En el marco de la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional, que establece que el Estado debe «garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación», se creó el fideicomiso para el llamado Fondo Estabilizador del Trigo.
Con esa medida, el Gobierno busca “asegurar” que pan, pastas, galletitas, tapas de empanadas y cualquier otro producto elaborado a partir del trigo, se produzcan en todo el país a un costo sensiblemente menor.
De este modo, el Gobierno subsidiará el precio interno del pan y otros alimentos derivados del trigo, a partir de la apropiación del 2% de los derechos de exportación que se cobren de los insumos a base de soja, aprovechando que los mismos, a partir de la guerra en Ucrania, han aumentado exponencialmente su valor internacional.
Se designó al banco BICE como el fiduciario, es decir, será quien administre los fondos provistos por la suba del 2% de las retenciones al aceite y la harina de soja, para pagar las compensaciones a los proveedores del mercado interno.
En este marco, la resolución de creación dispuso que la Secretaría de Comercio Interior sea la autoridad de aplicación del fondo fiduciario constituido para este fin
Cabe destacar que, en el cuerpo de la citada ley, se había otorgado autorización para ampliar partidas presupuestarias, pero no así intervenir en el mercado, y menos aún a aumentar los derechos de exportación.
Fue a través del Decreto 131/2022 que el Poder Ejecutivo aumentó las retenciones al aceite y harina de soja, que darían origen a los fondos para redistribuir, siendo este cuestionado por su legalidad en la Justicia, pues el Poder Ejecutivo carece de potestades para hacerlo.
Por su parte, el fideicomiso se formó con una Unidad Ejecutora, que coordinará junto al BICE el funcionamiento.
- Con la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior 355/2022 se establecieron precios de referencia para los productos a “cuidar”: la Harina 000 en bolsa de 25kg, la Harina 0000 en bolsa de 25kg, la Harina 000 por tonelada, la Harina 0000 por tonelada, la Harina 000 calidad + por tonelada, la Harina tapera por tonelada y el Semolín por tonelada.
En la misma Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N°439/2022 se suma un instituto de mucha relevancia: los molinos que cobren subsidios del actual Fondo Estabilizador del Trigo podrán continuar con los juicios por compensaciones adeudadas por la ex ONCCA y ex UCESCI.
Consideraciones y un poco de historia
El fondo de estímulo que se llamó CePaGa (Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina), se formó con un fideicomiso constituido en Nación Fideicomisos S.A, que se financió con las retenciones a las exportaciones de trigo de la cosecha 2013/2014. Los beneficiarios finales fueron los productores de dicho cereal. Este régimen es el que más se asemeja al actual, por el uso de la figura del fideicomiso, y por tener similar origen de fondos en los derechos de exportación.
Otro régimen del estilo y con objetivos similares, es el que estuvo vigente entre 2007 y 2013: el que funcionó en la órbita de la ex ONCCA (Oficina de Control Comercial Agropecuario) primero y de ex UCESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno) luego.
La ex ONCCA pagaba compensaciones a pequeños y medianos productores de trigo y maíz, feed lots, molinos de harina de trigo y de maíz, operadores de la industria avícola, y luego con su reemplazo por la ex UCESCI se pagaron compensaciones solo a la molinería y a la industria avícola (para subsidiar harinas y pollos).
A los fines de analizar estas experiencias, partimos de la base de que los resultados de la medida jamás se midieron ni cuantificaron.
Según los expertos de cada cadena, el error de estas compensaciones, y de allí el gran fracaso y el despilfarro fenomenal de recursos del Estado, fue que se aplicaron al primer eslabón de la cadena, es decir, a los productores; cuando hubiese sido más eficiente otorgarlas a los agentes que se encuentran al final de cada una.
En resumidas cuentas, fue una política desacertada, que trajo mucha corrupción y no garantizó el mantenimiento de los precios en el mercado interno, solo sirvió, mientras estuvo vigente, para hacer rentable el negocio de los beneficiarios.
Especialmente en el periodo 2011-2013, la ex UCESCI recibió de los operadores solicitudes de compensación que quedaron sin liquidar también y reclamos por diferencias. Estos reclamos administrativos no resueltos, con el fin de no dar lugar al agotamiento de la instancia, derivaron en juicios que hoy, en su gran mayoría, están en la Corte Suprema de Justicia; ergo siguen sin pagarse. Muchas de esas firmas, como producto de la política anterior de compensaciones cayeron en Concursos Preventivos o Quiebras.
Además, durante la vigencia del mismo régimen, la ex UCESCI dispuso, con decisiones discrecionales y sin la menor publicidad de sus disposiciones, modificar las fórmulas para calcular los subsidios.
Como es de público conocimiento, la Administración Pública no les pagó a los operadores de la molinería sus compensaciones y se terminó por la disolución del régimen, que estuvo vigente entre 2007 y 2013 con la ex ONCCA y ex UCESCI.
En consecuencia, de toda la experiencia recolectada en la historia de estas políticas de control de precios internos, las empresas pequeñas que hoy desarrollan la actividad molinera consideran que el Fondo Estabilizador del Trigo no cumplirá con los objetivos, y optan por no acatar la invitación a participar, pues las pone en riesgo financiero.
Es así que las empresas del sector asociados a la Federación de la Industria Molinera (FAIM) expresaron, mediante un comunicado, sus diferencias con la medida del gobierno, resaltando que las experiencias anteriores demostraron demoras, dilaciones y mucha burocracia para liquidar los subsidios, con el consiguiente impacto de la inflación.
