Los senadores nacionales Nora Giménez y Sergio Leavy defendieron la estrategia oficialista en respuesta a la maniobra del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossatti, que utilizando una ley de 1997 derogada hace casi 16 años, se quedó con la presidencia del Consejo de la Magistratura nacional, el organismo que tiene entre sus funciones designar y sacar jueces federales.
Dado que la Corte urgió al Congreso a enviar más representantes al Consejo de la Magistratura, y para evitar que este organismo quedara con mayoría de Juntos por el Cambio, el bloque oficialista en el Senado se transformó en un interbloque con dos espacios: uno integrado por 21 senadores en el Frente Nacional y Popular, más cercano a los gobernadores y el “albertismo”; y otro con 14 miembros, el de Unidad Ciudadana, con miembros más afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se ubicaron los dos representantes salteños. Dicho bloque fue el que eligió a su representante al Consejo, el legislador Martín Doñate.
«No se podía perder más terreno en ese ámbito, y tampoco tenemos ninguna seguridad que a lo que ya le dimos media sanción en el Senado sea tratado en Diputados”, dijo Nora Giménez haciendo alusión al proyecto de reforma de la Magistratura que ya fue aprobado en la Cámara Alta pero está paralizada por los opositores en Diputados.
De todas maneras, aclaró que esos dos bloques del FdT ya se habían conformado hace rato, y que se terminaron de definir casi por completo cuando se discutió el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Giménez consideró que lo que hizo Rosatti fue “una barbaridad” y una extralimitación de funciones, y agregó que lo ejecutó poniendo en vigencia una ley ya derogada que le permitía hacer lo que hizo, y para eso antes declaró inconstitucional otra que ya tenía casi 16 años. Pero fue aún más allá, y sostuvo que el motivo real es la caja del Consejo de la Magistratura, que es de alrededor de $136.000 millones, a los que se suman los $31.000 millones que tiene la Corte para sus gastos. Y se añade el poder que le otorga designar y destituir jueces del todo el país.
Sergio “Oso” Leavy también defendió la división en dos bloques que constituyen un interbloque: “Eso se permitió y se hizo desde siempre”, recordó el tartagalense, quien además subrayó que la estrategia ya la había utilizado Cambiemos durante la gestión Macri, “hay hasta legislación al respecto”, indicó.
Respecto a la denuncia penal que realizó Juntos por el Cambio contra Cristina Fernández, Leavy no dudó en tildar a Luis Juez de “payaso”, que “lo único que larga es titulares para los medios hegemónicos”, pero que lo que plantean “no tiene ningún asidero”, ya que el mismo interbloque al que pertenecen está compuesto con por lo menos cinco bloques. Juez pretendía ser designado consejero, pero la movida oficialista lo dejó fuera de carrera.
Leavy rechazó taxativamente lo dispuesto por Rosatti y detalló que ellos mismos han escrito en distintos fallos “que no se puede poner en vigencia una ley derogada” como la del ’97. “Ellos tienen 27.000 causas por año, de las cuales llegan a sentencia el 1%, es decir 270, no son personas que no tienen trabajo como para andar buscándose más tarea en otros ámbitos”, resaltó de manera jocosa. “Es malo para el Poder Judicial, que es el que menos consenso y peor imagen tiene para la comunidad”, añadió.
“Es inédito lo que hizo Rosatti, y avasalla competencias legislativas”, manifestó por su parte el diputado Lucas Godoy, que detalló que el supremo no podía emplazar, como lo hizo, al Congreso a que en unos pocos meses se sancione una nueva Ley, porque “no forma parte de sus atribuciones”, “encima cuando ellos (por los jueces de Corte) se tardaron más de 15 años en resolver la inconstitucionalidad de la ley anterior”, agregó. “Y mucho menos declarar la vigencia de una ley ya derogada, porque es una función legislativa, están creando ley, algo que no le corresponde a la Corte”, expresó.
En cambio, esgrimió que lo que se hizo en el Senado dividiendo un bloque, es parte de las conformaciones políticas y cotidianas en el Congreso, “le pedían al oficialismo que blanquee su división luego del voto por el acuerdo del FMI, y cuando eso se hace, les parece mal y surgen las críticas”.
Como Leavy, señaló que JxC también está dividido en bloques “cuando quieren actúan todos juntos y cuando no lo hacen de manera individual”, como lo hicieron con la designación de Pablo Tonelli o de la propia radical designada, Roxana Reyes, “son muy hipócritas”, añadió.
Los tres adelantaron que le será muy difícil a las autoridades de la magistratura y a la oposición, negarse a nombrar a Doñate porque fue lo mismo que hizo Mauricio Macri durante su gestión, dividiendo su bloque en un interbloque conformado por el PRO, el Radicalismo y otros aliados. Esa decisión, le permite hoy a una radical, Roxana Reyes, ser la elegida en Diputados. Por lo que si se rechazara la propuesta que presentó el Senado, se caería también la de la Cámara baja.
La semana pasada la decisión de Rosatti causó gran revuelo. Esta reacción no fue solo por la decisión arbitraria, sino también porque esa normativa ordenaba que el Consejo se constituya con 20 miembros y no con 13, por lo que se debían nombrar varios más, incluidos representantes de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.
Entre quejas por lo que estaba sucediendo, la movida del oficialista Frente de Todos en el Senado consistió en dividir su bloque en dos, y de esa manera arrebatarle al PRO la posibilidad de quedarse con un integrante más. Esto generó la indignación de Juntos por el Cambio, cuyos integrantes vieron cómo se esfumaba la posibilidad de que Luis Juez ocupara ese lugar y pasaran a ser mayoría en el Consejo de la Magistratura.
De esa manera se equilibró el voto en ese organismo, ya que ni el oficialismo ni la oposición tendrán mayoría asegurada. Aunque en caso de haber empate, la decisión final siempre quedaría en manos de Rosatti.
La nueva ley
Con respecto al proyecto de reforma de la Magistratura que se encuentra en Diputados, les tres legisladores salteños consultados sostuvieron que esperan que la oposición se digne a debatirlo y dijeron que desde su lado están dispuestos a realizar modificaciones, como la de permitirle a los jueces de Corte ser parte integrante de ese Consejo, algo que la ley declarada inconstitucional por los altos magistrados, y este nuevo proyecto, no contemplan.
“No se puede dejar a este país sin magistratura y sin designación de jueces, es una barbaridad”, “esto es parte de un golpismo institucional por parte del Poder Judicial”, manifestó Giménez.
Para Godoy, la única manera de salir de “esta crisis institucional”, es sancionando una nueva Ley que reforme la constitución del Consejo de la Magistratura: “tenemos y queremos discutirla y aceptar las reformas que sean necesarias por parte de los otros bloques, pero necesitamos que sean responsables, que busquen garantizar la institucionalidad y no solo poner palos en la rueda”.
La nueva Corte
Los tres volvieron a coincidir en que es fundamental una ley para que la Corte tenga 9 integrantes nuevamente y hacerla más plural, federal y diversa. “Queremos una Corte más federal, que no solo esté representada por gente de Capital Federal, pero también con una fuerte representación de género y que incluya propuestas de las provincias”, comentó Nora Giménez con respecto al proyecto que están manejando y del que ya habló la presidenta del Senado, Cristina Fernández.
