Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitirá esta semana dictámenes sobre el proyecto de Ley de Alquileres, en un debate que divide las aguas entre el oficialismo y un conjunto de bloques opositores, ya que mientras el Frente de Todos propone mantener la norma votada hace tres años Juntos por el Cambio junto al Interbloque Federal propone introducir cambios sustanciales.
Las comisiones de Legislación General y Presupuesto -que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller- fueron citadas para el miércoles a las 13 para debatir las modificaciones a la Ley de Alquileres, que ya fueron analizadas hace un mes en Legislación General que firmó tres despachos, pero ahora se analizarán en un plenario porque dos de ellos contenían beneficios impositivos.
Allí el oficialismo podrá conseguir el dictamen de mayoría porque tiene el número para imponer su criterio unas 40 firmas: 16 en Legislación General y 24 en Presupuesto contra 39 opositoras si se suman 15 y 24 de cada comisión, pero el resultado en el recinto de sesiones es incierto.
El Frente de Todos tiene 117 votos -ya que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aporta para el quórum pero no vota- con lo cual necesita 12 sufragios más para imponer en cada debate su postura y en este tema solo tiene el aval hasta ahora de los dos diputados del Frente de la Concordia.
En tanto, Juntos por el Cambio está consensuando un solo despacho con el Interbloque Federal (IF) y Juntos por Rio Negro, y con eso ya tiene garantizado al menos 126 votos, aunque si suma solo a la derecha ya consigue 130.
Las principales diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores es que mientras el FdT mantiene los principales ejes de la ley votada en 2020, es decir los tres años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial, JxC y el IF proponen volver a los dos años y ajustes acordados entre las partes.
En cambio, coinciden en los beneficios impositivos para permitir que no paguen Bienes Personales por 15 años para aquellos que pongan sus viviendas en alquileres, aunque con un monto tope de $30 millones, y los monotributistas.
La diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Lizta, dijo a Télam que «la ley tuvo una vigencia muy cortita debido a la pandemia y enseguida apareció el DNU que prorrogó los alquileres y prohibió los desalojos, con lo cual impidió ver el alcance y la efectividad de la ley».
«Ahora cuando nosotros escuchamos en la comisión de Legislación General a los inquilinos, a los propietarios de todo el país tanto de Jujuy como del AMBA, en lo que coincidieron todos es que la ley no era mala en el sentido que todos quisieron que continúe el plazo de los tres años, la actualización anual, y un índice objetivo», destacó Lizta.
En ese sentido, señalo que la oposición está pidiendo «volver a negociar el precio, al contrato de dos años, a una actualización semestral».
Por su parte, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, dijo que «hay un principio de acuerdo para presentar un dictamen unificado de la oposición que va a tener también beneficios fiscales sobre el monotributo, Bienes Personales y el impuesto a los débitos y créditos, con la idea de incentivar la oferta de alquileres en lugar de hacer una regulación de precios, y ahí dejaríamos que se haga un acuerdo entre las partes»
En declaraciones a Télam, Cacace dijo que en su despacho van a proponer «reducir el plazo a dos años dado que por la incertidumbre económica el plazo más largo terminó siendo perjudicial”.
El dictamen que impulsará el Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propone mantener los aspectos esenciales de la ley vigente. También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.
La discusión llegara al plenario de comisiones luego de que expusieran 150 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.
