. Cuando le volvieron a preguntar si sabía que era empresario y si conocía a Austral Construcciones, el Presidente remató: “si quiere, le cuento el diálogo. El me dijo, soy Lázaro Báez, y yo le contesté, mucho gusto”.
Política
La audiencia siguió la tónica de lo que viene siendo el juicio por la obra pública de Santa Cruz desde hace casi tres años. Un permanente ida y vuelta, con centenares de objeciones a las preguntas y una fiscalía que en verdad cuestiona las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Con cierta paciencia docente, Alberto Fernández prestó juramente de decir verdad a las 9.45 y no pudo dejar Comodoro Py hasta casi tres horas más tarde, siempre con la política en el centro de la escena.
Estas fueron algunas de sus frases:
* «Néstor, Cristina, yo ahora, consideramos que la obra pública es esencial para salir de una crisis económica. Si decidimos construir mil viviendas es porque eso reactiva la industria de la construcción, la industria de la cerámica, la metalúrgica y mucho más. Están los que dicen que eso no lo debe hacer el estado, sino los privados. Pero nosotros pensamos que es el estado el que tiene que estar presente».
* «No existe ninguna limitación ni normativa para la inversión en obra pública. El criterio es de necesidad. Tampoco existen limitaciones en la distribución. Se trata de decisiones políticas. El año pasado hubo un terremoto en San Juan y hubo que invertir allí. Se produjo la pandemia, tuvimos que sacarles fondos a distintos ministerios y concentrarlos en Salud».
*Ante la pregunta del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, el presidente contestó: “No hay leyes dirigidas a sustraer fondos del Estado para beneficiar a un empresario. Eso es imposible. Cada legislador quiere llevar recursos a sus provincias, por lo tanto, ahí tiene una limitación fáctica. Nadie permite una arbitrariedad”.
* ”La base es la política. Cuando llegamos al gobierno en 2003 había un enorme aislamiento en toda la Patagonia. Por ejemplo, no había interconexión energética. Fíjese que ahora acabamos de hacer una reunión de gobernadores porque el norte del país está atrasado. Y vamos hacia un plan para remediar el atraso. ¿van a decir que privilegiamos al Norte? Y sí, pero es una decisión política”.
Trámites
Fernández explicó nuevamente que la elaboración de un presupuesto pasa por numerosas comisiones y que, además, los diputados y senadores modificaron el proyecto original todos los años. “Un presidente o un jefe de Gabinete están muy lejos de cada obra en particular. En casi todos los casos, lo que se decide es la adjudicación de fondos, pero luego es la provincia la que licita, adjudica y controla. Se imagina que es imposible que yo controle, hoy en día, 3.000 obras que tenemos andando y 100.000 viviendas que se están construyendo. Ese control no lo ejerce ni un ministro. Se miran los grandes números, si se está cumpliendo con la ejecución”.
“A veces se reasignan partidas -insistió el mandatario-, pero en el año que hubo mayores reasignaciones, no superaron el tres por ciento. Y tiene que ver con obras en que se demoraron las licitaciones o hubo algún obstáculo. En ese caso, los fondos se derivaron a otros ministerios. O cuando surgió una necesidad imprevista. En su momento tuvimos el caso de las inundaciones de Santa Fé y en 2020 la pandemia. Una vez que se reasigna la partida, es el distrito el que ejecuta”.
Claves
La acusación viene de naufragio en naufragio.
*En primer lugar, porque a CFK ni se la nombra en el juicio. Sucede que no participó en las licitaciones ni en las adjudicaciones ni en el control de las obras.
*Segundo, porque pasaron por el juicio numerosos empresarios y dijeron que las licitaciones en Santa Cruz fueron normales y no tuvieron objeciones.
*Tercero, porque quedó bastante en claro que las empresas de Lázaro Báez se impusieron en esas licitaciones porque ofrecían precios más bajos, dado que el santacruceño tenía miles de empleados y maquinarias en Santa Cruz, mientras que otras empresas tenían que llevar su personal y sus máquinas a 1.800 kilómetros. El mismo fenómeno se dio en casi todas las provincias, empresas locales ganando las licitaciones.
*Cuarto, porque quedó en la nada todo el escándalo mediático sobre obras pagadas por el estado, pero no construidas. Se demostró falso. También resultó falso que había atrasos inhabituales: fueron los mismos que en casi todas las obras del país.
*Queda la cuestión de los sobreprecios. Los fiscales afirman que hubo y los imputados y sus defensas lo niegan en forma terminante, con un nítido argumento a su favor: los valores licitados por las empresas de Báez estuvieron por debajo de los demás oferentes. Habrá otro tema polémico: el perito oficial es Eloy Bona, aquel que twiteaba barbaridades contra CFK.
El juicio seguirá la semana próxima con el último exjefe de Gabinete, Sergio Massa. Y luego vendrán audiencias polémicas, con uno de los hombres claves del macrismo en la AFIP, Jaime Mecikovsky, y el interventor macrista de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
