Grandes compañías mineras buscan expandirse por tierras indígenas en Brasil actualmente protegidas en la Amazonia, impulsadas por miles de millones de dólares de bancos internacionales y firmas de inversión, según un informe publicado este martes.
Nueve gigantes mineras, entre ellas la brasileña Vale, la británica Anglo American y la canadiense Belo Sun, presentaron solicitudes de autorización para explotar reservas indígenas en Brasil, a pesar de que actualmente es ilegal, según el informe la ONG ambientalista Amazon Watch y la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Las compañías parecen estar apostando a que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien presiona para abrir las tierras protegidas a la minería y la agroindustria, logrará que sean aprobadas los proyectos presentados por su gobierno para poder operar en territorios indígenas, explica el informe.
Hasta noviembre, las empresas tenían un total de 225 solicitudes mineras activas ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, que coinciden en 34 tierras indígenas, para un área total de más de tres veces el tamaño de Londres, dijo.
«Los daños ambientales y las amenazas contra la vida de los pueblos de la selva por las actividades mineras son brutales y solo han empeorado bajo la administración de Bolsonaro», dijo en un comunicado Ana Paula Vargas, directora del programa para Brasil de Amazon Watch.
«Con la selva tropical en el punto de inflexión del colapso ecológico, debemos involucrar a todos los actores detrás de esta industria».
Los expertos dicen que preservar las tierras indígenas es una de las mejores formas de proteger la Amazonia, la mayor selva tropical del planeta, un recurso vital en la carrera para frenar el cambio climático.
El informe revela que las mineras, entre las que también figuran Glencore, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Potassio do Brasil y Grupo Minsur, recibieron un total de 54.100 millones de dólares en financiación de inversores internacionales durante los últimos cinco años para sus operaciones en Brasil.
El texto insta a los bancos y firmas financieras que respaldan a esas empresas a retirarse de ellas, con el argumento de que muchas también tienen un historial de violaciones de derechos humanos y de destrucción ambiental.
Los principales financistas de las nueve empresas mineras incluyen a las firmas estadounidenses BlackRock, Capital Group y Vanguard, que invirtieron 14.800 millones de dólares en ellas durante los últimos cinco años, según el informe.
Bancos como el francés Crédit Agricole, los estadounidenses Bank of America y Citigroup, y el alemán Commerzbank también son importantes financistas de las empresas, con un total de 2.700 millones de dólares en préstamos y seguros, dijo.
Muchas de las empresas negaron las acusaciones.
Anglo American dijo que tenía «solicitudes» heredadas para tierras indígenas que había «retirado total y formalmente hace varios años».
Belo Sun, Minsur de Perú y Potassio do Brasil dijeron que no tienen ninguna actividad relacionada con el territorio indígena y defendieron su desempeño social y ambiental.
