La Unidad Fiscal Federal de Salta y la Procuración General de esta provincia acordaron trabajar en conjunto y la implementación de medidas para un abordaje temprano y eficiente en la investigación de la trata de personas y delitos conexos. Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), esta es la sexta jurisdicción con más casos a nivel país y registró en promedio de 58 por año, de 2015 a 2021.
Los Ministerios Públicos fiscales federal y provincial acordaron la elaboración de un protocolo de trabajo, en el que se establecerán estrategias de investigación mancomunadas tanto para la trata de personas como los delitos conexos. Se consensuarán criterios de actuación, canales formales para compartir datos, actividades de capacitación a los agentes involucrados en la materia, y la especial atención a la protección y asistencia de las víctimas a través de una coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta.
Según las estadísticas relevadas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, correspondientes al periodo que va de 2015 a 2021, Salta es la sexta provincia con más denuncias por trata de personas y tuvo más de 58 casos al año.
El fiscal federal Eduardo Villalba dijo a Salta/12 que ya tenía una actuación coordinada con el Ministerio Público Fiscal provincial, que empezó con el abordaje de casos de narcotráfico. Explicó que el Código Procesal Penal, en los artículos 90 y 123, contempla la posibilidad de que los fiscales federales coordinen con los de la provincia. “La idea es llevar esa práctica a los delitos de trata de personas y delitos conexos”, sostuvo.
Como delitos conexos a la trata de personas se mencionó la facilitación de la prostitución, la promoción de la prostitución, la pornografía de infancias, el grooming y la desaparición de personas, esta última, de competencia provincial. También anunciaron la necesidad de implementar protocolos para mejorar el abordaje de estos delitos.
“Cabe recordar que estamos investigando la desaparición de María Cash que habría sido en nuestro territorio (…) en una actuación coordinada con el Ministerio Público de la provincia y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) provincial”, resaltó Villalba.
El fiscal destacó que uno de los motivos para concretar esta coordinación es que “a raíz del accionar eficaz de la Procuraduría de Trata de personas conducido por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, Argentina ha mejorado en la persecución de este tipo de delitos». «Creo que somos ejemplo, además tenemos una unidad fiscal especializada” , afirmó. Dijo que el delito de trata ha ido mutando a formas más sutiles, “ya no existe el cabaret y las víctimas en una situación de indignidad. Cuando se recibe la denuncia, no se visibiliza tan fácil la trata de personas, es necesaria una previa investigación”.
Villalba señaló que “generalmente y en abrumadora mayoría”, en la provincia de Salta, “todas las víctimas son mujeres de distintos tipo de edades”.
La reunión de trabajo entre Villalba y García Castiella tuvo como eje central el abordaje integral del delito de trata y explotación de personas, la protección y asistencia a las víctimas.
Villalba destacó el grado de vulnerabilidad de las personas que son captadas por las redes de tratantes. “Como surge de los distintos informes estadísticos en torno a esta problemática, el factor económico es el principal componente de captación. No obstante, hay casos excepcionales, como el aprovechamiento sobre víctimas que padecen cierta discapacidad, lo que exige una atención integral, con profesionales especializados y también con la intervención del Estado, algo que en Salta se puede destacar”, señaló.
Además el fiscal federal destacó como clave el abordaje hacia la víctima: “Se trata de un tema central, pues de esa primera lectura surgen particularidades que afectan ciertos derechos, como la libertad individual, pero también otro bien jurídicamente protegido de mayor peso, como la dignidad humana”. Sostuvo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a “evitar que esa víctima sea cosificada, que el cuerpo de la mujer sea tomado como una mercancía y, en especial, que no sufra. Esa es la respuesta que los ministerios públicos debemos dar a la sociedad”.
“Sin dudas, es un gran ejemplo de esfuerzo coordinado entre ambos fueros, provincia y nación”, sostuvo por su parte García Castiella. El procurador asistió junto a los fiscales penales Gustavo Torres Rubelt y Pablo Rivero. De la reunión también participaron las auxiliares fiscales federales Roxana Gual y Mariana Gamba Cremaschi.
