La reciente promulgación de una ley en el Congreso de Perú podría convertir a los grupos de autodefensa peruanos, que tienen un rol marginal en la seguridad nacional, en poderosas organizaciones paramilitares lideradas por delincuentes, advirtieron expertos y el gobierno de Pedro Castillo.
El exministro del Interior Rubén Vargas, uno de los mayores expertos en el tema en Perú, dijo que, al promulgar la ley, los congresistas no tuvieron en cuenta que muchos Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), que ahora estarán en el sistema de seguridad ciudadana, operan en zonas con fuerte presencia del narcotráfico y la minería ilegal.
«¿A dónde creen que van a apuntar las armas de los CAD? Es absolutamente peligroso, están jugando con fuego”, señaló Vargas, para quien la ley convertirá a esos comités en grupos paramilitares y parapoliciales de difícil control.
El Congreso promulgó la semana pasada la ley por insistencia, después de que el Gobierno se negara a ratificarla.
Según la disposición, el ingreso de esos grupos en el sistema de seguridad implica, entre otras cosas, que podrán recibir armamento, no solo del Estado, sino también de particulares.
“Como pueden recibir armas del Gobierno, de donaciones, o de cualquiera, entonces los narcotraficantes pueden armar su comité de autodefensa y hacer su organización militar para enfrentar (al Estado) y tener control sobre el territorio. Eso es muy peligroso”, reaccionó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.
“Esta ley está tratando que haya comités de autodefensa en cualquier sitio, esté o no dentro del estado de emergencia, en cualquier parte del Perú”, añadió Gavidia, un contralmirante en retiro que no indicó, sin embargo, qué acciones podría tomar el Gobierno para contrarrestar la norma.
Según denuncias de los medios, el Congreso, que registra más de 80% de rechazo popular, aprobó la ley sin adecuados estudios, consultas ni debates, mientras que el Ejecutivo no mostró mucha energía para enfrentarla.
Con el instrumento, los CAD quedarán facultados para, entre otras actividades, desarrollar acciones de prevención contra la delincuencia común, el narcotráfico y el terrorismo, denunciar la corrupción y los delitos flagrantes y apoyar en la recuperación de bienes robados, armas ilegales, tierras usurpadas, drogas o insumos químicos.
Asimismo, podrán desactivar pandillas, asumir la defensa de los derechos humanos de la familia, elaborar reglamentos internos y participar en patrullajes junto a los militares o los policías, mientras que tendrán derecho a recibir capacitación militar, contar con personería jurídica y subvenciones y tener asesoría en caso de denuncias por derechos humanos.
Para la exministra de Defensa de Perú Nuria Esparch, “el Congreso está extendiendo el monopolio de la violencia más allá de las Fuerzas Militares y la Policía”. “(La ley) no solo reconoce los Comités de Autodefensa existentes, sino que en el fondo autoriza a que haya más”, criticó.
La preocupación de los expertos radica en la influencia que pueda tener la delincuencia organizada. Por ejemplo, el Vraem, una extensa zona selvática de Perú donde opera el narcotráfico con protección de lo que fue la última columna de Sendero Luminoso, podría quedar al servicio de las mafias.
Los CAD son en la práctica una extensión de las Rondas Campesinas, agrupaciones que nacieron hacia 1976 en el departamento de Cajamarca para combatir al robo de ganado y que después se convirtieron en emblema de lucha civil exitosa contra Sendero Luminoso, por lo que su accionar fue imitado en otras zonas.
Pero esas organizaciones, de las que fue líder el ahora presidente Pedro Castillo, no solo se oponen a la nueva ley, sino que se preparan para enfrentarla porque consideran que atenta contra la autonomía de los grupos originales.
“Vamos a derramar sangre si es necesario”, dijo el presidente de las Rondas Campesina de Perú, Valentín Sánchez, quien exigió que Castillo impida la imposición de la ley y prometió acciones de fuerza si eso no ocurre.
“Con solo una binza (látigo hecho con pene de toro y alambre) y un silbato venimos controlando desde hace años la inseguridad y brindando apoyo a la Policía. Nunca hemos usado armas de fuego ni lo haremos. Esa medida implica un grave peligro para todos”, agregó otro dirigente cajamarquino, Fernando Chuquilín.
Para ilustrar lo que puede ocurrir, el ministro Gavidia hizo mención ante la prensa del ejemplo de la vecina Colombia, donde los grupos de autodefensa impulsados por el Gobierno desde la década de 1960 para combatir a la guerrilla se convirtieron en organizaciones criminales con gran crueldad en sus intervenciones.
