Alrededor de 150 representantes de comunidades, integrantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), dieron la bienvenida al Dr. Armando Cazón, Fiscal Penal de Tartagal, y a la Dra. Matilde Alonso, Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima y Oficina de Orientación y Denuncia, del Ministerio Público de la Provincia de Salta. El histórico encuentro, ya que no recuerdan visitas del Ministerio Público Fiscal al territorio, se realizó en la Comunidad Wichí de Santa Victoria 2.
Durante el encuentro de trabajo, coordinado con una extensa agenda previa, a partir de notas presentadas por la UACOP al Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Abel Cornejo, se analizaron e intercambiaron numerosos temas de seguridad y justicia, desde una óptica intercultural, integral y de género.
Mujeres wichí, autoridades de comunidades, plantearon la necesidad de fortalecer el sistema de denuncias por violencia de género a nivel local, como también, temas de prevención en alcoholismo en la juventud. Al respecto se habló de la importancia de que el sistema judicial cuente con un mayor número de asistentes interculturales y bilingües que puedan asistir a las mujeres. En ese sentido, se necesitan talleres de asistencia y prevención de alcoholismo y drogadicción para erradicar esta situación nunca antes vista en esta magnitud, que es de gran preocupación en las comunidades.
Los representantes originarios plantearon el problema de la falta de controles a la tala ilegal y el destino de los decomisos de madera. También se pidieron refuerzos de seguridad en la frontera del Pilcomayo, en particular, en la comunidad de La Puntana, tanto en la creación de nuevos destacamentos, más efectivos policiales y móviles para cubrir la zona.Otro aspecto importante fue conocer el modo correcto de radicación de las denuncias y la efectividad en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Al respecto, el Fiscal Dr. Cazón se comprometió personalmente a estar en comunicación directa con los representantes de las comunidades presentes para el cabal cumplimiento de la Ley, como también, en temas de seguridad para la población que vive en zona de frontera. Expresó también la necesidad de que los conflictos sociales puedan conversarse y solucionarse desde las respuestas políticas, para que no se llegue a la tensión de los cortes de ruta que, aunque están en el legítimo derecho de la protesta social, están cercenando otras leyes, como la libre circulación, y son ilegales. Hubo acuerdo en analizar que las tensiones sociales son la falta de respuesta por parte de los gobiernos a las demandas legítimas de derechos por parte de las comunidades originarias, y que de ninguna manera debería judicializarse.
Asimismo, la Dra. Alonso contó sobre el servicio de denuncia web y ofreció talleres de capacitación y orientación para las denuncias en temas de violencia, para seguir en contacto estrecho con las comunidades y avanzar en lo conversado.
Como conclusión, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) se comprometió a trabajar de manera permanente con el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Pedro García Castiella y con el Gobierno de la provincia para garantizar la seguridad de la población originaria, en una zona tan vulnerable, como es la frontera norte de la provincia.
