Tras conocerse este martes la multa millonaria de la Secretaría de Comercio Interior a la empresa Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra), desde el sector afirmaron que acudirán a la Justicia.
En total, las cuatro entidades deberán abonar poco más de $ 445 millones.
El Gobierno las acusó de concertar «conductas anticompetitivas» en el marco de un «cartel institucionalizado».
“Ello en virtud de que dicha resolución es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió. Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo.
En ese marco, la Federación aseguró que recurrirá “a todas las instancias judiciales que la amparan”, a fin de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar “arbitrario” de la Secretaría de Comercio Interior.
Comunicado de Molino CañuelasMolino Cañuelas rechaza por falta de sustento e ilegal la Resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior, a instancia de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (“CNDC”) por la cual se impone una multa a la empresa y a otras entidades del sector molinero.
La denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera.
Según el comunicado de Molino Cañuelas, “la multa impuesta resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante, ya que se basa en un acuerdo que nunca se aplicó, y toma como base de imposición los supuestos beneficios que habría recibido MC por dicho acuerdo”.
Y agrega: “La sanción recae sobre FAIM, la industria molinera en general, y en MC en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que MC no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición”.
Molino Cañuelas anunció que “interpondrá los recursos judiciales correspondientes con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar”.
