Internet tiene una gran cantidad de beneficios en cuanto a acceso y democratización. Pero todas las monedas tienen dos caras, y frente a la mayor cantidad de usos que se le pueden dar a las nuevas tecnologías, también están las estafas. Hace casi dos años que las obras sociales se enfrentan, a partir de todo tipo de modalidades, al “desvío de afiliados”. Situación que se investiga en la Justicia a partir de una denuncia presentada por la Superintendencia de Servicios de Salud en julio del 2021. ¿En qué estado se encuentra la causa? ¿Cuáles son las maniobras utilizadas por los estafadores?
A pesar de que actualmente hay una investigación en curso y que desde la Superintendencia de Salud se han realizado campañas de concientización para evitar este tipo de situaciones delictivas, las víctimas de estafas que consisten en cambiar al prestador de obra social a través de engaños o sin el consentimiento o conocimiento de los beneficiarios, siguen sumándose.
Los primeros episodios se registraron alrededor de julio del 2020, en plena pandemia y Aislamientos Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). De hecho, desde el estudio jurídico MGA Abogados consideran que las medidas sanitarias y el aumento de la virtualidad fue lo que hizo posible el incremento de este tipo de estafas. “Cuando todos los trámites se empezaron a hacer online”, señalaron como el inicio de la problemática.
Los modos de engañar a las y los beneficiarios de las obras sociales fueron cambiando y mejorando, aunque la mayor parte de las veces fue a través de llamadas telefónicas. Los argumentos ofrecían mayor diversidad: si llamaban desde “la Superintendencia de Servicios de Salud”, podían decir que el prestador de salud en cuestión estaba al borde de la quiebra, por lo que les sugerían realizar el cambio para no perder la atención médica; o que el resultado de una auditoría había mostrado la mala calidad de los servicios, por lo que recomendaban pasarse a una obra social con mejor prestación.
Si, en cambio, el interlocutor misterioso decía ser de “la obra social” del afiliado, les informaban sobre un cambio en la credencial, razón por la cual necesitaban sus datos personales. Y a medida que pasó el tiempo, surgieron otras formas de estafa. Recientemente, se registró un nuevo modo que, en primer lugar, parecía no tener relación con la obra social: con motivo de ofrecer un préstamo personal o tarjeta de crédito, los estafadores obtenían los datos necesarios para hacer el traspaso de prestación. Las víctimas del engaño se daban cuenta recién cuando querían hacer uso de su cobertura médica, mas se enteraban que ya no estaban afiliados a la misma.
“Nos enteramos a raíz de las denuncias efectuadas en el sector de afiliaciones de OSPERYH”, explicaron a Página/12 desde MGA Abogados, que representan en la investigación a la Obra Social de Personal de encargados de edificios de Renta y Horizontal (OSPERYH), una de las prestadoras afectadas por el robo de afiliados. Otras afectadas son Obra Social de Petroleros (OSPE); Obra Social Ferroviaria (OSFE); Obra Social del Personal de Papel; Obra Social de obreros y empleados tintoreros sombrereros y lavaderos de la República Argentina (Osoetsylra); y Obra Social del Personal de la Industria del Calzado (Ospical); entre otras obras sociales que se fueron sumando a la causa.
“El perjuicio que les genera a los afiliados es que los cambian de obra social, a obras sociales que no funcionan, y terminan atendiéndose en hospitales públicos mientras efectúan aportes a obras sociales que no le dan ningún servicio”, señalaron desde el estudio jurídico. Asimismo, la situación genera un daño patrimonial a la obra social.
La causa que investiga estas situaciones fue presentada por la Superintendencia de Salud en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2 frente a la multiplicidad de denuncias que recibieron, a medida que las y los afiliados iban notando el engaño del que habían sido víctimas. “Actualmente, la misma ha avanzado a partir de la declaración de varios afiliados, sobre todo de OSPERYH, y ya se han imputado a varias personas”, afirmaron desde MGA Abogados, que participa de la querella en la investigación. Los imputados son, principalmente, autoridades máximas de las sociedades que estarían involucradas en los ilícitos, adelantaron a este diario, si bien no pudieron dar muchos más detalles debido a que se trata de una investigación de índole privada. “Se espera que en los próximos días se disponga la declaración indagatoria de los sospechosos”, añadieron.
