La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real.
Los 60 hechos por los que se los investigan a los integrantes de Generación Zoe, suman un total 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares, de acuerdo a lo denunciado por las víctimas.
Durante la audiencia que se realizó ayer, Cositorto, que había sido trasladado desde Córdoba la noche anterior, fue asistido por una abogada particular. Luego de tomar conocimiento de cada una de las denuncias en su contra y escuchar el decreto de imputación, aceptó declarar aunque no contestar preguntas.
A lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de la financiera aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.
Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, también asistidos por un abogado particular, se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito.
Al finalizar las audiencias, los cinco imputados fueron trasladados nuevamente a la Alcaidía General. Leonardo Cositorto permanecerá en Salta hasta el lunes.
La causa
La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en los últimos meses por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.
Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En caso de retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 meses.
Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que conseguían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que podían recibir.
Bajo el mismo esquema, ofrecían otro tipo de inversión más corto que consistían en una operatoria similar a la otra, pero con una duración de tres meses, que tenía de atractivo para convencer a los inversores la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, a la cuenta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las transferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.
El papel de cada imputado
La Unidad de Delitos Económicos Complejos, tras investigar a los denunciados concluyó que Leonardo Cositorto era el Director Ejecutivo de Generación Zoe. En ese rol firmaba los contratos con los inversionistas y se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de transferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
El segundo en la escala salteña era Ricardo Gabriel Vilardel, que figuraba como director y representante de la filial local. Allí atendía a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban por el dinero entregado.
Ana Vilardel era la secretaria de la sede local de Zoe, por lo que atendía a las víctimas y recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados.
Jorge Federico Vilardel era el encargado de la atención al público. También recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria, según quedó corroborado con los informes incorporados.
Finalmente Griselda Albornoz, junto a los hermanos Vilardel, realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.
Denuncia por las condiciones de encierro
La abogada de Cositorto, Sandra Domene, denunció que durante el lapso de tiempo que pasó el denunciado en Salta “se violaron derechos que tiene una persona que goza del principio de inocencia, porque su traslado y alojamiento no fueron bajo las condiciones por ley establecidas”.
La letrada remarcó que el trato con el personal del servicio penitenciario fue cordial y que no hubo ninguna agresión, pero el foco de la denuncia estuvo puesto en la falta de higiene de la celda en la Alcaidía y que Cositorto, desde que salió de Córdoba, estuvo 24 horas sin recibir ningún tipo de alimento.
El principal denunciado tuvo un breve contacto con la prensa cuando llegaba a declarar y a los gritos señaló que “políticos, empresarios corruptos, medios comprados y la Justicia, esa es la gran estafa argentina. Yo soy parte de los damnificados de todas esas cosas».
