El fiscal general Carlos Amad requirió que se eleve a juicio la causa en la que se investiga al empresario Marcos Jacobo Levín, ex dueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, por detenciones ilegales y torturas a 17 trabajadores de esa firma durante la última dictadura cívica militar en el marco del plan sistemático de represión.
El requerimiento alcanza también al ex jefe de personal de esta firma, José Antonio Grueso; al ex comisario Víctor Hugo Almirón, que fue jefe de la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, y al ex oficial Enrique Víctor Cardozo, que se desempeñaba en esa misma dependencia policial.
El requerimiento se presentó el lunes último ante el juez federal Julio Bavio, quien tiene que expedirse ahora. Esta es la segunda causa contra Levin, quien ya fue condenado a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio del empleado Víctor Cobos, quien era delegado gremial.
En la acusación, la fiscalía recordó que estos hechos fueron cometidos en “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta, que funcionó como centro clandestino de detención, detuvieron sin orden judicial a unos 21 trabajadores de La Veloz del Norte, luego de que Levin los acusara por una presunta estafa que nunca se probó.
La fiscalía sostuvo que estas detenciones se hicieron siguiendo una lista provista por Levin, a través de Grueso, su mano derecha en la empresa. Para eso se usaron vehículos policiales no identificados y también automóviles de la empresa.
La acusación sostiene que Almirón, Cardozo, Levin y Grueso «determinaron el tratamiento represivo que se aplicaría a cada una de las personas detenidas, tanto en lo referente a la privación de libertad como en cuanto a los interrogatorios y torturas a las que serían sometidas».
Las personas detenidas sometidas a tormentos estaban con los ojos vendados, maniatadas y, en algunos casos, habían sido desnudadas. Para tapar los gritos de dolor los represores ponían una radio a alto volumen y encendían también un motor.
Las personas detenidas fueron tildadas de “subversivas”, y se las interrogó sobre las actividades sindicales y el delegado gremial, al tiempo que fueron obligadas a firmar declaraciones autoincriminándose.
Un plan organizado
Añadió que “Bajo esta categorización social se persiguió o se detuvo a gran cantidad de personas: principalmente, dirigentes sindicales, políticos, estudiantiles y sociales; una gran mayoría de trabajadores, estudiantes, y personas vinculadas; inclusive, personas sin ninguna vinculación o participación política o social; se las alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo dependencia o control de las fuerzas armadas, se las interrogó con torturas, se las mantuvo en cautiverio sufriendo condiciones inhumanas de vida y alojamiento y expuestas a todo tipo de agresiones a su integridad física y psíquica, por parte de sus captores”.
Les trabajadores de La Veloz del Norte estaban afiliades a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La fiscalía indicó que este gremio integraba las 62 Organizaciones Peronistas y tenía entre sus filas una importante inserción de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), expresión sindical de las JP Regionales, de activa actuación en contra de los sectores ortodoxos del Movimiento Peronista y de la denominada burocracia sindical.
La persecución a trabajadores
La fiscalía también consideró acreditado que la Federación de Empresarios Salteños del Transporte Automotor de Pasajeros (FESTAP) adoptó una estrategia abiertamente represiva y remitió notas al jefe de la Guarnición Militar de Salta, al jefe de la Policía de Salta y al jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, para que aplicara a la UTA la ley nacional N°20.840, de Seguridad Nacional, es decir, se reprimiera a les trabajadores.
En el caso de Levin, que integraba la FESTAP, la fiscalía lo acusó en calidad de instigador de las detenciones y torturas a los y las trabajadores. Añadió que además de pedir represión, el empresario denunció y entregó una lista de quienes debían ser detenides, y también entregó información de inteligencia para concretar esas detenciones.
Además, puso a disposición la estructura empresarial con la facilitación de vehículos de la firma que se usaron en los operativos. La fiscalía recordó que las propias personas detenidas dieron cuenta de la presencia de Levín en la comisaría Cuarta y en la sala de torturas.
“La conducta reprochada consistió en el uso de su influencia sobre las estructuras represivas, para que las víctimas fueran sometidas al aparato organizado de poder represivo ilegal imperante al tiempo de los hechos”, indicó el fiscal Amad.
Agregó que lo mismo sucedió con Grueso, a quien en los testimonios lo ubicaron siempre al lado de Levin y como intermediario con la cúpula policial, que seguía órdenes de los directivos de la empresa. La fiscalía concluyó que la policía manejaba información de inteligencia sobre les trabajadores, y que la principal fuente de esa información era Grueso, por lo que lo acusó de ser “partícipe necesario” de estos delitos.
A Almirón le atribuyó haber ordenado las detenciones y los tormentos, en calidad de coautor junto a Cardozo.
