Cientos de indígenas ocuparon a la fuerza una central eléctrica en el sur de Ecuador en el marco de una protesta que ya completa once días contra el gobierno por el costo de vida, informó el ejecutivo de Guillermo Lasso este jueves.
«Entraron aproximadamente 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinas a las instalaciones de la subestación eléctrica Tisaleo», en la provincia de Tungurahua (sur), dijo el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, en entrevista con Radio Platinum.
La toma ocurrió en la noche del miércoles, «al comienzo de forma pacífica», pero luego «raptaron a los operadores» por negarse a suspender el servicio eléctrico, añadió.
Sin embargo, la planta consiguió mantener el fluido eléctrico en un ataque que pudo afectar a la ciudad de Guayaquil. Vera no precisó si la central seguía ocupada.
«Esto no es trivial, esto no es al azar. Yo creo que hay un trabajo de inteligencia macabra porque esta subestación es fundamental», denunció el jefe de la cartera.
Mientras tanto, unos 10.000 indígenas venidos de sus territorios protestan día y noche en distintos puntos Quito con un abanico de reclamos sobre el elevado costo de vida.
Las movilizaciones, en su mayoría pacíficas, han dejado en todo Ecuador tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos desde el 13 de junio, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
La policía denuncia que durante la revuelta resultaron lesionados 117 efectivos y 28 retenidos, que fueron luego liberados.
Este jueves hay nuevas convocatorias de protestas para exigirle al gobierno reducir los precios de los combustibles, ayudas con los créditos con la banca privada, entre otras medidas.
En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el incremento de la nafta en Ecuador encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas.
Pero la presión no ha doblegado al presidente derechista Guillermo Lasso que considera los reclamos inviables.
Acosado y aislado por un reciente contagio de Covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar.
Entre ellas, la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.
