El juez Julián Ercolini se vio obligado a cerrar otra de las causas iniciadas de manera insólita por Claudio Bonadio. El fallecido magistrado dedujo que en todas las obras que se hicieron entre 2003 y 2015 hubo coimas y por lo tanto procesó a empresarios y funcionarios considerando que, de acuerdo a la modalidad que se vislumbró en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, existió cohecho y cartelización. La base de la acusación no fueron hechos concretos sino un listado de obras de Vialidad Nacional. La Cámara Federal revocó aquellos procesamientos entre otras cosas porque había empresarios que dijeron que nunca pagaron nada o que ni siquiera estaban a cargo de las empresas en la época de cada obra. Por lo tanto, la Cámara deshizo el estropicio de Bonadio y dictó una falta de mérito, es decir que se debía seguir investigando. Como Ercolini no consiguió nuevas pruebas, ahora terminó sobreseyendo a unos cien empresarios y a los funcionarios involucrados, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros integrantes del gobierno de CFK.
Lo ocurrido en este expediente sigue el modelo armado por Bonadio. Se partió de una hipótesis de relevancia: hubo empresarios que pagaron coimas –o aportes a las campañas electorales– haciéndole llegar el dinero al financista Ernesto Clarens y éste, supuestamente, le entregaba el dinero a José López, el funcionario que tiró los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. A partir de los datos surgidos de las fotocopias de los cuadernos, Bonadio resolvió que la modalidad seguramente estuvo presente en todas las obras públicas, le pidió un listado a Vialidad Nacional y procesó a los empresarios y funcionarios públicos que habrían tenido que ver con la construcción de rutas.
Cuando fueron llamados a indagatoria, hubo empresarios que dijeron que nunca pagaron nada, otros que sostuvieron que ya no estaban en la empresa, otros que contestaron que no se ocupaban de las obras públicas, entre explicaciones de todo tipo. Es que la única base de la acusación fue el listado de Vialidad, no pruebas concretas. Por eso, la Cámara Fiscal revocó los procesamientos de Bonadio y ordenó seguir investigando.
Tres años más tarde, Ercolini sepultó gran parte de este expediente, colateral de la causa llamada cuadernos con una frase categórica: “Considero que las nuevas probanzas incorporadas al sumario no arrojaron luz respecto de la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados”.
A esa conclusión llegó el magistrado porque le pidió a la AFIP que le aportara elementos sobre esos pagos de supuestas coimas. El órgano recaudador no pudo recoger ninguna evidencia. Le pidió a Vialidad si podía agregar pruebas. Vialidad contestó que no. Se le encargó a la Gendarmería un peritaje sobre las computadoras y teléfonos de Clarens. Y se le asignó a la Policía Federal el análisis de las llamadas de todos los imputados. Tampoco surgió nada de esos peritajes.
De manera que Ercolini no pudo contrarrestar las explicaciones de los que declararon. Algunos sostuvieron que recibieron pedidos de pago, pero que no pagaron. Otros dijeron que ni siquiera les pidieron dinero. Eduardo Eurnekian afirmó que no intervenía en el día a día del Grupo América y por lo tanto ni recibió llamadas ni hizo pagos ni nada. Varios otros contestaron que cuando se hizo la obra cuestionada ya no estaban en la compañía o todavía no tenían el control de la empresa. Hay incluso unos 30 ejecutivos que no figuran en ningún listado ni fueron mencionados por ningún arrepentido. El único al que Ercolini procesó fue a Gustavo Dalla Tea, un ejecutivo de CPC, la constructora de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según el juez, sus explicaciones no fueron suficientes, apareció en un chat con José López, aunque en ese diálogo no se menciona nada de una coima, y tuvo cuatro llamadas con Clarens.
Como no hay absolutamente nada que relacione a CFK o a De Vido con llamadas o mensajes con los cien empresarios señalados por Bonadio, el juez no tuvo más remedio que sobreseerlos. Por supuesto que la ofensiva está en la causa central, la de las fotocopias de los cuadernos, ya elevada a juicio. La Corte Suprema, en batalla sin tapujos contra los exfuncionarios del gobierno de CFK, ya hizo el gesto de sumar personal al Tribunal Oral Federal 7, en el que subsiste Germán Castelli, juez trasladado a dedo por Mauricio Macri.
En los cuatro años transcurridos desde el inicio de la causa, ni el juez original –Bonadio–, ni la Cámara ni el TOF ordenaron siquiera un peritaje de los cuadernos que Centeno dijo haber quemado y que, en su mayoría, reaparecieron sanitos en una burda maniobra. El único peritaje realizado se hizo en forma privada y demostró la existencia de enorme cantidad de alteraciones y la redacción de dos o más personas. De todas maneras, da la impresión de que Comodoro Py prepara ese juicio para que sea el plato fuerte de 2023, el año electoral.