Causas en Salta
Villalba mencionó dos causas en Salta que tramita la Fiscalía Federal. Una en la que la víctima fue captada para cuidar niños y a los tres meses sus captores comenzaron a explotarla con fines sexuales. Indicó que esa explotación duró 8 años y se pudo frenar mediante una denuncia que dio intervención al organismo federal. Esta causa terminó con los dos captores detenidos. La otra causa en trámite es la abierta para investigar al líder de una secta, que captaba a las víctimas ofreciendo «servicios espirituales».
De esta manera el fiscal ejemplificó que la trata se presenta actualmente de formas más sutiles. Mencionó como dificultades en el abordaje «que la víctima no se percibe víctima». Por ello enfatizó que es el Ministerio Público el que debe recabar las pruebas.
«Nosotros con la oficina de rescate de las víctimas de trata de personas vamos a todos los allanamientos y con la psicóloga del Ministerio Público, por lo tanto, se produce un abordaje de la víctima en tiempo real», indicó. «Es el Ministerio Público el que debe desentrañar cuál es esa cadena invisible o visible que une a la víctima con su captor al punto tal que le impide optar por un plan de vida y salir de esa situación, ahí entendemos nosotros que ninguna secta, religión, congregación espiritual puede edificarse sobre la base de la explotación sexual de una persona».
También destacó que en Salta hay una figura de «defensor de víctimas», que las asiste en el proceso y puede «llevar información de calidad al juez».
Por otro lado, Villalba resaltó que en Salta y Jujuy están implementando el sistema acusatorio, lo que permite «contar con importantes herramientas al Ministerio Público de la Nación». Citó que a principios de 2020, ya con este sistema lograron el rescate de varias víctimas y decomisaron un inmueble en la zona conocida como El Bajo de la ciudad de Salta donde se ofrecían servicios sexuales. Ese inmueble fue destinado para el funcionamiento de una ONG.
Villalba dijo que en ese último caso, se logró cambiarle «la óptica de vida a las víctimas». «Es impresionante cómo cambia el semblante a simple vista de la víctima que está sujeta a esa explotación sexual a cuando empieza a tener un reconocimiento de alguien, de protección, un sentido de vida y les permite optar por un plan de vida», manifestó.
Recordó que en El Bajo había víctimas que por años no iban al centro de la ciudad de Salta, pese a que el lugar estaba a 10 minutos. «A partir de ahí pudimos trabajar con el Polo de la Mujer, con la Secretaría de Derechos humanos de la provincia», señaló. Dijo que se consiguió darles asistencia económica, lo que destacó como importarte porque cuando se producen los rescates «ese día la víctima no tiene qué comer».
Trata laboral
En cuanto a la trata laboral en Salta, Villalba dijo que tienen una situación complicada porque en estas causas la falta de trabajo es «desesperante». Señaló que en los últimos dos años se ha enfatizado en buscar el resarcimiento económico, más que el castigo penal. «Acá hay que luchar contra una cuestión cultural, lo mismo contra la trata con fines de explotación sexual», sostuvo.
«En un caso emblemático hemos logrado que el patrón la ponga en blanco (de forma registrada) a la víctima, le dé una indemnización de 2 millones de pesos, le reacondicione el inmueble donde estaba viviendo, la ponga al día con los aportes previsionales en Anses y esa reparación que está prevista en la conciliación que prevé el Código Procesal Penal Federal y el artículo 20 que cambia un paradigma de la justicia castigadora y sancionadora por una justicia restaurativa, que repare el daño», manifestó el fiscal.
Según informó el Ministerio Público Federal, la mayoría de las investigaciones por trata de personas encaradas por los Ministerios Públicos proviene de las denuncias recibidas en la Línea 145, que es gratuita y funciona las 24 horas. Durante 2021, la línea recibió 1.694 denuncias, lo que evidenció un incremento respecto a las de 2020, cuando fueron 1.346.
