Alberto Fernández lo había prometido con vehemencia en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, el martes pasado, y cumplió. El oficialismo comenzó su ofensiva contra los beneficiarios del dinero prestado a la Argentina por el Fondo en 2018. El Presidente los acusó de dejar «una deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales«.
El Banco Central (BCRA) levantó ayer el secreto bancario, medida que permitirá identificar a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas entre 2015 y 2019. El organismo tomó la medida por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, y la magistrada solicitó además identificar a todas las empresas – incluidos bancos – que realizaron transferencias al exterior durante el mismo período.
El pedido de Capuchetti es consecuencia de un una solicitud de la Oficina Anticorrupción. La OA lleva una causa penal por Administración Fraudulenta y Malversación contra los principales responsables del equipo económico del Pro durante el gobierno de Mauricio Macri. Además de este último, están imputados el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Un avance de la investigación permitiría saber primero los nombres de más de 100 personas físicas y jurídicas que compraron dólares por 24.679 millones entre 2015 y 2019. Como segundo punto, se identificaría a las empresas tomadoras de divisas -41.124 millones- en la misma época, y que luego realizaron transferencias al Exterior a través de grandes bancos del mercado y fondos de inversión como BlackRock, Pimpco o Templeton. La idea del juzgado es tomar todo el período macrista para luego poner la lupa sobre el proceso de fuga iniciado en mayo de 2018.
El expediente, que avanza en en el juzgado federal número 5 de los tribunales federales de Comodoro Py, cuenta con copiosa información aportada por el propio BCRA, la OA, la Procuración del Tesoro, la Sigen y también participará la Caja de Valores.
La demanda, conocida popularmente como FMIgate, no es una causa judicial por el pedido del crédito en sí -44.000 millones de dólares en modalidad Stand By-, sino porque se cometieron violaciones a normas y procedimientos para la firma del empréstito. Y también intenta determinar responsabilidades acerca del destino que los tomadores le dieron a los dólares pedidos.
