La Cámara de Diputados de Salta aprobó en forma unánime la expropiación de casi 100 hectáreas en la capital salteña y en Cerrillos, que serán acondicionados como terrenos aptos para la construcción de viviendas en el marco del Plan Mi Lote.
Hasta el momento dicho programa, creado de urgencia en medio de una serie de tomas de tierras en la provincia y con el objetivo de entregar unos 10 mil lotes, tiene serias dificultades para avanzar en la concreción de nuevos proyectos y se limita a regularizar terrenos ya otorgados a los que les faltan las escrituras o los servicios básicos.
De ahí que las hectáreas que proponen expropiar los diputados podrían posibilitarle obtener unos 2000 lotes nuevos en el área metropolitana, ya que las matrículas en cuestión se encuentran dos en la zona sur de la capital, colindantes a la Circunvalación Sur y que suman cerca de 43 hectáreas.
Según explicó Adrián Valenzuela, uno de los autores de la iniciativa, de ahí saldrían alrededor de 1.100 lotes y aclaró que la zona es particularmente apta por su accesibilidad y por la disponibilidad de todos los servicios.
Por otro lado, la matrícula de Cerrillos está a continuación de los barrios Los Paraísos y Los Pinares, así que también es sencilla la ampliación de las redes de servicios y en esas 49 hectáreas se proyectan unos 900 lotes.
Si bien contó con el apoyo de todos los legisladores, Socorro Villamayor advirtió de la cercanía de las tierras de Cerrillos con el vertedero San Javier, y el riesgo a la salud que podría ocasionar a las personas que vivan allí, si es que no se toman los recaudos de respetar las distancias mínimas de construir a 500 metros del basurero.
Fueron el propio Valenzuela y Gonzalo Caro quienes señalaron que en una reunión previa a la sesión que el bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción tuvo con funcionarios provinciales, les plantearon esa inquietud y que los representantes del Ejecutivo garantizaron que se dejaría el suficiente espacio libre sin lotes, para cumplir con las leyes ambientales.
Críticas a Castillo (y al Ejecutivo)
Tal como se preveía, esta sesión tuvo secuelas de lo que ocurrió la semana pasada, luego de que tras las manifestaciones de Gustavo Orozco en contra del ministro de Seguridad y Justicia Abel Cornejo, este amagó renunciar, y llevó a que el coordinador político del Ejecutivo, Pablo Outes y el gobernador Gustavo Sáenz, pongan en tela de juicio a la Cámara Baja.
Pero a eso se sumó que el titular de la empresa estatal encargada de los recursos mineros de Salta, REMSA, Alberto Castillo, increpó en una entrevista televisiva a la diputada de Los Andes Azucena Salva y al senador de ese departamento, Leopoldo Salva, que por cuestionamientos que hicieron de la política minera, Castillo los calificó de “llorones”.
Y el lunes Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, coronó las críticas apuntando a los diputados por no aprobar una ley para actualizar las multas a las empresas prestadoras.
En primer lugar, Valenzuela indicó que “le llamaron la atención” las declaraciones de Alberto Castillo (al cual no nombró, pero dio a entender que era él). “No es por victimizar o defender a una compañera de banca, sino es porque representa a los vecinos porque llegó con el voto popular, sin ninguna lapicera de por medio”.
También recordó el pasado de Castillo como concejal capitalino, “por eso llama la atención que no se acuerde lo difícil que puede ser gestionar cosas para la gente, a menos que haya sido un legislador municipal de oficina y café que nunca salió al territorio”.
Agregó que: “un diputado del interior sabe lo que es que le toque la puerta un vecino, en cambio que para tocarle la puerta a un funcionario hay que pasar por varios filtros”.
Y antes de cerrar se refirió sutilmente a la polémica por lo que entendieron desde el Ejecutivo, y que explicitó Outes, una falta de defensa a Cornejo: “Acá no estamos para defender a nadie, solamente para representar el voto popular de cada una de las salteños y de los salteños”.
Mientras que Franco Hernández aseguró que la provincia pasa por momento crítico de institucionalidad. Y remarcó que “desde el Ejecutivo tiran municiones contra el legislativo que tiene la función de contralor a ese poder”.
Cristina Fiore apuntó contra el gobernador, porque considera que no solamente hubo un ataque a una legisladora sino a un segmento de las sesiones como el de Manifestaciones, en el que los diputados cuentan con minutos para hablar sobre un tema fuera del temario de sesiones. “Espero que ahora que nos sacamos el barbijo, el Ejecutivo no quiera ponernos una mordaza”, señaló la renovadora.
Además remarcó el rol de control que tiene el poder Legislativo, “de eso se tratan los pedidos de informes que hacemos y tanto molestan a los funcionarios, no son porque no tenemos nada para hacer”.
Finalmente citó una entrevista a Sáenz, en la que el mandatario señala que el que gobierna toma decisiones a diario, mientras que el que legisla apenas si lo hace una vez al año. Por ello Fiore recordó que durante la pandemia se presentaron 2300 proyectos de los cuales 534 fueron de ley y que entre 2020 y 2021 se aprobaron 124 iniciativas de ley. «No votamos un proyecto por año”, concluyó la diputada.
El presidente del bloque oficialista, Germán Ralle también disparó a Castillo: “no se da cuenta que Salva representa su departamento pero también una banca, por lo que es parte de un cuerpo, entonces una crítica a una diputada es al cuerpo en pleno”.
Mientras que la titular del otro bloque del oficialismo, Socorro Villamayor, destacó la presencia en el territorio de Salva en contraste con Castillo que “recién conoce Los Andes”, y calificó como un exceso de sensibilidad que el Ejecutivo local quiera llamarle la atención a los diputados “ante lo que fue un silencio prudente de los diputados. Al que quiera entender que entienda, y al que no se lo explicamos”.
También sumaron su repudio a Castillo, Juan Esteban Romero, María López y Laura Cartuccia.
Por último la diputada Patricia Hucena dijo que “no me considero vaga, ni llorona, ni cobarde, y nos merecemos respeto”. Pero además fue la encargada de aclararle a Saravia que la ley de adecuación de las multas a las empresas ya tenía la media sanción de Diputados y que fue totalmente modificada en el Senado, por lo que los reclamos debería hacerlo a ese cuerpo.
