El juez de Garantías de Tartagal, Héctor Mariscal Asitigueta, dispuso que una junta médica judicial revisará lo evaluado por un equipo médico interdisciplinario con el fin de determinar si una interrupción legal del embarazo (ILE) se realizó conforme a lo establecido por las normativas.
La convocatoria de una junta médica revisora había sido solicitada por el fiscal Gonzalo Vega, de la Unidad de Graves Antentados contra las Personas (UGAP) de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín.
Así lo informó ayer Miranda Ruiz, la médica que desde hace 8 meses (cuando incluso fue detenida por unas horas) espera una respuesta al pedido de su sobreseimiento en una causa que la mantiene acusada de haber realizado un aborto legal sin consentimiento informado de la paciente.
Para la profesional, que fue parte de un equipo interdisciplinario del Hospital de Tartagal al momento de decidir la práctica legal, esta es una maniobra más de Vega y Astigueta para llevarla a juicio. «Esto va en contra del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia porque termina judicializando un aborto«, dijo Ruiz en diálogo con Salta/12, al indicar que si bien sus abogadas se opusieron al pedido de Vega, una vez más la intervención de la defensa de la médica fue desoída por la justicia norteña.
Ruiz acotó la necesidad de recordar que en la causa se encuentra imputado también Marcelo Cornejo, el ginecólogo que es investigado por falsificacion de documento público e incumplimiento de funciones, dado que habría sido quien a través del dictado de un índice médico generó que el certificado de recién nacido indicara que el feto estaba con vida, cuando no era así. «Y es sobre ese certificado que se erigió una campaña de desprestigio en mi contra a través de Cornejo, de Rambert Ríos (abogado del médico), (Claudia) Subelza (concejala de Salvador Mazza que intervino en la denuncia que hicieron los familiares de la mujer adulta que accedió a la ILE) y de (la diputada provincial, Cristina) Fiore». «Han mentido con cuestiones insostenibles con el diario El Tribuno a la cabeza», manifestó.
Añadió que en lo que va del proceso, la fiscalía buscó insistentemente la versión mediática falsa con la cual se la difamó sin encontrar «a nadie que haya ratificado esa versión».
Reiteró que su imputación sigue siendo arbitraria «porque nadie logra explicar cómo hago un aborto no consentido cuando el procedimiento para hacerlo es autoadministrado». Y es que en este caso en particular, la mujer gestante debía tomar pastillas sublinguales, que hizo ella misma.
Prudencia y objetividad
El Pañuelazo que tuvo lugar ayer en las puertas de la Ciudad Judicial de la ciudad de Salta, reunió entre 300 y 400 personas. Las abogadas Rocío García Garro, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y Lucía de la Vega, del CELS, fueron las encargadas de informar que en una reunión con el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, el funcionario comprometió «prudencia y objetividad frente a las presiones de sectores antiderechos».
Por su parte, Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, indicó a Salta/12 que hubo una reunión institucional con García Castiella en la que el procurador general garantizó la capacitación de los fiscales para que encuadren sus investigaciones según lo establecido por la normativa que permite el aborto legal. Ello con el fin de que no se repita la persecusión o criminalizacion de quienes garantizan el acceso al derecho de ILE o IVE de personas gestantes, como sucedió con Miranda Ruiz.
García Garro, De la Vega y Galkin solicitaron que también los fiscales hagan cumplir lo establecido en la norma para proseguir con las causas en contra de quienes «obstaculizan el aborto legal».
Milagro Sayago, Rocío García Garro y Lucía de la Vega, abogadas de la CDD y el CELS, también mantuvieron una reunión con la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, Itatí Carrique, y la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera.
«La actuación legal contra la doctora infringe el acceso a un derecho que está contemplado en nuestra legislación hace más de 100 años. Es inadmisible que una profesional que cumplió con lo que establece la ley sea sometida a este proceso”, expresó Carrique.
Ruiz, por su parte, manifestó su expectativa frente a lo que pueda resolver la Vocalía 2 del Tribunal de Impugnación que tiene en sus manos el pedido de su sobreseimiento, ya rechazado en Tartagal. «No he vivido objetividad hasta el dia de la fecha», dijo la médica quien afirmó sentirse «muy acompañada» con el apoyo que dieron diversos sectores frente a los ataques constantes desde distintos sectores políticos y mediáticos.
