Un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación comenzó a debatir esta tarde el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para cancelar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior.
Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reúnen desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
La discusión empezó con la ponencia de especialistas que representan al Banco de la Nación Argentina, así como licenciados y doctores en Economía.
El senador oficialista Oscar Parrilli dijo al abrir la audiencia en la que se debate un proyecto de ley de su autoría, que busca utilizar dinero fugado al exterior para pagar la deuda adquirida en 2018 que la presencia del FMI en la historia de la Argentina «condicionó severamente la democracia e hizo tambalear y caer gobiernos».
«Estamos convencidos de que la presencia del Fondo a lo largo de la historia argentina condicionó severamente la democracia e hizo tambalear y caer gobiernos», expresó Parrilli .
Parrilli mencionó que «las decisiones políticas las deben tomar quienes fueron elegidos por el pueblo» y recordó que desde la decisión de Néstor Kirchner de cancelar la deuda con el Fondo «inició diez años de políticas autónomas que fueron decididas por los gobernantes que el pueblo eligió».
«Esto también ocurrió hasta el año 2019: la política económica que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, guste o no, fue decidida por el presidente Macri y sus colaboradores», subrayó Parrilli.
Según el senador, la «decisión de volver al fondo en 2018 lo que hace es condicionar severamente para el futuro las decisiones que los gobernantes puedan llegar a tomar». «Por eso nuestro objetivo es la cancelación total de la deuda», expresó y señaló que «es cierto que nuestro bloque votó de manera diferente el acuerdo con el Fondo».
En ese sentido, dijo que en el bloque y en el Gobierno nacional están «todos de acuerdo en que no se puede gobernar al país teniendo al FMI encima».
El proyecto de leyEl proyecto de ley propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos.
Esta mañana, sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y de gremios agrupados en el Frente y la Corriente Sindical se comprometieron a «militar» para ampliar el apoyo al proyecto de ley del oficialismo.
Se trata de dos expedientes: uno crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el otro modifica la Ley 21526 de Entidades Financieras, respecto de actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Sostiene que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.
Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
